El Gobierno apunta al recorte de hidráulica y nuclear para mitigar los altos precios de la luz

El Gobierno muestra su preocupación por la escalada del precio de la luz. El mes de abril ha cerrado en nivel de récord histórico y los precios elevados se mantienen en el inicio de mayo, con picos de más de 80 euros por MWh, lo que representa el nivel más alto desde la crisis de Filomena, en plena ola de frío en enero. Las consecuencias ya se están notando sobre toda la economía: la inflación se aceleró el mes pasado hasta el 2,2% por los elevados precios de la energía hasta su mayor nivel desde 2018.

Ante este escenario, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica muestran preocupación y aseguran mantenerse al tanto y trabajando en medidas que puedan paliar esta situación, especialmente dura para muchos hogares golpeados por la crisis del covid-19.

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En este contexto, el Ejecutivo muestra diferentes alternativas para limitar los precios del mercado eléctrico. Entre las mismas, el departamento responsable de la política energética apunta al recorte de hidráulicas y nucleares. Aunque no lo menciona directamente, la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica asegura que están trabajando en definir qué medidas en el funcionamiento del mercado ayudan a paliar el impacto del coste del CO₂, actualmente en récord tras alcanzar los 50 euros por tonelada, el doble de lo que venía siendo habitual.

La responsable de energía del Gobierno de Pedro Sánchez sostiene que buscan acompañar a los consumidores domésticos evitando un encarecimiento del sistema que no se corresponde íntegramente con un incremento de los costes reales de la energía que consumen. Solo 24 horas después, fuentes del propio Ministerio para la Transición Ecológica señalaban estar "analizando cualquier otra medida que busque que los consumidores no tengan que asumir costes que no tengan que ver con los costes reales", en referencia al elevado precio de la luz, provocada en parte por el encarecimiento del CO₂. Preguntadas por esta potencial reforma, fuentes oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica han rechazado hacer comentarios.

Estos mensajes llegan solo unos meses después de que la ministra para la Transición Ecológica pusiera el recorte a las inframarginales (hidráulica y nuclear) encima de la mesa, en lo que denominó "mecanismos colchón". En plena escalada de precios de la luz en enero, Teresa Ribera se comprometió a explorar esta vía para ver si hay maneras de paliar la subida del precio en tecnologías inframarginales que, en principio, no se ven afectadas por la alteración de los costes en las tecnologías que marcan el precio para todo el mercado.

"Es verdad que el que esté alto el precio del CO₂ implica que sube el coste de generar energía con gas, pero no el coste de generar con otras tecnologías que no emiten con CO₂. Lo que pasa es que la posibilidad de intervenir ahí es delicada y complicada (...) Tenemos que ver qué margen puede haber dentro de los mercados marginalistas que diseña la UE como regulación común en todos los Estados miembros", subrayó entonces la ministra, que en todo caso insistió en que cualquier medida debe ser sólida desde el punto de vista jurídico.

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La medida es de una alta sensibilidad para el sector. De llevarse adelante la potencial reforma que planteó en enero, supondría un fuerte golpe para Iberdrola, Endesa y en menor medida Naturgy, principales propietarios del parque de generación hidráulica y nuclear. Por ello, este es un terreno complicado, ya que podría poner en peligro el pacto de cierre de las centrales, al reducir parte de sus ingresos y ponerlas en pérdidas. Aquí pueden actuar de contrapeso los pagos por capacidad, otra partida que habrá que añadir a la factura para la seguridad de suministro. Por otro lado, supone poner una china en el zapato de las dos eléctricas que están defendiendo la reforma del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico frente a la oposición de petroleras y gasistas.

Expertos en la materia destacan que este recorte contribuye a la bajada de precios de la luz, lo que lleva a mayor electrificación y por ende a la descarbonización, necesaria para lograr los objetivos comprometidos con Bruselas. Además, está recogido en el acuerdo del Gobierno de coalición que firmaron con Unidas Podemos.

Creen que el recorte tiene encaje jurídico

La ministra y su equipo son conscientes de que acabar con el mercado marginalista que rige el mercado eléctrico es complicado, dado que puede ir contra las reglas del mercado interior. Sin embargo, tanto la responsable del Gobierno como su equipo se plantean que recortar la retribución de la hidráulica y la nuclear por el ingreso que reciben por la subida del CO₂, que sin embargo no pagan, puede tener encaje.

De hecho, esta medida ya funcionó en el sistema eléctrico. El Gobierno de Zapatero (PSOE) la introdujo en el Real Decreto-ley 11/2007, por el que se detrae de la retribución de la actividad de producción de energía eléctrica el mayor ingreso derivado de la asignación gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Esta norma se mantuvo hasta 2009, cuando el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián, la retiró tras llegar a un pacto no escrito con las eléctricas para que pagaran parte del bono social.

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Pese a todo, las eléctricas llevaron a los tribunales esta medida de minoración de la retribución en el mercado eléctrico. Iberdrola, Gas Natural (rebautizada como Naturgy en 2018) y Endesa interpusieron una demanda en la Justicia europea. Sin embargo, el TJUE avaló dicho recorte en 2013, cuando ya no funcionaba. Precisamente este aval de la Justicia comunitaria es por el que miembros expertos del entorno del Gobierno creen que ahora se podría generar un fuerte ahorro para los consumidores sin incurrir en ningún problema jurídico.

La catedrática experta en los mercado eléctricos Natalia Fabra destacaba en 2018, cuando se produjo el anterior pico de precios del CO₂, que de 2007 a 2009, cuando se estableció esta medida, se ahorraron 1.600 millones a los consumidores. Unas estimaciones que, sin embargo, fueron respondidas por la consultora experta Nera Consulting, que defendía otras conclusiones.

Los expertos están viendo cómo el elevado coste del CO₂ supone un encarecimiento para los bolsillos del ciudadano. En parte, dicho coste viene provocado por las compras especulativas de estos derechos de emisión, que a la postre son un impuesto indirecto al que algunos 'hedge funds' están sacando partido en el mercado secundario. Desde el propio Ministerio para la Transición Ecológica, reconocían este miércoles que dicha especulación afecta a la subida del precio de la luz. Por si todo esto fuera poco, la nueva estructura de la factura que entra en vigor el 1 de junio no supondrá un ahorro. Y aquellos consumidores que no cambien sus hábitos, parte de los cuales no se pueden transformar, también notarán un incremento del recibo.