Las claves de la reforma de pensiones acordada por el Gobierno y los agentes sociales
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Entrará en vigor este año

Las claves de la reforma de pensiones acordada por el Gobierno y los agentes sociales

Finalmente, el diálogo social ha alcanzado un acuerdo. La semana que viene lo aprobará el Consejo de Ministros e irá al Congreso en septiembre para que se apruebe definitivamente antes de que acabe el año

placeholder Foto: El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá. (EFE)
El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá. (EFE)

El Gobierno y los agentes sociales han cerrado este lunes un acuerdo para la primera fase de la reforma de las pensiones comprometida con Bruselas. Esta reforma gira en torno a tres medidas fundamentales: indexación de las pensiones al IPC, estímulo del retraso de la edad de jubilación y separación definitiva de fuentes, de modo que los ingresos por cotizaciones se dedicarán exclusivamente al pago de prestaciones contributivas. Aquí las medidas en detalle.

1. Indexación al IPC. Las pensiones se revalorizarán con el IPC todos los años, salvo en los casos de inflación negativa, en los que las pensiones quedarán congeladas. La referencia utilizada será el IPC de noviembre del año anterior. Con la nueva norma, dejarán de utilizarse las previsiones de inflación para la revalorización, de modo que también desaparecerán las ‘paguillas compensatorias’ que se aplicaban en los últimos años cuando la inflación real superaba a la prevista.

Foto: El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá. (EFE)

2. El traslado de gastos a Hacienda. El proceso de separación de fuentes de financiación iniciado hace más de dos décadas culminará con la aprobación de esta nueva reforma. Los ingresos por cotizaciones se destinarán a pagar las pensiones, y el resto de los gastos de la Seguridad Social pasarán al Estado, de modo que se financiarán con impuestos/déficit. En total, el Estado asumirá casi 22.000 millones de euros de gastos de la Seguridad Social, de modo que cubrirá todo su déficit actual. A los 14.000 millones ya transferidos en los presupuestos de 2021, se suman casi 9.000 millones más: el Estado soportará el coste de la pensión anticipada involuntaria, los complementos a prestaciones sociales sujetos a límite de ingresos y, además, transferirá una cuantía de un punto de cotización por “otros conceptos de naturaleza no contributiva”.

3. Penalización para las jubilaciones anticipadas voluntarias. Se modifica la normativa para que la penalización se aplique sobre la pensión y no sobre la base reguladora. Este cambio se debe a que actualmente en las rentas altas, que superan la pensión máxima, la reducción en la base reguladora no tiene efecto en un recorte de la pensión. Este cambio se realizará en un periodo transitorio de 10 años que comenzará en 2024. Así, por ejemplo, para coeficientes reductores que lleguen al 21%, se aplicará inicialmente un recorte del 4% en el primer año, del 5,7% en el segundo y así sucesivamente hasta el nivel señalado.

También se revisan los coeficientes penalizadores para las jubilaciones anticipadas (las que se hacen hasta dos años antes de la edad legal de jubilación). La penalización será mensual. El mayor desincentivo será el aplicado a jubilaciones anticipadas de 24 meses cuando la carrera de cotización sea inferior a 38 años y seis meses, que sufrirán una reducción del 21%. En ningún caso una jubilación anticipada tendrá una penalización inferior al 2%. Las nuevas tablas de coeficientes reductores entrarán en vigor ya en 2022. Sin embargo, no se aplicarán en los casos de trabajadores que hayan finalizado su relación laboral antes del 1 de enero de 2022, o bien se extingan con fecha posterior al 1 de enero de 2022, pero que se regulen por convenios colectivos, expedientes de regulación de empleo o acuerdos de empresa firmados con antelación a esa fecha.

Foto: El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá. (EFE)


4. Jubilación anticipada involuntaria. Se amplían las causas para acogerse a esta prestación a trabajadores que hayan sido despedidos por causas objetivas y en los casos en los que el trabajador quiera rescindir su contrato voluntariamente por causa de movilidad geográfica, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo o acuerdo con su empresa. También se aplica una nueva tabla de penalizaciones que alcanza una reducción máxima del 30% para jubilaciones anticipadas de 48 meses (cuatro años) y carreras de cotización inferiores a 38 años y seis meses.

5. Incentivos a la jubilación demorada. A partir de la edad legal de jubilación se elimina la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes. Se establecen tres tipos de incentivos adicionales para los trabajadores que prolonguen su vida laboral por cada año completo de trabajo ‘extra’. La primera opción es un aumento de la pensión del 4%. La segunda es concentrar este beneficio en un único pago que dependerá del número de años cotizados y de la carrera de cotización. El pago más elevado será de 12.060 euros por cada año de jubilación demorada para pensiones de 37.567 euros anuales y con un periodo acumulado de cotización de más de 44 años y medio. Por último, el trabajador podrá optar por una combinación de ambos incentivos.

Foto:  El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. (EFE)

6. Limitación de la jubilación forzosa. No podrá aplicarse a trabajadores con menos de 68 años de edad. Además, el trabajador afectado tendrá que tener garantizado el 100% del cobro de la pensión y la empresa tendrá que sustituir esta persona jubilada de forma forzosa por otro trabajador con un contrato indefinido a tiempo completo.

7. Ayuda al empleo de trabajadores mayores en situación de baja médica. Se establece una reducción del 75% en las cuotas empresariales para sus trabajadores mayores de 62 años que estén en una situación de incapacidad temporal.

8. Equilibrio intergeneracional. La reforma deroga el factor de sostenibilidad introducido en el año 2013 por el Partido Popular. En su lugar, da orden para crear un nuevo “mecanismo de equidad intergeneracional” que entrará en vigor en el año 2027. El diálogo social para determinar este factor comenzará en los próximos días y deberá estar acordado antes del día 15 de noviembre. El objetivo será “evitar que recaiga en las generaciones más jóvenes el coste derivado de la llegada a la edad de jubilación de cohortes de trabajadores más pobladas, repartiendo de forma equilibrada el esfuerzo entre generaciones”. Aún no se han negociado más detalles de este mecanismo de equidad intergeneracional, pero la intención del Gobierno es que no se aplique con recortes de pensiones.

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