Los agricultores lanzan una ofensiva contra las reformas energéticas del Gobierno

Ofensiva del sector primario contra las reformas energéticas que prepara el Gobierno. Asaja, asociación representante del sector agrario, ha enviado una carta al ministro de Agricultura, Luis Planas, en la que le muestra su malestar por el impacto que podría tener para la población del medio rural la creación de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) que tramita el Ejecutivo y pretende trasladar costes de la factura eléctrica a gasolinas, gasóleos y gas.

Según la misiva, a la que ha tenido acceso El Confidencial, el presidente de la organización de agricultores, Pedro Barato Triguero, explica al ministro que pese a la exención del gasóleo bonificado, esta reforma supondrá un incremento del coste energético en el medio rural, más dependiente de los hidrocarburos en favor del urbano, donde la electrificación es mucho más potente.

La carta pone en conocimiento del ministro que, aun compartiendo la necesidad de descarbonización, la medida penaliza un sector fuertemente orientado a la exportación frente a terceros países no sometidos a estas cargas. Además, pone de relieve que no se puede encarecer la factura de los habitantes del medio rural cuando la preocupación por la despoblación está en los más altos niveles de la agenda política. De hecho, Sánchez creó una cartera de reto demográfico para apoyar la España vaciada que encabeza Teresa Ribera, impulsora del fondo energético que critica Asaja.

Esta, además, no es la única reforma energética que prepara el Gobierno que ha sido objeto de crítica del campo. La propia Asaja ha lanzado una ofensiva en los últimos días contra la reforma de la factura eléctrica, que cambiará su estructura de peajes el próximo 1 de junio. La asociación del sector primario ha lanzado al menos cinco comunicados en diferentes territorios (Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Córdoba o Málaga) en los que advierte del golpe que supondrán para el cultivo de regadío las nuevas tarifas eléctricas, que entran en vigor el 1 de junio.

Aunque el Gobierno aún no ha trasladado los valores definitivos para los nuevos cargos y peajes, Asaja asegura que, según sus estimaciones, "la subida prevista por el Ministerio para la Transición Ecológica supondría en muchos casos un sobrecoste del 40 al 50%. En regadíos particulares, con un coste medio entre 170 y 200 euros/hectárea tipo, ahora tendrán que hacerse cargo de 240 a 270 euros/hectárea, según están informando ya las propias compañías eléctricas a estos particulares".

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La asociación de agricultores destaca que “el Gobierno penaliza la agricultura más productiva y desarrollada con esta subida de tarifas eléctricas al regadío”. Este brutal incremento de costes tendría un reflejo directo “no solo en la cuenta de resultados del agricultor, que ya es grave, sino también en la necesaria modernización del regadío y en el despegue, ya en curso, de las inversiones en energías renovables para mejorar su sostenibilidad”. Lo que estaba previsto para inversiones tendrá que dirigirse ahora a sufragar los mayores gastos en el suministro eléctrico para producir lo mismo.

En este sentido, la organización agraria pide al Gobierno que reconsidere su decisión de elevar la factura a los regantes, “más en este momento de crisis económica global, en el que lo más importante es crear estímulos, no reducir la actividad”. Por otro lado, recuerda que la densidad de población es hasta tres veces superior en zonas de regadío de alta intensidad respecto a zonas de secano, y que el número de incorporaciones de jóvenes agricultores es hasta 6,5 veces superior en estas zonas de regadío.

Asaja recuerda que la densidad de población es hasta tres veces superior en zonas de regadío de alta intensidad respecto a zonas de secano

Asaja no es el único actor de la España rural que está en contra de estas reformas que pretende el Gobierno. El portavoz en el Congreso de los Diputados de Teruel Existe, Tomás Guitarte, pide que se haga un análisis de impacto territorial sobre el anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno por vía de urgencia para la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. "La medida penaliza la España interior y rural", explica Guitarte, que señala que el gasóleo para calefacción es imprescindible para mucha población situada en el campo.

La cuestión es de alta sensibilidad política, ya que actores como Teruel Existe y otras agrupaciones de territorios que reivindican los intereses de la España vaciada cada vez tienen más peso electoral. De hecho, ya hay voces que piden una candidatura conjunta de lugares como Teruel, Soria, León o Jaén, que tengan mayor capacidad de decisión en el Parlamento, a cuyos habitantes podrían perjudicar las nuevas regulaciones en materia energética, impulsadas para profundizar en la descarbonización a que se ha comprometido España.

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La ministra Teresa Ribera siempre se ha mostrado partidaria de llevar a cabo las reformas necesarias para reducir emisiones y que incorporen medidas de acompañamiento para los colectivos más desfavorecidos, como podría ser en este caso el colectivo de agricultores. No obstante, el ritmo de las reformas energéticas puede entrar en conflicto con los intereses electorales. No en vano, la revuelta de los chalecos amarillos en Francia, una de las peores crisis vividas por Macron, nació de una subida de impuestos al gasoil.

Al margen del FNSSE o del cambio de peajes eléctricos, el Gobierno también contempla añadir impuestos al diésel para 2022, tal y como reflejó en el reciente plan enviado a Bruselas con las reformas que se compromete a hacer para recibir los fondos de recuperación. Otra vuelta de tuerca para el campo que pocos meses antes de que estallara la pandemia lanzó protestas masivas por toda España por sus difíciles condiciones.