Impuestos, cuando los pobres financian (con gusto) a los ricos

Sostenía hace algún tiempo un profesor de universidad que si el mundo académico fuera capaz de reflejar en una simple hoja de cálculo —que todo el mundo entendiera— el funcionamiento real del sistema tributario, la revolución estaría asegurada. Se refería a las múltiples inequidades que esconden los sistemas fiscales, atrapados, desde luego en el caso español, por los intereses de diferentes grupos de presión que hacen que los impuestos beneficien más, paradójicamente, a las rentas elevadas, pese a la progresividad del IRPF, que a las clases medias o, incluso, bajas.

El sistema, de hecho, se nutre fundamentalmente de quienes tienen una nómina, los asalariados, mientras que muchas rentas de naturaleza financiera —al margen de la economía sumergida— se benefician de una menor tributación.

Quienes más podrían aprovechar un sistema fiscal más justo son los primeros que protestan por la mayor presión fiscal

Lo que decía el profesor universitario, uno de los mayores especialistas del país en sistemas fiscales, no era un mero juicio de valor por razones ideológicas. Según el último barómetro sobre la opinión de los españoles respecto del funcionamiento del sistema tributario que elabora anualmente el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), la opinión pública mayoritaria consideraba en 2019 que los colectivos que más defraudaban a la Hacienda pública eran los empresarios, seguidos por los trabajadores autónomos, los profesionales liberales y los rentistas, mientras que el colectivo de los asalariados y los agricultores eran quienes, según creían los encuestados, mantenían la conducta fiscal más honesta.

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Lo singular, sin embargo, no es solo que la recaudación haya sido agujereada por quienes tienen capacidad de influencia sobre el poder político —no es de extrañar que las antiguas agencias de comunicación se hayan reconvertido en los últimos años en consultorías de asuntos públicos reclutando exministros y antiguos altos cargos de todos los gobiernos para influir sobre el poder político—, sino que quienes más podrían aprovechar un sistema fiscal más justo —las rentas medias y bajas— son los primeros que protestan cuando un Gobierno eleva la presión fiscal en los tramos más altos para mejorar las prestaciones públicas. Precisamente, el ámbito que beneficia más a quienes tienen mayores dificultades para llegar a fin de mes.

La paradoja fiscal

Esta paradoja ha sido evidenciada por la ciencia económica. Las rentas medias y bajas son quienes más se oponen a que suban los impuestos, cuando son ellas las que están en condiciones de aprovechar mejor el estado de bienestar a través del consumo de sanidad, educación o dependencia. Por el contrario, y aquí está otra de las paradojas, los asalariados de rentas elevadas, que viven normalmente en grandes urbes y disfrutan de un empleo estable, son quienes ven con mejores ojos que les suban los impuestos, aunque ello suponga una merma de sus ingresos.

Este comportamiento un tanto contraintuitivo tendría que ver, según algunos estudios, con el grado de conocimiento del sistema tributario. Quienes conocen mejor para qué sirven los impuestos, por ejemplo, para procurar la igualdad de oportunidades mediante un sistema educativo de calidad o útil para abaratar el transporte público, son los menos reacios a un aumento de la presión fiscal, mientras que, en sentido contrario, quienes lo desconocen (aunque se beneficien más de las prestaciones públicas por sus bajos ingresos) son los más reacios a cualquier subida de impuestos, aunque no vaya con ellos.

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Esto se manifiesta, por ejemplo, con el impuesto de sucesiones o con el de patrimonio. La opinión pública mayoritaria está en contra de su existencia, pese a que los mínimos exentos eran tan elevados (en muchas regiones, por encima de los 500.000 euros) que casi todo el mundo estaba exonerado de su tributación antes de que casi todas las regiones lo dejaran en algo casi simbólico. Sin embargo, se ha creado un consenso en torno a que estos impuestos son injustos, cuando solo las rentas elevadas (siempre que haya un mínimo exento suficientemente alto) lo habrían de pagar. En muchos casos, porque la escasa transparencia del impuesto hace que muchos contribuyentes hayan confundido las plusvalías municipales con el propio impuesto.

