Las pensiones se llevan 8 de cada 10 euros del nuevo gasto social del presupuesto de 2022

El Gobierno ha bautizado los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 como los de “la recuperación justa”. Se trata del mayor volumen de gasto público nunca presupuestado, superior incluso al de los años de la pandemia, gracias al respaldo de los fondos europeos, que permitirán disponer de más de 26.000 millones de euros en el próximo año y que se dedicarán, fundamentalmente, a la inversión. Sin embargo, la principal partida presupuestaria volverá a ser la del gasto social, que se llevará seis de cada 10 euros del presupuesto disponible.

“Estos presupuestos contemplan más recursos que nunca para sanidad, dependencia o derechos sociales”, explicó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el jueves en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Sin embargo, la mayor partida de gasto volverá a ser la de las pensiones. No solo porque es la más cuantiosa, sino también por ser la que más crece.

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En concreto, el gasto en pensiones aumentará en 7.900 millones de euros el próximo año hasta marcar un nuevo récord histórico, por encima de los 171.000 millones de gasto total. Esta partida supone el 71% del gasto social presupuestado y, además, se lleva el 82% de los nuevos recursos disponibles para gasto social. Esto es, una vez descontada la subida del gasto en pensiones, apenas restan 1.700 millones de euros para repartir entre el resto de la población.

La inercia de las pensiones supone una presión creciente para el gasto público por varios motivos. El primero es el propio envejecimiento de la población por el aumento de la esperanza de vida y por la llegada a las franjas de la edad de jubilación de la generación del ‘baby boom’. El segundo es que la pensión media sigue creciendo como consecuencia del ‘efecto sustitución’, esto es, las nuevas prestaciones son, de media, 300 euros mensuales superiores a las que causan baja. Por último, la revalorización anual obliga a realizar un gran esfuerzo especialmente en momentos en que la inflación es elevada, ya que las prestaciones están indexadas al IPC. En los PGE de 2022, el Gobierno subirá las pensiones mínimas y las no contributivas un 3%, esto es, por encima de la inflación para que ganen poder adquisitivo aquellos que están en una situación más delicada.

Todos estos factores empujarán el gasto en pensiones por encima de los 171.000 millones de euros en 2022. Las pensiones se llevan ya más de dos de cada tres euros del gasto social, lo que reduce el margen para otras partidas. Y eso a pesar de los anuncios del Gobierno en los últimos días sobre las ayudas a los jóvenes con medidas como el ‘bono cultural’ o las ayudas al alquiler.

En el caso del ‘bono cultural’, esta partida tiene una dotación presupuestaria de 210 millones de euros, esto es, apenas un 2,7% del incremento del gasto en pensiones. Otra partida importante para el Gobierno es la de las becas, que se incrementará en 109 millones de euros. Esto significa que el crecimiento del presupuesto destinado a becas será la mitad que el nuevo ‘bono cultural’.

Otra de las grandes partidas para el Gobierno es la de las ayudas a la vivienda. La partida destinada a ‘acceso a la vivienda y fomento de la edificación’ contará con un presupuesto de 806 millones de euros, lo que supone un aumento de 204 millones respecto al año anterior.

Gasto estructural

Hay una partida del gasto social que dará un importante alivio a las cuentas públicas el próximo año, la del desempleo. Gracias a la creación de empleo y a la reincorporación de los trabajadores en ERTE (esta prestación se paga a través del SEPE), el gasto total en desempleo se reducirá en casi 2.600 millones de euros, esto es, un 11% menos. A esta cifra habrá que sumarle el recorte del gasto de la Seguridad Social en las prestaciones de autónomos y en las exoneraciones en las cotizaciones, que también se computan en este subsector aunque se financian desde Hacienda.

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Se produce, por tanto, una importante reducción del gasto público gracias a la paulatina desaparición de los estabilizadores automáticos y de las prestaciones extraordinarias que se pusieron en marcha durante el covid. Lo que hace el Gobierno con estos presupuestos es utilizar este excedente de recursos para incrementar el gasto estructural, principalmente con la subida de las pensiones, pero también con el resto de partidas. Se produce, por tanto, una consolidación de los niveles históricos de gasto alcanzados para atender la emergencia de la pandemia. Es evidente que este presupuesto no se destina a los mismos fines, porque ya casi no quedarán trabajadores en ERTE o en cese de actividad, pero estas partidas se recolocan en otros ministerios.

Este incremento del gasto, que este año sí será estructural, no se compensa con subidas de impuestos que eleven de forma permanente los recursos públicos. El Gobierno fía todo el crecimiento de la recaudación al ciclo económico y a la inflación. Solo adopta una medida tributaria y su impacto es muy reducido: el establecimiento de un tipo mínimo del 15% en el impuesto sobre sociedades. Las estimaciones de Hacienda anticipan un incremento de la recaudación gracias a esta medida de 400 millones de euros, una cuantía que apenas cubre el 5% del incremento del gasto en pensiones.

Este planteamiento presupuestario previsiblemente llevará a la Comisión Europea a elevar el cálculo del déficit estructural de España ahora que las partidas de gasto se consolidan. Una cuestión que será relevante a partir del año 2023, cuando vuelvan a entrar en vigor las reglas fiscales y España tenga que efectuar una reducción del déficit estructural para cumplir los requisitos del Pacto de Estabilidad.