Las renuncias de Podemos para pactar los Presupuestos: del cheque bebé a la fiscalidad

Los consensos son sinónimo de renuncias, obligan a dejar de lado las posiciones maximalistas, y el acuerdo de los Presupuestos de 2022 entre los socios de gobierno es un buen ejemplo de ello. Si el PSOE ha tenido que dar su brazo a torcer incluyendo en las cuentas del próximo año un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades e intervenir el mercado de los alquileres, aunque a través de una regulación blanda, los morados han tenido que dejar por el camino un buen número de las exigencias con que acudieron a la mesa de negociación. Entre ellas, destacan el cheque bebé, la ampliación del permiso de maternidad y paternidad a seis meses o la reforma fiscal.

Desde el inicio de las negociaciones, los morados siempre hablaron de exigencias y rechazaron referirse a "líneas rojas" para no condicionar las conversaciones. Si bien cabe recordar que en los primeros compases del proceso ya consiguieron convencer a sus socios para subir el salario mínimo interprofesional, y hacerlo de forma retroactiva al 1 de septiembre, al igual que recortar los beneficios extraordinarios de las eléctricas para poner coto al recibo de la luz.

Los socialistas lograron incluir en el acuerdo un bono joven para hacer frente al alquiler y un bono cultural, ambos anunciados por Pedro Sánchez, en detrimento de las ayudas directas a la natalidad a través de un cheque bebé universal, como reclamaba Unidas Podemos. Aunque los morados han demandado la autoría intelectual del bono de 400 euros para el consumo cultural destinado a los que cumplan 18 años, su prioridad en lo referente a las ayudas directas pasaba por crear una prestación por crianza con carácter universal. Respecto a los 250 euros al mes para facilitar el acceso a la primera vivienda para jóvenes de entre 18 y 35 años que tengan una renta anual inferior a los 23.000 euros, desde Unidas Podemos han expresado incluso sus reticencias, ante el temor de que incentive la subida de precios por parte de los propietarios.

La ampliación de los permisos de maternidad y paternidad es también una reivindicación histórica de Unidas Podemos. Su objetivo en las negociaciones era situar estos permisos en seis meses, y ante la negativa de los socialistas se intentó que, al menos, se priorizase la ampliación para las familias 'monomarentales', LGTBI o con menos recursos. Tampoco hubo acuerdo. "En una negociación, todo el mundo cede un poco, y esta es una cuestión en la que nos es difícil convencer al PSOE", explicaba la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, durante una entrevista en RNE. Con todo, valoraba positivamente que se hubiese abierto el debate sobre la falta de conciliación y se mostraba convencida de que esta medida irá teniendo cada vez "un consenso más mayoritario".

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Jorge Zuloaga

En materia de fiscalidad, los morados lograron incluir el tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades. Una propuesta recogida en el programa de coalición, pero que el PSOE quería retrasar a 2023. A cambio, renunciaron a otras de sus medidas en materia fiscal, como incrementar la progresividad en el IRPF, reducir bonificaciones del impuesto de sociedades y, sobre todo, rebajar el IVA a las peluquerías, los servicios veterinarios y los productos de higiene femenina —la denominada 'tasa rosa'—. Desde Hacienda, se justificó su negativa por la oposición de Bruselas a modificar a la baja el IVA, apostando por abrir el debate previamente en las instituciones europeas. Sin embargo, se ha reducido recientemente el de la luz, de un 21% a un 10%, y el pasado año el de las mascarillas, del 21% al 4%.

En lo referente a la ley de vivienda, el principal punto en el que encallaron las negociaciones para poder dar luz verde a los Presupuestos "en tiempo y forma", el acuerdo alcanzado entre los socios de gobierno contiene cesiones tanto por la parte del PSOE como de Unidas Podemos. Los socialistas siempre apostaron por evitar mecanismos de contención del precio de los alquileres de obligado cumplimiento, centrándose en una regulación indirecta vía bonificaciones fiscales, mientras que los morados rechazaban estas rebajas de impuestos defendiendo una regulación dura, principalmente en lo que respecta a los grandes tenedores.

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Finalmente, el PSOE aceptó que los propietarios con más de 10 viviendas tengan que atenerse obligatoriamente a la regulación, con base en el índice de referencia establecido para las diferentes zonas consideradas tensionadas. Los morados, por su parte, han flexibilizado su posición para que esta regulación no afecte a los pequeños propietarios y que estos también puedan acogerse a beneficios fiscales si voluntariamente regulan los precios.

El punto intermedio se alcanzó también en lo que era uno de los principales puntos de fricción. Unidas Podemos exigía que en las zonas tensionadas la regulación no solo supusiese una limitación de los precios, sino que también facilitase bajadas. Los socialistas se plantaron respecto a esto segundo, aceptando solamente establecer topes y no reducciones. El acuerdo final se abre a promover también rebajas, pero no de forma brusca, sino aplicando en estos casos un porcentaje diferencial al índice de precios.