La reforma para subir el combustible augura una batalla legal entre Gobierno y empresas

La reforma legal por la que el Gobierno pretende implantar un fondo que saque de la factura de la luz las primas a las renovables para que las paguen todos los operadores energéticos en función de sus ventas supone una revolución que augura una fuerte batalla entre los actores implicados.

El apoyo del PNV a esta medida, desvelada hoy por el El Confidencial, supone un paso clave para que prospere la medida. Aunque aún faltan importantes trámites por superar, la predisposición de la formación vasca a respaldar la medida llegado el momento desbloquea gran parte de las dudas sobre las posibilidades del Gobierno de Pedro Sánchez para sacar adelante una de las medidas de mayor calado económico —probablemente la que más por su afectación transversal a toda la población— desde que llegó a la Moncloa.

El camino desde ahora hasta que se plasme la ley en el Boletín Oficial del Estado, y después de que entre en vigor, no será un camino de rosas para el Ejecutivo. Enfrente tiene a uno de los sectores con mayor capacidad de influencia como es el petrolero y gasista.

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El principal damnificado de esta reforma será Repsol, primer operador energético en España. La formación dirigida por el expresidente del PNV, Josu Jon Imaz, sufrirá un golpe de 1.000 millones al año, según se desprende de la Memoria de Impacto Económico adjunta al anteproyecto de ley.

No está claro que las empresas puedan trasladar el 100% de este nuevo coste al cliente dada la competencia creciente del sector, con lo que, por interiorizar parte del coste como por el desincentivo a la venta de sus productos supone, la medida implica un gran impacto para el sector petrolero. Un golpe que es inversamente proporcional para las eléctricas. Es decir, que grandes 'utilities' como Iberdrola o Endesa cogen ventaja en un terreno que ya es compartido entre energéticas y donde compiten por la misma tarta.

Con este panorama, Repsol ya advirtió al Gobierno en que el anteproyecto de ley para la creación de este Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) es, a su parecer, "contrario al principio de neutralidad tecnológica" y su esquema de implantacion puede generar gran conflictividad jurídica. Así mismo, aseguraba que genera serias dudas sobre su adecuación al marco constitucional y al derecho de la Unión Europea (UE).

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Por todo lo anterior, la firma pedía abordar cualquier subida de impuestos a través de impuestos finalistas en lugar de cargar a las empresas, como pretende la reforma del Ministerio para la Transición Ecológica: "Se minimizan los riesgos de inconstitucionalidad o vulneración del derecho de la Unión Europea y el incremento de la conflictividad". Y añade que "la utilización de figuras tributarias otorgaría mayor seguridad jurídica y minimizaría la conflictividad".

El mensaje de la primera petrolera de España al Gobierno es claro. Y sus intenciones siguen firmes. En la Junta General de Accionistas celebrada el pasado viernes, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, advirtió que defenderán los intereses de sus accionistas allá donde sea necesario tras un duro alegato contra el FNSSE en el que se denostó "soluciones de pensamiento único". A buen entendedor, pocas palabras bastan.

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Pero la medida enfrentará otro tipo de cuestiones espinosas. De nuevo Repsol ha remarcado en diversas ocasiones que el fondo supondrá una pérdida de competitividad para la industria en general y para el sector del refino en particular, donde es el primer actor español. En sus alegaciones al fondo, la petrolera ya alertó de recortes: "A diferencia de la electricidad, los productos petrolíferos que fabrican empresas españolas tienen que competir en el mercado internacional y, por tanto, si se llevase a efecto el reparto injusto de los costes del sector eléctrico sobre estos otros sectores, sería necesario adoptar medidas de compensación suficientes para evitar que se produjera una pérdida de competitividad y, eventualmente, un perjuicio para la economía española en su conjunto", señaló la compañía. La batalla tanto en el frente del empleo como el legal está asegurado durante los próximos meses.