Hacienda retrasará la subida de impuestos a la próxima legislatura si la recuperación se frena

El Ministerio de Hacienda no aprobará la gran reforma fiscal de subida de impuestos hasta que España no haya recuperado los niveles de PIB previos a la crisis. Así lo ha señalado la ministra María Jesús Montero en la rueda de prensa en que ha explicado los componentes 27, 28 y 29 del plan de recuperación enviado a Bruselas hace dos semanas. Montero ha asegurado que ya ha pactado con la Comisión Europea que no realizará la subida de impuestos hasta que España no salga de la crisis, de modo que podría retrasar a la próxima legislatura la reforma fiscal comprometida.

"Bruselas sabe que la vocación del Gobierno es reducir el diferencial de recaudación, pero está condicionado a la recuperación económica", ha explicado Montero en rueda de prensa. "El plan [de recuperación] no es un elemento que no pueda sufrir interlocución y dinamismo", ha señalado la ministra, "esto está hablado con Bruselas y no habría ningún problema en retrasarlo" hasta que el país recupere los niveles de actividad previos a la pandemia. Esto significa que si la recuperación se retrasa, el Gobierno pospondría la reforma fiscal hasta el año 2024, de modo que no entraría en vigor en esta legislatura, sino en la próxima. Un evento que no aparecía en el plan de recuperación y que está por ver si la Comisión Europea lo avala públicamente.

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De esta forma, el Gobierno quiere asegurarse que la reforma fiscal no entrará en vigor antes de que la recuperación esté ya completada para evitar recaídas indeseadas de la actividad. "Todo depende de las cifras de crecimiento", ha sentenciado Montero. Lo que sí ha querido remarcar la ministra es que aunque se pueda retrasar la subida de impuestos, la voluntad del Gobierno es cerrar la brecha de recaudación de España con la media europea, que supera los cinco puntos del PIB. Sin embargo, si pospone un año más la reforma, su aplicación quedará en manos del próximo Gobierno.

Eso sí, la subida de impuestos incorporada al plan presupuestario correspondiente al año 2021 se aplicará plenamente este año. En resumen, se trata de las siguientes figuras fiscales: el nuevo tramo del IRPF para las rentas altas, la subida del impuesto a las primas de los seguros, el impuesto sobre los plásticos de un solo uso, la subida de sociedades, la creación de los impuestos digital y financiero y la ley de lucha contra el fraude. Esta última aún no está aprobada, pero el ministerio confía en que entre en vigor antes del verano. Todas estas medidas incrementarán la presión fiscal ya en 2021, pero no forman parte de la reforma fiscal que está estudiando ahora la comisión de expertos nombrada por el Gobierno.

Bruselas siempre ha exigido a España que haga algo respecto a su baja recaudación

Esta futura reforma fiscal tampoco contempla la creación de los peajes para las autovías, que están comprometidos para el año 2024. Hacienda justifica esta diferenciación en que estos futuros peajes no son impuestos sino precios públicos por el uso de un bien Estatal y cuyos ingresos se destinarán a la conservación de la red de carreteras. De esta forma, tampoco serán susceptibles de ser estudiados por parte del comité de expertos. Por último, tampoco se contempla en esta medida la subida de las bases máximas de cotización, que afectará a salarios a partir de los 2.500 euros mensuales, ya que no es una figura tributaria, sino de una aportaciones de los trabajadores para tener derecho a las prestaciones contributivas.

Montero ha recordado que la Comisión Europea "siempre ha exigido a España que haga algo respecto a su baja recaudación", de modo que la subida de impuestos no es solo una prioridad para el Gobierno, sino también un mandato europeo. El país tiene un grave problema con su déficit público estructural, en gran medida derivado del gasto creciente en pensiones, desequilibrio que Bruselas urge que sea atajado. Montero ha ido un paso más lejos al señalar que es "coherente y ético" que España suba los impuestos si al mismo tiempo está reclamando ayudas a Europa para el plan de recuperación. "Parece comprensible que cuando uno solicita a otros países que soportan una mayor presión fiscal, se endeuden para darle el dinero a España, que España vaya cerrando ese gap".

Impacto en clases medias y bajas

Montero ha señalado que el comité de expertos realizará una revisión integral de las figuras tributarias vigentes para proponer una reforma amplia de todo el sistema. Eso significa que también se revisarán las figuras con más potencial recaudatorio como son el IVA y el IRPF. El Ejecutivo no se plantea en este momento una subida de los tipos nominales de las dos figuras tributarias, pero sí podría abordar la modificación de algunos beneficios fiscales, como puedan ser algunas deducciones en el IRPF o el cambio de categoría del IVA de algunos bienes o servicios que actualmente estén gravados con los tipos reducido o superreducido.

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Por el momento, el Ministerio de Hacienda no ha adoptado ninguna decisión respecto a estos beneficios fiscales, pese a que en las últimas semanas se generó mucha polémica con la eliminación de la modalidad de tributación conjunta de parejas en el IRPF y que después fue descartada por el Ministerio de Economía por tratarse de una errata en uno de los documentos de resumen del plan de recuperación.

Lo que sí ha señalado Montero es que la prioridad del Gobierno es cargar la mayor fiscalidad sobre los impuestos directos que sobre los indirectos, ya que se trata de una tributación más progresiva. Los impuestos indirectos suelen ser más regresivos, ya que las rentas bajas destinan un mayor porcentaje de sus ingresos al consumo y como el tipo nominal es igual para todos, acaban pagando una cuantía mayor en porcentaje sobre sus ingresos. Sin embargo, la ministra de Hacienda ha reconocido que la Comisión Europea reclama de forma insistente a España que revise la imposición indirecta, ya que "considera que España hace un uso abusivo de los tipos reducido y superreducido".

El objetivo del Ejecutivo es que la próxima reforma fiscal abunde en la progresividad del sistema tributario, de modo que quienes más ingresan paguen una proporción mayor sobre su renta. Y no solo las personas físicas, también las empresas. Esto implica revisar la fiscalidad de las multinacionales y de figuras fiscales que graven la riqueza, como patrimonio, sucesiones y donaciones.

Qué más quisiera el Gobierno que bajar los impuestos a las clases medias y bajas

Al mismo tiempo, Montero ha reconocido que la futura reforma fiscal también afectará a las rentas medias y bajas, pero "no con finalidad recaudatoria, sino para cambiar conductas medioambientales o de salud". Esto es, la fiscalidad medioambiental y la sanitaria tendrá un impacto sobre las rentas medias y bajas, de hecho, previsiblemente sean figuras regresivas, de modo que quienes menos ingresen más tengan que pagar. Montero asegura que estas medidas, como la eliminación de algunos beneficios fiscales a los carburantes (subida del diésel), el impuesto a los envases de plástico o el de las bebidas azucaradas no tienen un afán recaudatorio, sino que buscan proteger la salud de los consumidores o el medioambiente. Con este argumento, Hacienda justifica que casi todos los hogares vayan a ver incrementada su presión fiscal.

"Qué más quisiera este Gobierno que producir bajadas de impuestos entre las clases medias y bajas", ha señalado Montero. Sin embargo, para el Ejecutivo no es un objetivo reducir la presión fiscal sobre los hogares, al margen de que se pueda producir alguna mejora aislada propuesta por el comité de expertos. En términos agregados, la recaudación crecerá en los próximos años para reducir la brecha de ingresos públicos con Europa.