La subida de impuestos que prepara Moncloa afectará también a rentas medias y bajas

En esta crisis económica, la Unión Europea ha permitido a los países disparar su déficit público para hacer políticas anticíclicas y así evitar un auténtico descalabro de la actividad y del empleo. Sin embargo, en el año 2022, la crisis debería estar superada y llegará el momento de repartir los costes de estas medidas. El Gobierno ha desgranado cómo será su plan de ajuste futuro en las 30 fichas del plan de recuperación remitidas la semana pasada a la Comisión Europea y que Moncloa publicó el miércoles, justo al día siguiente de las elecciones en la Comunidad de Madrid. Este ajuste se realizará por la vía de los ingresos públicos con subidas de impuestos que acerquen la recaudación de España a la media europea, ya que actualmente es unos cinco puntos del PIB inferior. Pero para ello, las medidas tendrán que afectar a rentas medias y bajas, y no solamente a las más altas.

La subida de impuestos tendrá un doble objetivo. Por un lado, elevar la progresividad del sistema tributario, esto es, que aporten más las rentas altas. Por otro, desincentivar comportamientos perjudiciales: contaminación, consumo de productos perjudiciales para la salud, brecha de género, etc. Esto requerirá la modificación de varios tributos de forma paralela que afectará también a las clases medias y bajas, algo que ya ha intentado el Gobierno en el pasado y que no consiguió, como con el endurecimiento de la fiscalidad al diésel.

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El Gobierno expone su plan fiscal en la ficha 29: “Nuestro sistema tributario, y en sentido amplio los ingresos públicos, tiene margen de crecimiento en el medio plazo. Este Gobierno está decidido a impulsar este incremento, acercándonos a la media de los países europeos, especialmente en las figuras medioambientales y digitales, y utilizar estos crecimientos para ajustar el déficit estructural. Este proceso es crucial, ya que áreas como la sostenibilidad del sistema de pensiones dependen de este incremento de ingresos. Por tanto, el objetivo de este componente se basa especialmente en el crecimiento de los recursos públicos para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el medio plazo”. En otras palabras, la subida de impuestos irá destinada básicamente al pago de las pensiones, que subirán con fuerza en los próximos años, y a la reducción del déficit.

Las medidas de aumento de la presión fiscal que más afectarán a las clases medias y bajas son las relacionadas con los impuestos verdes. “Se desarrollará una fiscalidad verde que contribuya a hacer un mundo más sostenible, protegiendo al medioambiente como herramienta de lucha contra el cambio climático”, señala el Ejecutivo en el texto del plan. Entre las medidas más relevantes que contempla, se encuentra el establecimiento de peajes para todas las autovías del Estado, cobro que se podría ampliar también a otras carreteras; la eliminación de beneficios fiscales a los carburantes, lo que implica una subida del diésel, o la subida del impuesto de matriculación para los vehículos más contaminantes.

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Estas figuras fiscales tendrán una especial incidencia sobre las rentas bajas, que son aquellas que tienen menos recursos para invertir en vehículos no contaminantes y, en muchos casos, aquellas que dedican mayor porcentaje de su renta al gasto en transporte por vivir lejos de su lugar de trabajo. Por lo tanto, el efecto secundario de estas políticas tendrá un efecto regresivo sobre la distribución de la renta, afectando más a las rentas medias y bajas que a las altas.

Lo mismo ocurre con la subida de la base máxima de cotización, que el Gobierno subirá en los próximos años para salarios que se sitúen en el entorno de los 2.400 euros mensuales en adelante. La medida afectaría a 1,2 millones de contribuyentes e implicará un importante incremento de la recaudación que afectará a las clases medias y altas.

Otro de los objetivos de la reforma fiscal del Gobierno será terminar con diferentes deducciones, reducciones, bonificaciones y diversas ayudas fiscales establecidas en los impuestos que en muchas ocasiones afectan a la recaudación, estrechando las bases imponibles. Hacienda revisará el presupuesto de beneficios fiscales para detectar aquellas medidas que considera innecesarias, como podría ser la modalidad de tributación conjunta en el IRPF que tanta polémica generó en los últimos días.

El Gobierno no detalla cuáles serían las bonificaciones susceptibles de eliminación, de modo que es imposible anticipar cuál será su impacto sobre la renta de los hogares. Sin embargo, es de esperar que sean medidas con una incidencia sobre las rentas medias, ya que este tipo de hogares sí se benefician de diferentes ayudas fiscales. No ocurre lo mismo con las rentas que están por debajo del mínimo de tributación en el IRPF, ya que estas familias no se benefician de estas ayudas fiscales.

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