Petroleras y gasistas creen que el fondo para las renovables castigará a la España vaciada
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Subirán los combustibles para bajar la luz

Petroleras y gasistas creen que el fondo para las renovables castigará a la España vaciada

El presidente de AOP y BP, Luis Aires, y el presidente de Sedigas, Joan Batalla, consideran que el colectivo rural será uno de los más perjudicados por el nuevo esquema que quiere introducir el Gobierno

placeholder Foto: Foto de archivo de un camión de bombonas de butano. (EFE)
Foto de archivo de un camión de bombonas de butano. (EFE)

Los representantes del sector petrolero y gasista creen que la creación por parte del Gobierno del Fondo para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico tendrá un especial impacto negativo sobre la población situada en el ámbito rural, donde, según explican, la dependencia de los combustibles fósiles es mayor que en entornos urbanos y los niveles medios de renta no permiten electrificar consumos con tanta facilidad.

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, dirigido por Teresa Ribera, está tramitando un anteproyecto de ley con el que pretende que los casi 7.000 millones que cada año se pagan para las primas a las renovables en la factura de la luz sean costeados tanto por eléctricas como por petroleras y gasistas.

Pese a que la implantación del fondo será progresiva en cinco años y excluye a algunos sectores profesionales más dependientes de los combustibles fósiles, los primeros análisis sectoriales señalan que habrá un descenso medio del recibo eléctrico del 13% mientras que el carburante subirá unos nueve céntimos por litro y la factura de gas en torno a 50 euros al año.

Foto: La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera. (EFE)

Los análisis más pormenorizados arrojan distintos impactos sobre la sociedad. El presidente de la Asociación de Operadores Petrolíferos (AOP) y primer ejecutivo de la multinacional británica BP en España, Luis Aires, señala que este nuevo esquema a quien más va a beneficiar es a aquellos con mayor capacidad para electrificar sus consumos, que coincide con que son los que mayor poder adquisitivo tienen para, por ejemplo, ponerse una bomba de calor para calefacción o comprarse un coche eléctrico.

En esta misma línea se muestra el presidente de Sedigas, Joan Batalla: "El impacto de la medida acabará siendo asumida por las áreas rurales, más dependientes de los combustibles fósiles". "Si una persona tiene calefacción a gas natural, gasoil o propano o dispone de coche con motor de combustión verá encarecidos sus costes".

En este sentido, Repsol ya puso de relieve este efecto en las enmiendas al anteproyecto de ley enviadas al Departamento de Transición Ecológica. "Sería necesario realizar un análisis de impacto para valorar el efecto que tendría la implementación del FNSSE en la población más vulnerable y en las áreas geográficas situadas en entornos rurales, remotos o de difícil acceso, con alta dependencia de la movilidad por carretera y elevadas necesidades de climatización".

Foto: La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. (EFE)

Para Aires, de AOP, en el núcleo rural es donde más se utilizan la bombona de butano y el gasoil para calor o calefacción, ya que en muchos casos no disponen de los recursos suficientes para electrificar estos consumos, por lo que considera que habría un riesgo grave de regresión.

A lo anterior añade que es precisamente en el núcleo rural donde más dependencia hay del vehículo particular, ya que las oportunidades de transporte colectivo (autobús, ferrocarril, etc.) o las flotas de alquiler de vehículos eléctricos siempre se sitúan en grandes núcleos urbanos. Además, la infraestructura de recarga del vehículo eléctrico a día de hoy es inviable en los pueblos, dado que las baterías no disponen de la autonomía suficiente para muchos de sus desplazamientos.

No obstante, el sector petrolero y gasista no ha presentado un estudio con datos para conocer los impactos reales que tiene la medida. Fuera de la disyuntiva campo-ciudad, esta misma semana fuentes empresariales de una gran eléctrica señalaba que el fondo es progresivo y beneficia a las clases más vulnerables ya que muchos ni disponen de vehículo propio y su factura energética se verá reducida a costa de otras capas de la población más pudientes, que tendrán que pagar más que con la situación actual. Aunque lo cierto es que son esos consumidores de mayor poder adquisitivo los que más capacidad tienen de adaptarse al nuevo escenario.

Foto: La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. (EFE)

Pero precisamente incentivar la electrificación es uno de los objetivos que persigue el fondo, ya que sustituir combustibles fósiles por consumos eléctricos reduce las emisiones de CO2 y contribuye a la descarbonización.

La consultora Nera Economic Consulting ha hecho un estudio de cómo afecta el fondo a cada estrato de la sociedad en función a su nivel adquisitivo y al consumo energético que estima la contabilidad nacional. Con esa base, su conclusión es que la medida es progresiva (beneficia al 30% de la población, la más pobre). Su análisis refleja que para los hogares más pobres, aquellos cuyos ingresos anuales sean de unos 7.715 euros, el FNSSE le supondría entre electricidad, gas y combustibles un ahorro de 34 euros.

Para los segundos más pobres (ingresos del hogar 11.889 euros al año) se obtendría un ahorro de 19 euros. Para la tercera capa más vulnerable (16.393 euros al año por hogar) se ahorraría tres euros. El resto de la sociedad saldría perjudicada de la medida (el 70% de la población, la más rica). Los hogares con ingresos de 18.770 euros al año pagará 14 euros más que ahora. Las familias con 23.698 euros al año pagarán 32 euros más cada doce meses.

Foto: Nieve acumulada en el tejado de las viviendas de Toledo. (EFE)

Para los hogares con 27.726 euros de renta, el consumo de luz, gas y combustible les supondrá 34 euros más por ejercicio. Aquellos que ganen al año 32.210 euros pagarán 63 euros más. Los que superen los 38.010 euros se dejarán 77 euros más al año. Aquellos hogares con rentas que al año alcancen los 46.491 euros pagarán 91 euros más. Al porcentaje más rico de la sociedad, cuya renta por hogar es de 72.642 euros, la medida del Gobierno le supondrá un extracoste de 127 euros.

El equilibrio es delicado, máxime para la ministra para la Transición Ecológica, que además es la responsable de Reto Demográfico y todo lo relativo a la España vaciada. Si entre las grandes capas del mundo rural la eliminación del lobo como especie cinegética tuvo muy mala acogida, por el daño que causa a muchos ganaderos, la medida aprobada por el área que dirige Teresa Ribera, la subida de los combustibles, es un elemento de alto riesgo social. El alza de precios al carburante que instauró Emmanuel Macron en Francia le costó una de las mayores crisis de Gobierno por la revuelta de los chalecos amarillos que surgió, nacida en el mundo rural.

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Los representantes del sector petrolero y gasista creen que la creación por parte del Gobierno del Fondo para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico tendrá un especial impacto negativo sobre la población situada en el ámbito rural, donde, según explican, la dependencia de los combustibles fósiles es mayor que en entornos urbanos y los niveles medios de renta no permiten electrificar consumos con tanta facilidad.

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