El Gobierno tropieza con otra subida de impuestos: retrasa la nueva cotización de los autónomos

Uno de los grandes objetivos que se ha marcado el Gobierno es elevar la recaudación para acercar España a la presión fiscal existente en el conjunto de Europa, que es unos cinco puntos del PIB superior. La mejora de los ingresos permitiría elevar la inversión y apuntalar unos servicios públicos que han mostrado sus ‘costuras’ durante la crisis del coronavirus. Sin embargo, para elevar verdaderamente la recaudación, es necesario tocar algunas de las figuras fiscales más relevantes. Pero, cuando llega la hora de la verdad, tocar el bolsillo de las clases medias es una labor políticamente muy delicada.

El Gobierno ha vuelto a sentir la presión de esa hora de la verdad con el novedoso sistema de cotización de los autónomos, que lleva preparando desde el año 2018 y que ahora se ha retrasado una vez más y no se activará, al menos, hasta el año 2023. Así lo comunicó el martes el secretario de Estado de la Seguridad Social, Israel Arroyo, a los agentes sociales y las asociaciones de autónomos. De esta forma, el ministro José Luis Escrivá cambia sus planes de tener listo el nuevo sistema en enero de 2022. Y eso a pesar de que transmitió a la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado, hace apenas un mes, que las negociaciones en el diálogo social estaban muy avanzadas para el cálculo de las bases de cotización.

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Con este retraso, el ministerio confirma lo que venía diciendo una parte de los agentes sociales, que las negociaciones no estaban tan avanzadas, que no existía consenso y que técnicamente sería difícil implementar antes de 2023 este sistema. Para Lorenzo Amor, presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, “las dificultades técnicas de este sistema hacen que se tenga que retrasar hasta 2023, entre otras cosas, porque Hacienda tiene que elaborar un serie de herramientas que todavía no ha hecho y que no se prevé que las termine para esa fecha”.

Estas dificultades técnicas se han puesto sobre la mesa de forma repentina e inesperada. De hecho, el ministerio lleva preparando el nuevo sistema desde octubre y no ha sido hasta ahora cuando ha hecho referencia a las supuestas dificultades técnicas. El resultado ha sido la paralización de esta reforma, que tendría que subir las cuotas sociales a una buena parte de los autónomos que cotizan por una cuantía inferior a sus rendimientos anuales. Según los cálculos publicados durante todo este tiempo de negociaciones, unos 700.000 autónomos verían incrementadas sus cuotas, algunos de ellos en una cuantía significativa, lo que políticamente es delicado.

"No hay motivo alguno que lleve al Gobierno a retrasar la definición del nuevo RETA"

Finalmente, el ministerio ha optado por paralizar este endurecimiento de la fiscalidad. Y ello también implica que los autónomos con ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI) no podrán beneficiarse de esta reforma, ya que para ellos habría un recorte de las cuotas a la Seguridad Social.

Para Eduardo Abad, presidente de UPTA, este retraso en la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) “tiene sentido”, ya que la situación económica está lejos de normalizarse. “Habíamos previsto que la cotización por ingresos reales empezara a funcionar en 2022 ya en una situación económica de normalidad, sin embargo, estamos a mitad de 2021 y no es que la crisis no haya desaparecido, sino que está en un nivel más fuerte que nunca”, explica Abad.

Opinión

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Este endurecimiento de la fiscalidad en un momento en el que la economía sigue atascada va en línea con la idea del Ministerio de Asuntos Económicos de no tocar los impuestos de momento. En el futuro, ya se verá. Ocurrió lo mismo hace unos meses con la subida del impuesto al diésel, con la que el Ejecutivo tuvo que dar marcha atrás.

Para Eduardo Abad, si bien este retraso es aceptable si se tiene en cuenta la coyuntura económica, eso no debería impedir al Gobierno pactar lo antes posible cómo debería ser la nueva cotización por ingresos reales que entre en vigor en 2023. “Debe de resolverse a la mayor brevedad posible este sistema y dejarlo cerrado y estructurado en los próximos tres meses”, explica el presidente de UPTA. El hecho de que no vaya a entrar en vigor hasta 2023 no es excusa para que no se cierre con antelación cómo va a ser su funcionamiento.

“No hay motivo alguno que lleve al Gobierno a retrasar esto”, señala Abad. O tal vez sí: la dificultad política de subir la presión fiscal sobre las clases medias. De hecho, el retraso que propone ahora el ministerio para el nuevo sistema de cotización significa que no entrará en vigor en la legislatura actual. Será el próximo Gobierno quien tendrá que ejecutar esta importante reforma del RETA. Una 'papeleta' que está por ver si alguien acepta asumir.