La presión fiscal sobre las familias crece a máximos y cae con fuerza la de las empresas

No es un terremoto de grandes dimensiones. Pero sí pequeños movimientos sísmicos continuados en el tiempo que duran ya dos décadas. En concreto, desde que comenzó el siglo. Y no es otro que un aumento de la presión fiscal de los hogares —medida por los tipos impositivos medios— frente a la tributación de las empresas. Unos cuantos datos lo acreditan con precisión.

En el año 2000, el tipo medio impositivo que pagaban los hogares se situaba en el 10,9%, muy por debajo del 24,1% que gravaba los beneficios de las empresas. ¿Qué ha pasado desde entonces? Pues que en 2020, según los datos que acaba de publicar la Agencia Tributaria, el tipo medio que grava la renta bruta de los hogares se ha situado en el 12,9% (dos puntos más). En el caso de las empresas, y en relación con su base imponible, ha descendido en ese mismo periodo, sin embargo, hasta el 19,4%.

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Eso quiere decir que en dos décadas se ha recortado casi a la mitad la distancia entre los impuestos que pagan los hogares por su renta bruta (constituida en un 84% por rentas del trabajo y el resto procedente del capital) y lo que soportan las empresas. Se ha pasado, en concreto, de 13,2 a 6,5 puntos el año pasado, lo que refleja el distinto tratamiento fiscal de ambos colectivos en dos décadas.

La diferencia es más acusada a la luz de quién sea el pagador. Mientras que el tipo medio en las pensiones públicas se sitúa en el 8,3%, en el sector privado es del 14,1%, muy por debajo del tipo medio que se paga en el sector público, un 18,2%. Lógicamente, esto tiene que ver con los sueldos más elevados por el llamado efecto composición (empleos más cualificados). En este último caso, muy cerca de la tributación de las empresas.

Esta evolución dispar expresa mejor que ninguna el actual debate sobre cuánto deben pagar las empresas en el impuesto de sociedades

Esta evolución dispar expresa mejor que ninguna el actual debate sobre cuánto deben pagar las empresas en el impuesto de sociedades y si debe haber un tipo mínimo impositivo para evitar competencia desleal, como ha planteado el presidente Biden y se está discutiendo en el seno de la OCDE y del G-20.

Multinacionales

Lo que preocupa a los organismos multilaterales es la llamada estrategia BEPS (erosión de las bases imponibles y traslado de beneficios), según sus siglas en inglés, que consiste en agujerear las bases imponibles y el traslado de beneficios aprovechando lagunas o mecanismos no deseados entre los distintos sistemas impositivos nacionales de que pueden servirse las empresas multinacionales para pagar menos impuestos. Como sostiene la OCDE, esto “se ha convertido en un serio problema” a tenor de la creciente movilidad del capital y de activos tales como la propiedad intelectual, así como de los nuevos modelos de negocio del siglo XXI.

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Los datos sobre el nivel de presión fiscal que soportan los hogares frente a las empresas son todavía más elocuentes si se incorporan al análisis los tipos medios del IVA, cuyo último pagador son los consumidores, ya que gravan el consumo. El IVA, como se sabe, es un impuesto en cascada que lo paga el último contribuyente.

Lo que muestran los datos de la Agencia Tributaria es que si en el año 2000 el tipo medio en el IVA era equivalente al 11,2%, hoy se sitúa en el 15,2%. Por lo tanto, se ha producido un incremento de cuatro puntos, lo que quiere decir que el tipo medio impositivo de los hogares ha aumentado en seis puntos en dos décadas. La mayor alza se produjo entre 2009 y 2013, cuando los dos anteriores gobiernos decidieron incrementar los tipos de IVA.

La causa de esta distinta evolución es, lógicamente, la diferente evolución de las bases imponibles —lo que grava Hacienda—, que es, precisamente, lo que se está discutiendo en el seno de la OCDE para evitar su erosión continuada mediante sistemas de planificación agresivos o elusión de las bases fiscales. Justamente, lo que está ocurriendo desde los años noventa.

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Lo que sucedió en 2020, un año singular por los efectos económicos de la pandemia, es que las bases imponibles totales cayeron un 7,7%, pero mientras que las de los hogares (por las medidas de apoyo a las rentas) apenas retrocedieron un 0,9%, las de las empresas se hundieron un 17,9%.

Burbuja inmobiliaria

La base imponible en el impuesto de sociedades se situó en el año pasado en 90.709 millones, una cifra anormalmente baja debido, obviamente, a la crisis económica, pero si se observa lo que sucedió un año antes, después de cinco años de recuperación de los beneficios, la base imponible consolidada se situó en 110.502 millones de euros, todavía por debajo de los niveles de 2004. El máximo se logró en 2007, cuando las bases imponibles en sociedades alcanzaron un récord histórico de 157.627 millones al calor de la burbuja inmobiliaria.

Opinión

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Lo que sucedió en 2017, que es un año que puede considerarse un año ‘normal’, es muy significativo y refleja los términos en que se plantea ahora el debate en el ámbito internacional. Ese año se ensancharon las diferencias entre los beneficios de las empresas y la base imponible del impuesto. Mientras que los beneficios alcanzaron el nivel máximo que habían logrado antes de la crisis (justo 10 años antes), como recuerda la Agencia Tributaria, la base imponible en sociedades todavía estaba por debajo del 70% del total que había entonces.

Parte de la menor recuperación de la base tiene que ver con los cambios que se introdujeron en la reforma de 2015 (al llevar a los ajustes importes que antes se deducían en la cuota), pero el propio impuesto tampoco ha recuperado más allá del 63,8% que suponía en 2007. Cerca del 90% de esa diferencia correspondió al ajuste de la exención por doble imposición.