Peajes, impuestos, cotizaciones: los compromisos del Gobierno con la UE que deja pendientes

Un alto cargo de Moncloa explicaba hace unos meses que las reformas que están comprometidas con la Comisión Europea son de obligatorio cumplimiento para seguir recibiendo los fondos europeos. Incluyendo las subidas de impuestos que se pospusieron en 2022 y 2023 con el pretexto de la guerra y la inflación. Y si el próximo Gobierno quiere desentenderse de esos hitos, concluía, se arriesgará a perder el acceso al dinero del Plan de Recuperación.

Son estos compromisos firmados por el Gobierno los que provocaron esta semana que volviera a primera línea de la actualidad política el asunto de los peajes en las autopistas. En esta ocasión, el revuelo surgió como consecuencia de las declaraciones del director de la DGT, Pere Navarro, quien aseguró que "el año que viene, por imposición de Bruselas, tendremos que poner peajes, nos lo exigen". El Gobierno le obligó rápidamente a rectificar sus declaraciones y aseguró no tener ninguna información sobre los planes del PSOE al respecto. Pero la duda ya estaba sembrada, y no como consecuencia de las declaraciones de Navarro, sino por el compromiso que adquirió el Ejecutivo con Bruselas.

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En concreto, el Gobierno se comprometió a "la creación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras del Estado, que comenzará a funcionar a partir de 2024, con arreglo al principio de "quien contamina, paga". Este sistema de peajes se tiene que aprobar a lo largo del último trimestre del año en una ley de movilidad sostenible que será uno de los grandes problemas que herede el próximo Gobierno. Esta norma es impopular en España, pese a que la defienden muchos expertos porque internaliza los costes del uso y de la contaminación a quienes utilizan las vías.

"Se creará un mecanismo de pago por uso de las carreteras a partir de 2024"

La fecha de aprobación del sistema de peajes, que en principio coincidía con el final de la legislatura y la celebración de unas nuevas elecciones generales (a finales de 2023), ya hacía prever que difícilmente saldría adelante en tiempo y forma. Pero ahora, tras el adelanto electoral, será el próximo Gobierno quien tenga que asumir esta herencia. Ya sea poniendo en marcha la red de peajes o negociando con Bruselas la anulación del compromiso. En el caso de cambio de Gobierno, la renegociación de los términos del Plan de Recuperación puede parecer más factible, pero si Pedro Sánchez repite en la Moncloa, difícilmente tendrá argumentos para incumplir lo que pactó en 2021.

Pero esta no es la única patata caliente que recibirá el próximo Ejecutivo en materia fiscal. El Gobierno pospuso la reforma tributaria que había pactado para este año 2023 con el argumento de que la inflación y la elevada incertidumbre que vivía Europa no eran la coyuntura apropiada para subir los impuestos. Sin embargo, este hito todavía está pendiente y en Moncloa dan por descontado que Bruselas exigirá esta subida de impuestos acordada.

El Gobierno tendría que haber aprobado esta reforma fiscal "a más tardar" el 31 de marzo de 2023, según la Comisión Europea, "basándose en las recomendaciones" del comité de expertos del Ministerio de Hacienda. Entre las medidas propuestas por los expertos se encuentran varias de difícil implementación, como es la creación de un impuesto a los billetes de avión para internalizar los costes de la contaminación que producen.

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Otra de sus propuestas polémicas es la eliminación progresiva de los tipos reducidos y superreducidos en el IVA. Según los expertos, este sistema de beneficios fiscales genera una importante pérdida de recaudación que en muchos casos es aleatoria (se benefician algunos sectores de forma casi azarosa sin que exista una causa objetiva más allá que su capacidad para presionar al Gobierno de turno). Algunas reducciones actuales benefician especialmente a las rentas altas (en especial, el IVA rebajado de la hostelería), lo que resta proporcionalidad al tributo. Pero la eliminación de beneficios en el IVA es una medida muy impopular, por lo que su puesta en marcha es muy delicada.

Los expertos también reclamaron revisar la fiscalidad medioambiental, una propuesta que va en línea con los compromisos que adquirió el Gobierno en el Plan de Recuperación. Sánchez pactó con Bruselas elevar la recaudación verde para así desincentivar los comportamientos contaminantes. Una de las medidas más importantes a la que se comprometió es a subir la fiscalidad del diésel para equipararla con la de las gasolinas. Esto es, dejar de subvencionar el diésel, que es más contaminante: "La revisión de las bonificaciones de los hidrocarburos utilizados como carburante".

El Gobierno también se comprometió a modificar el impuesto de matriculación de vehículos para que la cuantía a pagar se adapte al nivel de contaminación que genere. Esta también es una medida reclamada por el comité de expertos. El problema es que los coches más contaminantes pertenecen, de forma masiva, a las clases más populares, que no tienen capacidad económica para renovar su flota. El resultado es que este impuesto sería muy regresivo. Pero está acordado con Bruselas y su aprobación, como el resto de la fiscalidad verde, tendría que haber estado "terminada a más tardar el 30 de junio de 2022". Otro compromiso incumplido que le queda pendiente al próximo Gobierno.

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Otro acuerdo importante que adquirió Sánchez con la Comisión Europea es que reformaría el sistema de pensiones para garantizar su solvencia futura. Sin embargo, las dos reformas aprobadas elevan más los gastos que los ingresos, por lo que el Gobierno se arriesga a que no sean aprobadas por Bruselas. Para minimizar este riesgo, el ministro José Luis Escrivá incorporó una cláusula al texto legal para que el próximo Gobierno suba las cotizaciones o recorte los gastos en caso de que los números no cuadren a partir del año 2025.

Si las previsiones de ingresos o gastos se desvían de los cálculos de Escrivá, el próximo Gobierno tendrá que aplicar "un aumento de las cotizaciones u otra fórmula alternativa de incrementar los ingresos o una reducción del gasto en pensiones en porcentaje del PIB o una combinación de ambas medidas", reza el real decreto-ley 2/2023.

Esta es una de las herencias más delicadas que recibirá el futuro Gobierno, ya que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que es quien tiene que fiscalizar esa reforma, ya ha advertido de que las dos reformas aprobadas por Escrivá elevarán el déficit de las pensiones. Ambas soluciones, la subida de las cotizaciones sociales o el recorte del gasto en pensiones, son dos decisiones que tienen una gran contestación social. Pero está aprobado en ley, lo que complica que el próximo Gobierno pueda sortearlas. Un compromiso más que reducirá el margen de maniobra del próximo Ejecutivo.