La reforma energética agrava la desigualdad territorial: castiga al interior frente a la costa
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Suben los combustibles y baja la luz

La reforma energética agrava la desigualdad territorial: castiga al interior frente a la costa

El Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, actualmente en tramitación, supone una transferencia de rentas de la España vacía e industrial del norte hacia la España de sol y playa

placeholder Foto: Nieve acumulada en el tejado de una vivienda de Toledo. (EFE)
Nieve acumulada en el tejado de una vivienda de Toledo. (EFE)

La reforma del sector energético que está abordando el Gobierno para bajar el coste de la electricidad y subir el de los carburantes y el gas está provocando reacciones a nivel político, ya que diversos actores entienden que supone una transferencia de rentas desde la España fría del interior hacia la costa mediterránea de sol y playa y las islas.

Así se desprende de los datos de consumo energético en los diferentes territorios. Un informe desarrollado por el IDAE, organismo perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica, hace una comparativa de consumo de gas en las tres principales zonas climáticas de España: el atlántico-norte, la zona continental y la mediterránea.

El informe revela que el consumo medio de gas natural en la franja cantábrica es de 7.143 kWh de media por hogar y en la España interior es de 10.511 kWh por hogar mientras que en la parte mediterránea y las islas es de 6.233 kWh por hogar. Es decir, que en la España interior se consume de media un 68% más de gas. El Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que aunque aún está en tramitación ya tiene apalabrados apoyos clave como el del PNV, pretende rebajar el precio de la luz para encarecer el gas y los carburantes.

Dado que en el Mediterráneo, Baleares y Canarias el clima es más suave, el uso de gas para calefacción —la principal partida— es mucho menor, mientras que sí es más habitual utilizar aires acondicionados que consumen electricidad durante el verano. Precisamente el PNV condiciona su apoyo, un pilar fundamental para que la medida salga adelante, a que se matice el golpe al gas, dado que el País Vasco es una de las zonas más gasificadas de Europa tanto a nivel doméstico (calefacción, agua caliente sanitaria y cocina) como a nivel industrial. Además, desde la secretaría de Estado de Energía ya han sondeado a ERC, otro de los apoyos necesarios. Fuentes del partido republicano ven con buenos ojos la medida a grandes rasgos.

Pese a que no aportan datos, el sector petrolero advierte también que la mayor parte de calderas de gasóleo y derivados del petróleo se concentran en el interior de la península. Explican que es necesario el uso de combustible para calefacción, ya que por ahora la bomba de calor eléctrica resulta insuficiente o excesivamente costosa. En la misma línea, advierte transferencias de rentas del entorno rural al urbano, dado que el consumo para transporte también es más dependiente de los combustibles en los pueblos que en las ciudades, donde hay muchas más opciones de movilidad.

Foto: Foto de archivo de un camión de bombonas de butano. (EFE)

Esta situación ya ha saltado del plano teórico y ha entrado de lleno en el debate político. El portavoz en el Congreso de los Diputados de Teruel Existe, Tomás Guitarte, pide que se haga un análisis de impacto territorial sobre el anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno por vía de urgencia. "La medida penaliza a la España interior y rural", explica Guitarte que señala que el gasóleo para calefacción es imprescindible para mucha población situada en el campo. "Hay gente que se gasta mucho en gasoil para calefacción porque es la única opción para las temperaturas muy frías que sufren durante una gran parte del año en zonas donde además hay una eleva altitud".

El diputado turolense, que apoyó la investidura de Pedro Sánchez y sus presupuestos generales del Estado, valora el plan de medidas para el reto demográfico presentado recientemente por la vicepresidenta cuarta Teresa Ribera, pero se opone a la medida que impulsa el mismo Ministerio para la Transición Ecológica. La reforma energética, que agrava las desigualdades a su entender, se produce justo dos años después de que 80 plataformas de 24 provincias se unieran para protestar por el abandono de una gran parte del territorio español en favor de la ciudad dado el modelo de crecimiento de las últimas décadas.

24 meses después ya son 168 plataformas de 26 provincias que mantienen las mismas reivindicaciones y, según explica el líder de Teruel Existe, quieren que se traduzcan en medidas de apoyo. "El Gobierno ha puesto como prioridad la cohesión territorial, pero eso se debe reflejar de forma presupuestaria", señala este diputado que advierte de que "si no llegan las medidas habrá que intervenir".

Foto: Foto de archivo de Pedro Sánchez y Andoni Ortuzar. (Reuters)

Hace esta reflexión después de que este domingo el diario 'La Vanguardia' publicara que otras plataformas de la España rural de lugares como León, Soria o Jaén tienen intención de confluir en una lista única en las elecciones de 2023 con el objetivo de sumar diputados y poder influir más a favor de la España vaciada desde el Congreso de los Diputados.

El Fondo para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico pretende que las primas a las renovables que actualmente se pagan en la factura de la luz lo doten todas las energéticas en función a sus ventas. Los primeros cálculos señalan que ello implicará una reducción de la factura de la luz de alrededor al 13% en los próximos cinco años, mientras que la factura del gas se puede encarecer una media de 50 euros al año para un hogar medio y las petroleras advierten que los combustibles pueden subir unos nueve céntimos por litro.

No obstante, los detalles finales están aún por decidirse, ya que aún no está claro qué nivel de exenciones y compensaciones tendrán diferentes colectivos a los que esta medida puede impactar sobre su competitividad. El gasóleo profesional y agrícola queda exento de la medida, ya que de lo contrario podría generarse un aumento del coste generalizado de la vida, pero ello no ha frenado las críticas por ahora.

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