El Gobierno prepara una subida generalizada de electricidad, gas y combustibles

Los hogares españoles se enfrentan a una subida generalizada de suministros básicos (electricidad y gas) y combustibles. El Gobierno de Pedro Sánchez está llevando a cabo varias reformas que desembocarán en un encarecimiento de estos bienes de primera necesidad para la población, según explican diversos expertos consultados por El Confidencial.

El ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos trabaja en varias líneas, en distinto estado de maduración, que si se analizan en conjunto se traducen en una subida de gastos para la ciudadanía imposible de esquivar por su carácter esencial.

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En primer lugar, cabe destacar la reforma de la factura eléctrica que entra en vigor el 1 de junio. Pese a que los costes del nuevo sistema de tarificación están publicados en el BOE desde el pasado 19 de abril, el Ministerio para la Transición Ecológica esperó para lanzar una campaña de divulgación del cambio hasta esta semana. El pasado miércoles, tras las elecciones de Madrid, fuentes del departamento responsable en materia energética reconocían que el nuevo sistema (que eleva el precio en las horas punta de consumo y lo rebaja en las horas valle) no producirá una reducción de precios a corto plazo.

Esta posición está en línea con la de expertos en el sector, que desde que conocieron las cifras en febrero vienen advirtiendo que la luz va a subir para 11 millones de hogares si no cambian sus costumbres. Unos cambios que desde Transición Ecológica y las comercializadoras reconocen que no siempre es posible (demanda inelástica, según la jerga sectorial). Hay algunos gastos importantes como por ejemplo la lavadora que se pueden llevar a horas valle (noche o fin de semana) pero no tanto otros como el horno, que se suele utilizar antes de comer, momento de mayor coste, o la calefacción y el aire acondicionado, cuyo uso viene determinado por la necesidad de climatización.

En suma, se prevé que en menos de un mes todos los consumidores de electricidad se enfrenten a una subida media de su recibo del 10%. "La electricidad comprada de la red, sencillamente, va a subir", señala Íñigo Amoribieta, CEO de la empresa de autoconsumo Otovo, que añade que "todos los agentes independientes (como la OCU o la Fundación Renovables) indican que este nuevo sistema tendrá un impacto mínimo en la posibilidad de ahorro y que, en muchos casos, se experimentarán importantes subidas en las facturas". Otro de los expertos considera que más allá de otras consideraciones, esta subida viene a cubrir el déficit en que está actualmente el sistema eléctrico, donde los cargos llevan congelados desde hace tres años.

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Este encarecimiento viene de la parte regulada, que decide directamente el Gobierno. Pero a esto hay que añadir la parte del recibo más sometido a agentes exógenos del mercado. Dicho coste está actualmente en un nivel calificado por el propio departamento dirigido por la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, como "preocupante". Abril ha cerrado con el precio del mercado mayorista más alto de la historia.

La ambición en la lucha contra el cambio climático está generando especulación en el mercado y esto se traduce en niveles nunca antes vistos del coste del CO₂. Esto unido a los altos precios del gas provoca subidas en el recibo eléctrico, dado el funcionamiento del mercado mayorista. Toda esta situación tiene un coste directo sobre los casi 11 millones de hogares con tarifa regulada PVPC, pero el incremento de costes también afectará a las comercializadoras con clientes en mercado libre, que acabará repercutiendo en sus usuarios, reflexiona otro analista independiente consultado por este diario.

La Secretaría de Estado de Energía ya ha sacado a consulta pública la implementación de mecanismos de capacidad en el sistema eléctrico

La factura de la luz se enfrenta a otros costes añadidos al anterior en el medio plazo. La Secretaría de Estado de Energía ya ha sacado a consulta pública la implementación de mecanismos de capacidad en el sistema eléctrico. Esto significa que el Gobierno hará una subasta entre operadores que aporten capacidad de producción cuando las renovables no funcionan (cuando no hay sol, ni viento ni producción hidráulica) y evitar así apagones.

La segunda gran reforma que se prevé tener lista este año es la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE). Esta iniciativa con rango de ley se está tramitando por vía de urgencia y llegará a las Cortes para su aprobación definitiva en las próximas semanas. Fuentes del sector señalan que ya ha entrado en el Consejo de Estado, que tendrá que realizar un dictamen jurídico sobre el mismo. La negociación política está avanzada, ya que el Ejecutivo ha apalabrado su aprobación con el PNV, cuyo voto es clave para que esta medida salga adelante, tal como adelantó El Confidencial.

La lucha contra el cambio climático está generando especulación en el mercado y esto se traduce en niveles récord del coste del CO2

Su finalidad es sacar de la factura eléctrica las primas a las renovables para que estas sean pagadas por todos los agentes energéticos (petroleras, gasistas y comercializadoras de luz). A falta de conocer las exenciones y compensaciones que pretende hacer el Gobierno para evitar efectos indeseados en la economía, los estudios reflejan que se esperan subidas importantes de carburantes y gas, mientras que habrá una reducción del recibo de luz. La patronal de las petroleras estima que gasolina y gasoil subirá hasta 10 céntimos por litro cuando el fondo esté plenamente implantado en 2025 (su impacto es progresivo y creciente hasta entonces).

