La subida de impuestos y tasas obtendrá más de 4.000 M de las clases medias y bajas

Los Presupuestos Generales del Estado para 2021 están marcados por una fuerte expansión fiscal para atajar la crisis económica y dar un fuerte impulso a la inversión. Para financiar el incremento del gasto, el Gobierno ha planteado una batería de subidas de impuestos y creación de nuevos tributos que, en palabras del vicepresidente, Pablo Iglesias, son “medidas de justicia fiscal que tienen que garantizar que quienes más tienen aporten más”. Sin embargo, una vez conocidos los números, no está tan claro que las medidas adoptadas vayan a elevar la progresividad fiscal del sistema tributario español.

El Gobierno prevé que las medidas fiscales generen una recaudación adicional de 7.134 millones de euros, de los cuales, el grueso (4.999 millones) se ingresará en 2021 y el resto (2.135 millones), en el año 2022, cuando se liquiden los impuestos afectados. A esta cuantía hay que sumarle unos 3.000 millones adicionales derivados de los ingresos no tributarios, el grueso procedente de tasas y precios públicos con que el Gobierno también prevé elevar sus recursos el próximo año.

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La composición de esta subida de impuestos y tasas difícilmente podrá contribuir a elevar la progresividad del sistema. Una buena parte de esta recaudación adicional recaerá sobre los bolsillos de las clases medias y populares. Se trata de los impuestos sobre las primas de seguros, el IVA a las bebidas azucaradas, el impuesto a los plásticos de un solo uso o la subida del diésel. En total, 1.900 millones que rascarán directamente el bolsillo de estos hogares y que lejos de contribuir a la mejora de la progresividad fiscal, lograrán lo contrario.

Se trata de impuestos indirectos, cuyo impacto suele ser mayor sobre las rentas medias y bajas, que dedican un mayor porcentaje de sus ingresos a pagar estos impuestos. En el 'Observatorio sobre el reparto de los impuestos', que publica periódicamente Fedea, se muestra claramente cómo la imposición indirecta grava especialmente las rentas bajas: en los años 2016 y 2017, el primer quintil de renta soportó un tipo efectivo de la imposición indirecta cercano al 20%, mientras que en el centil más alto, no llegó al 6%. El motivo es que cuanto mayor es la renta, menor es el porcentaje de la misma destinado, por ejemplo, a llenar el depósito de diésel del coche.

Otra de las baterías de impuestos que ha puesto en marcha el Gobierno carga directamente sobre las sociedades. En total, estas figuras tributarias recaudarán 3.338 millones de euros con impuestos devengados el próximo año, aunque una parte se ingrese en 2022, cuando se liquiden los tributos. En concreto, se toca el impuesto sobre sociedades para reducir la deducción por dividendos de filiales, que actualmente está en el 100% y pasará a ser del 95%. En paralelo, se crean otros dos impuestos que ya han pasado el trámite parlamentario en el Congreso: el impuesto sobre servicios digitales y el impuesto sobre servicios financieros.

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En todos estos casos, el sujeto pasivo son las empresas afectadas, sin embargo, al final siempre hay una persona física que soporta este coste. Lo lógico es pensar que el canal de transmisión es la caída de beneficios de esas empresas y, por tanto, un menor reparto de dividendos sobre sus propietarios. Esto significa que el impuesto recaerá sobre los inversores, ya sean clases altas, medias o bajas. Aunque la propiedad de activos financieros es creciente con la renta y, por tanto, quienes más ganan, más pagan, también es cierto que las clases medias tienen ahorros en sociedades, lo que implica que tendrán que pagar más impuestos.

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En paralelo, las empresas podrán repercutir estos costes fiscales a sus clientes elevando sus precios. Un ejemplo que ocurre habitualmente con el IVA: las empresas repercuten íntegramente las subidas del impuesto, pero cuando baja se quedan con una buena parte de los beneficios fiscales. De esta forma, por la vía de los precios, las clases medias también soportarán un porcentaje de estos impuestos.

De toda la batería de subidas de impuestos, solo hay dos que afectarán exclusivamente a las rentas altas: el IRPF y las deducciones a planes de pensiones. En el caso del IRPF, la subida se aplicará a rentas del trabajo superiores a 300.000 euros y a rentas del capital de más de 200.000 euros anuales. Esta medida apenas afectará a 36.194 contribuyentes, el 0,15% del total, de ahí su escasa capacidad recaudatoria: 491 millones de euros en dos años.

En cuanto a las deducciones por aportaciones a planes de pensiones, se baja la cuantía de 8.000 a 2.000 euros anuales. Esto significa que las rentas que realizan grandes aportaciones, que son las altas, tendrán una deducción muy inferior, en muchos casos, se quedará en un 25%. Según uno de los informes de auditoría del gasto de la AIReF, más del 55% de los declarantes aporta cada año menos de 1.000 euros a sus planes de pensiones, y el 75% no supera este nuevo umbral de los 2.000 euros. Esto significa que la medida afectará al 25% que más aporta, que coincide con las rentas más altas, que utilizan esta deducción para minimizar su factura con Hacienda.

Además de los impuestos, hay que sumar la subida de tasas y precios públicos que ha incorporado el Gobierno a estos Presupuestos y que tendrá una gran incidencia sobre las clases medias y populares. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó el martes que las tasas subirán un 2% salvo las creadas en los dos últimos años, un alza superior a la inflación y que generará una importante subida de los ingresos no tributarios del Estado.

Los ingresos de esta partida se dispararán casi un 26%, según las previsiones del ministerio. Una parte de este incremento será consecuencia del crecimiento económico, pero difícilmente podría ser más del 14%, que sería la subida prevista para el IVA, otro impuesto que también depende directamente del consumo. Eso significa que hay un diferencial de unos 3.000 millones de euros que saldrá de las tasas y precios públicos, esto es, billetes de medios de transporte, costes de trámites, suministros y otros servicios públicos. El grueso de esta cuantía recae sobre las clases medias y bajas, que son quienes sostienen la mayor parte del consumo. De esta forma, la subida de tasas sumada a los impuestos que recaen sobre estos grupos sociales, el agregado supera los 4.000 millones de euros de ingresos públicos para los próximos dos años.