La factura del gas afronta una subida de 50 € al año para pagar a inversores de renovables

Los planes del Gobierno para abaratar la factura eléctrica pasan por subidas en los carburantes y también en el recibo del gas natural. Según se desprende de las estimaciones de impacto elaboradas por el Ejecutivo en su anteproyecto de ley, el recibo del gas para un hogar medio español aumentará 50 euros al año cuando el nuevo fondo para financiar las primas a los inversores en renovables entre completamente en vigor.

Esto significa que, para 2025, los consumidores residenciales experimentarán una subida media en su recibo de alrededor de 4,17 euros al mes, según confirman fuentes del sector gasista que ya han elaborado sus cálculos preliminares. No obstante, los ciudadanos notarán la subida desde el momento en que entre en vigor el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, cuya implementación será progresiva para limitar el impacto.

Esto significa que en 2021 ya habrá un encarecimiento de casi un euro mensual, aunque no se espera que la medida esté vigente antes de la mitad del próximo ejercicio (el Consejo de Ministros aprobó su tramitación de urgencia esta semana). En 2022 ya se pagarán 20 euros más al año. En 2023 serán 30 euros más de media y en 2024 el alza será de 40 euros, para alcanzar los 50 euros en 2025, según las estimaciones basada en los cálculos del Ejecutivo.

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El Ministerio para la Transición Ecológica pretende que el recibo con el que la mayoría de los hogares paga la calefacción, calienta el agua o cocina dote 3.543 millones de euros durante el próximo lustro (25% del total) para financiar las ayudas a las energías renovables, muchas de las cuales fueron instauradas por el Gobierno de Zapatero en 2008.

Sedigas, la asociación que representa a las empresas del gas natural, pidió este martes que no se ponga en riesgo el sistema gasista con esta medida, tal y como expuso su presidente, Joan Batalla. A diferencia del sistema eléctrico, que generó un déficit de 523 millones en 2019 y afrontaba un agujero de 1.500 millones en 2020 tras la crisis del covid-19, el sistema gasista acumuló un superávit de 354 millones el pasado ejercicio y espera saldar en los próximos años la deuda acumulada, que ya ha caído hasta los 783 millones de euros, según datos del propio ministerio, liderado por Teresa Ribera y la CNMC.

El sistema eléctrico tuvo un déficit de 523 M en 2019 y afronta un agujero de 1.500 M en 2020. El sistema gasista acumuló un superávit de 354 M

Si el Gobierno saca adelante en las Cortes esta medida, la empresa más golpeada por el alza gasista será Naturgy, cuya cuota de mercado de comercialización de gas es del 25%. La energética presidida por Francisco Reynés ha optado por guardar silencio desde que se anunciara la medida, pese a que tendrá que asumir un coste anual de más de 500 millones en un lustro. Entre 2021 y 2025 deberá aportar más de 1.500 millones de euros con base en sus ventas de luz y gas.

Este no será el único efecto colateral para el bolsillo de las familias. Desde el sector petrolero ya se advierte que la bajada del 13% de la factura de la luz en los próximos años supondrá una subida de siete céntimos por cada litro de combustible. En este sentido, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, advirtió este jueves que las dotaciones que tendrán que hacer las empresas acabarán pagándolas los ciudadanos.

El primer directivo de la petrolera, que ve cómo la compañía que lidera tendrá que asumir la mayor parte del pago de este nuevo fondo (1.000 millones al año) cargó con dureza contra la medida y advirtió que esto no tiene nada de renovable, que lo único que servirá es "para pagar las fiestas y los dividendos de las eléctricas" y para "sostener a los fondos buitres" que compraron activos de una tecnología inmadura en 2008 que nada tiene que ver con la generación de renovables que se están construyendo ahora y que no están subvencionadas.

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Imaz cree que petroleras y gasistas no deben pagar los errores que cometió en el pasado el sector eléctrico y que si se quiere reducir la factura de luz se pueden hacer más eficientes otros elementos, como los 7.000 millones que se pagan por las redes eléctricas o eliminar costes de instalaciones hidráulicas que funcionan hace más de 100 años y están completamente amortizadas.

Por su parte, el Gobierno justifica esta medida como que es necesaria para electrificar la economía con el objetivo de descarbonizar, máxime después de que la Unión Europea haya elevado la ambición hasta el 55% en 2030. Si se reduce la factura eléctrica y se encarecen las de gas y carburantes, se manda una señal para que los consumidores opten por electrificar sus consumos y así reducir la huella de carbono, advierten. Unas medidas, además, que ya están implementando otros países como Alemania y Francia. Por otro lado, advierten que la factura eléctrica en España es más cara que en otros países del entorno europeo, mientras que los combustibles fósiles son más baratos, con lo que este nuevo fondo tiende a corregir esos desequilibrios y a converger con la zona comunitaria.