La factura del gas, por su parte, afronta subidas de alrededor de 50 euros al año, confirma analistas del sector gasista. El detalle final dependerá del nivel de exenciones y compensaciones. En la medida en que se exima a más industria y sectores de este pago (transporte profesional, etc.), tendrán que cubrir esa parte el resto de consumidores domésticos, con lo que el golpe para el ciudadano de a pie aún puede ser superior.

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En la parte positiva, la factura de la luz podría bajar en el cómputo de cinco años alrededor del 13%, según estimaciones del Gobierno. Una bajada que, sin embargo, puede quedar neutralizada en parte por el efecto de subida que tiene la nueva factura que entra en junio y los mayores costes de combustibles.

Tanto el FNSSE como la nueva estructura de peajes tiene para el Gobierno el claro objetivo de electrificar a base de incentivos y desincentivos como método para la descarbonización. España ha adquirido el compromiso con Bruselas de reducir las emisiones de CO₂ un 23% respecto a los niveles de 1990. Desde el punto de vista de costes de los diferentes tipos de hogar, otro análisis reciente al que ha tenido acceso El Confidencial basado en datos del IDAE, la CNMC, el INE y el Miteco señala que dos tercios de los hogares españoles se verán impactados negativamente. A falta de conocer los últimos detalles, el mayor gasto puede ser de hasta 150 euros más cada año para familias en el interior de España con dos coches.

Sin embargo, hay otros fines de política económica que afectan a estos suministros de primera necesidad. En las últimas semanas, el Ejecutivo ha desempolvado el objetivo de subir impuestos al gasóleo para equipararlo cada vez más al coste de la gasolina. Esta medida, que no salió adelante en los últimos Presupuestos Generales del Estado por exigencia del PNV, se ha retomado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a Bruselas.

Aunque el Gobierno no ha detallado el nivel de subida impositiva al diésel, en los últimos PGE propuso que subiera 3,8 céntimos por litro. Esto significa que sumada esta medida, que será valorada por el comité de expertos de Hacienda para la reforma del sistema fiscal, al FNSSE, el diésel se enfrenta a subidas estructurales de hasta 15 céntimos por litro de gasóleo cuando las medidas estén completamente instauradas.

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El golpe al bolsillo de los hogares de forma transversal, ya que no está filtrada por razones de renta o patrimonio, se suma a otras medidas anunciadas como el peaje por usar las carreteras, la utilización de plásticos o los impuestos al transporte aéreo, todas medidas incluidas en los planes del Gobierno en el largo plazo, pero cuyo detalle aún no se ha explicitado. El Ejecutivo central siempre ha defendido que España soporta una fiscalidad medioambiental inferior a la media europea y que debe ir corrigiendo este déficit.

Por otro lado, la subida de la presión fiscal viene determinada por exigencias de Bruselas, que pide reformas estructurales para liberar los 140.000 millones que le corresponden a España del fondo 'Next Generation EU', palanca de recuperación pospandemia. El propio presidente del Gobierno ya advirtió que tras el fuerte aumento del déficit (8,4% del PIB para 2021) y la deuda pública (121% del PIB tras aumentar un 23% desde que llegó el coronavirus) habría que retomar la senda de la consolidación.

La subida generalizada de los suministros tiene un efecto definitivo sobre la inflación, un fantasma que ya asoma

Sin embargo, Pedro Sánchez se comprometió antes de las elecciones generales a que la subida de impuestos vendría de las capas más pudientes y no de la clase trabajadora. Las medidas que ahora pretende llevar a cabo tienen varios efectos de alta sensibilidad. Por la parte económica, la subida generalizada de los suministros (apoyada actualmente por el crecimiento de los precios de las materias primas en los mercados internacionales) tiene un efecto definitivo sobre la inflación, un fantasma que ya asoma: abril de 2021 cerró en el 2,2%, el mayor nivel desde 2018.

Medidas de alta sensibilidad política

También se trata de medidas con un alto coste político. De hecho, la reforma del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) ha recibido ya una fuerte contestación desde el mundo rural, más dependiente de los combustibles fósiles. La revuelta social de los 'chalecos amarillos' en Francia prendió en el mundo rural por una subida de impuestos al combustible y se convirtió en una de las peores crisis de gobierno para Emmanuel Macron.

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El alza de los combustibles fósiles no ha pasado desapercibido para formaciones en alza como Teruel Existe, que ha pedido que no castigue aún más a las poblaciones rurales. Hay otro efecto cargado de coste político: estas medidas agravan desigualdad territorial dentro de España. Provoca una transferencia de rentas de la España interior, cuya temperatura es más extrema, hacia la costa, fundamentalmente la mediterránea, con menor necesidad de combustibles para usos térmicos.

El Gobierno está metiendo en la coctelera todos estos elementos cuando la incertidumbre económica es máxima, dada la crisis económica generada por el covid. Y todo ello, cuando la Comunidad de Madrid liderada por Isabel Díaz Ayuso (PP), que está haciendo de antagonista político a la Moncloa, han recibido un fuerte respaldo en las urnas.