Igualdad de condiciones

Esta singularidad, lógicamente, tiene que ver con la escasa pedagogía que han hecho históricamente los gobiernos —también los de izquierdas— sobre el valor de los impuestos, a menudo por razones electorales. Sin duda, porque es muy rentable anunciar una bajada, aunque luego no se materialice o suceda justo lo contrario. Es más fácil publicitar que se va a bajar 100 o 200 euros el IRPF al año que explicar con argumentos sólidos que con ese dinero (aprovechando las economías de escala) se puede mejorar la sanidad pública (que beneficia a las rentas más bajas) o que se va a destinar a comprar ordenadores para que los hijos de quienes tienen mayores dificultades económicas puedan estudiar en igualdad de condiciones.

Un trabajo publicado por la Fundación la Caixa acredita la importancia de la pedagogía fiscal. El trabajo, ganador de un premio de investigación social, evidencia que recibir información fiscal cambia la manera de pensar de los encuestados sobre una reforma de los tributos. Como consecuencia de ello, los contribuyentes, cuando tienen criterio, “plantean reformas fiscales más progresivas que el grupo de control, y sus reformas se caracterizan por tasas impositivas marginales más altas en la parte superior de la distribución de la renta”. Es más, según el trabajo de Dirck Foremny, de la Universidad de Barcelona, las personas que conocen la división regional del IRPF consideran las desigualdades como un problema social más grande comparadas con aquellas que no recibieron esta información.

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Un líder político que quiere ser presidente del Gobierno, incluso, llegó a decir que donde estaba mejor el dinero era en el bolsillo de los contribuyentes, lo cual desarma el estado de bienestar, que es, probablemente, el mejor activo de las democracias modernas desde 1945. Y que, por cierto, si algún día gobierna ese líder nunca lo desmontará. Precisamente, porque es la mejor argamasa para garantizar la cohesión social.

Esta incapacidad de explicar para qué sirven los impuestos no es, desde luego, patrimonio de la derecha. La izquierda, al menos desde los años noventa, cuando el actual sistema fiscal quedó consolidado tras las reformas de la Transición y los cambios a que obligó nuestra entrada en la UE, ha sido una calamidad a la hora de justificar su necesidad. La consecuencia es casi una obviedad. Muchos contribuyentes, con buen ojo, entienden que no se pueden subir los impuestos —la maldición del 38% sobre el PIB— cuando el sector público es incapaz de hacer presupuestos equilibrados y acude de forma sistemática al endeudamiento. O, incluso, cuando malgasta mucho dinero en inversiones y plantillas inútiles. España, siempre hay que recordarlo, solo ha tenido superávit fiscal en tres de los últimos 44 años, y gracias a una brutal burbuja inmobiliaria, lo que refleja el desequilibrio estructural de las cuentas públicas.

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Probablemente, porque este país no ha hecho nunca —desde luego, no en las dos últimas décadas— un debate serio sobre cuál es el tamaño de estado de bienestar que se quiere tener y cómo financiarlo. En su lugar, siempre se ha optado por medidas parciales escasamente argumentadas. Por ejemplo, la tentativa del Gobierno de eliminar la reducción de la tributación conjunta, que desde el punto de vista de la equidad es profundamente injusta, ya que rompe la progresividad del IRPF, uno de los pocos impuestos que se pagan en función de la capacidad económica del contribuyente. Como, por cierto, establece la Constitución.

Parece evidente que si se quiere ayudar a las familias —y esta es una obligación del Estado—, lo más razonable es que se diseñen políticas de familia: guarderías, subvenciones por hijo a cargo o ayudas de estudio. Entre otras cosas, porque España es uno de los países de la UE que menos recursos destina a la función familia. Lo que se hace, por el contrario, es incluirlo en el IRPF, con el consiguiente escándalo si alguien pretende quitar la reducción. ¿El resultado? Un sistema fiscal que no está pensado para financiar el déficit público (de ahí los abultados y continuos déficits), sino para dar carnaza electoral a los contribuyentes, y lo que es más llamativo, con el beneplácito de muchas rentas bajas.