El gasto del Estado marca máximos históricos tras asumir el déficit de la Seguridad Social
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Supera los 100.000 M hasta mayo

El gasto del Estado marca máximos históricos tras asumir el déficit de la Seguridad Social

La reducción del déficit del Estado se estanca a pesar de que los ingresos crecen más de un 11%, ya que está asumiendo 14.000 millones del déficit de las pensiones, que en 2022 serán 8.700 millones más

Foto: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE)
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE)

A pesar del crecimiento económico, del aumento de los ingresos públicos y del repliegue de la pandemia, el Estado apenas está consiguiendo recortar su déficit público este año. En los cinco primeros meses del año el déficit del Estado (sin contar el resto de administraciones públicas) fue de 31.000 millones de euros. Esto significa que el déficit se ha reducido en apenas 2.000 millones de euros respecto al año anterior, un 6,5% menos, dato que contrasta con el ajuste del 23% que hicieron hasta abril el conjunto de AAPP excluyendo las corporaciones locales.

Solo con el aumento de la recaudación gracias a la recuperación, el Estado podría haber reducido el déficit en 7.000 millones de euros. Sin embargo, no fue posible porque los gastos crecieron a un ritmo similar. Y eso a pesar de que los gastos extraordinarios del coronavirus y la crisis económica van remitiendo, en especial el de los ERTE, ya que en abril y mayo de 2020 hubo tres millones de trabajadores con el contrato suspendido soportados por el Estado.

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El gasto del Estado hasta mayo superó los 100.000 millones de euros. Se trata del mayor gasto nunca registrado en el inicio del año, superando claramente el 8% del PIB. Son casi 5.000 millones de euros más que en el mismo periodo del año anterior. El motivo de este incremento es que el Estado está asumiendo el grueso del déficit de la Seguridad Social con el traspaso de los denominados “gastos impropios” que actualmente se soportan con cotizaciones.

El Gobierno aprobó esta primera fase del traspaso de gastos en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 y en el acuerdo de reforma de pensiones alcanzado con los agentes sociales esta semana se contempla el paso del resto de partidas consideradas “impropias” de la Seguridad Social. Entre ellas se incluyen diversas políticas activas de empleo, una parte de los ingresos por contingencias comunes y algunas políticas sociales como la prestación por natalidad, el complemento para reducir la brecha de género en las pensiones, etc.

En total, en 2021 el Estado asumirá 14.000 millones de estos gastos impropios y en 2022 los 8.700 millones de euros restantes. En total, 22.600 millones de déficit que pasarán de la Seguridad Social al Estado. Se trata de un ajuste contable entre subsectores de la Administración que no eleva el déficit público total, pero tiene una gran incidencia de cara a la política fiscal de los próximos años.

Toda la presión de los números rojos de la Seguridad Social pasará al Estado. Esto marcará al Ministerio de Hacienda

En lo que va de año, las transferencias del Estado al sistema de la Seguridad Social se han incrementado un 22%, hasta superar los 9.700 millones de euros. Este ritmo tendrá que acelerarse en los próximos meses, ya que los PGE incluyen transferencias totales de 31.000 millones de euros, que incluyen también el gasto en pensiones no contributivas y complementos a mínimos. Queda, por tanto, el grueso de las transferencias pendientes de realizar.

A esta cuantía, se tendrá que añadir en 2022 los 8.700 millones restantes del acuerdo recién alcanzado con los agentes sociales. Esto implicará que toda la presión de los números rojos de la Seguridad Social pasará al Estado. Esta presión marcará el ritmo de las políticas del Ministerio de Hacienda de cara a los próximos años. Ahora que el problema está asentado en la Administración central, tendrá que abordarlo por las vías de la racionalización del gasto público o del aumento de los impuestos.

Foto: La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en rueda de prensa el pasado martes tras la celebración del Consejo de Ministros. (EFE)

El Gobierno elaboró los presupuestos de 2021 con una previsión de déficit para la Administración central del 5,2%. En los cinco primeros meses del año, el Estado se ha comido ya más de la mitad de ese margen. Para comprender la magnitud del agujero basta un solo dato: será el tercer año con mayor déficit público de toda la serie histórica, solo por detrás de los ejercicios de 2020 y 2009, los peores años para la economía española en casi un siglo.

En números absolutos, este déficit de la Administración central superaría los 60.000 millones de euros. Es cierto que una parte se corregirá en 2022 cuando los gastos de emergencia de la pandemia desaparezcan, pero quedará un agujero muy profundo que obligará a un gran esfuerzo fiscal para taparlo. Estos 60.000 millones son, por ejemplo, tres veces la recaudación anual del impuesto sobre sociedades, o el 60% de todos los ingresos del IRPF a lo largo de un año.

Es evidente que esta brecha no se cerrará hasta acabar con todo el déficit público, pero sí una parte importante. Ahora, sin déficit que colgar de la Seguridad Social, el Ministerio de Hacienda tendrá que afrontar esta responsabilidad que marcará su política durante el resto de la legislatura. No solo eso, con esta situación financiera, el Estado se queda sin margen para poner en marcha políticas públicas, ya que tendrá muy difícil soportar nuevos gastos con estos números rojos.

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