El Gobierno ultima la orden para las quitas del ICO ante los primeros impagos

El Gobierno tiene ya casi listo el último paso para que las pymes y autónomos afectados por la crisis reciban las ayudas directas que aprobó en marzo. El Ministerio de Economía ha comunicado a los bancos que aprobará la orden ministerial con el código de buenas prácticas para las quitas el próximo martes 11 de mayo, según fuentes financieras consultadas por El Confidencial. Desde el ministerio liderado por Nadia Calviño transmiten que todavía no hay una fecha definitiva.

Aunque el Ejecutivo aprobó ayudas de 11.000 millones el 12 de marzo —un día después en el BOE—, su ejecución quedó pendiente del desarrollo del código, que tiene que establecer qué empresas se pueden acoger, con qué condiciones y con qué límite.

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Las fuentes consultadas señalan que la banca ha conseguido su objetivo en el punto que más le preocupaba: que no haya automatismos en la selección de la compañía que se beneficie de las quitas. Esto es clave para el sector financiero, que de lo contrario afrontaría provisiones millonarias. Esto es porque las quitas están reservadas para empresas viables, y el Banco Central Europeo (BCE) podría considerar que los que queden al margen son clientes no viables a efectos de morosidad, aunque todavía no presenten impagos. Al ganar flexibilidad en el código, la banca evitará este impacto.

Las mismas fuentes explican que esta solución también interesa al Gobierno, para evitar la responsabilidad de decidir qué empresas quedan al margen de sus ayudas. Con un código más abierto, esta pelota queda sobre el tejado de las entidades financieras.

Las negociaciones del código se han llevado entre las principales entidades, las patronales —AEB y Ceca— y el Tesoro, que lidera Carlos San Basilio. En ellas, se ha exigido el máximo sigilo a sus participantes, imponiendo entrar a las reuniones sin móviles, para rebajar la tensión que hubo en la primera fase de las conversaciones. El Gobierno barajó inicialmente que las quitas fueran mayores, ante lo que hubo una oposición frontal del sector financiero y del Banco de España, por los efectos secundarios que podrían haber tenido en la solvencia de las entidades y en el flujo de crédito a la economía.

La negociación se ha alargado más de lo previsto inicialmente por las dificultades técnicas y porque ninguna de las dos partes ha visto urgencia en ello. Así, no ha sido hasta ahora, cuando han empezado a vencer los periodos de carencia de los 118.000 millones que concedieron en líneas ICO (Instituto de Crédito Oficial) a empresas y autónomos. Por ello, estos 12 meses los receptores solo han tenido que ir pagando los intereses. A esto se suma la opción de ampliar la carencia un año más y los periodos de vencimiento, lo que daría más tiempo a las empresas.

Primeros impagos

Sin embargo, ya ha empezado a haber algunos primeros impagos y concursos de acreedores, y se espera que esto vaya a más entre este mes y junio, por lo que las entidades y el Gobierno quieren tener listas cuanto antes todas las herramientas a su disposición para cuando llegue el momento.

"Estas medidas tienen el potencial de contribuir a preservar el tejido productivo, pero su implementación es compleja y su impacto dependerá de una correcta selección de las empresas participantes. Además, cuanto más rápida sea su implementación, mayor será su efectividad", expone el Banco de España en su último 'Informe de estabilidad financiera'. "El código de buenas prácticas debe preservar la capacidad que tienen los bancos para utilizar la mayor información que las entidades tienen sobre sus acreditados", añade, en relación con la conveniencia de que no haya automatismos.

El Tesoro ha exigido reuniones sin móviles para asegurar la confidencialidad

El real decreto en el que se aprobaron los 11.000 millones en ayudas repartió este paquete entre 7.000 millones que distribuirán las comunidades autónomas en inyecciones directas, 3.000 millones en reestructuraciones de deuda del ICO y 1.000 millones a través de un fondo de recapitalización. Los bancos tienen que ofrecer primero ampliar el vencimiento, convertir la deuda en un préstamo participativo y, por último, aplicar una quita para aliviar la carga financiera de las empresas.

Las fuentes consultadas señalan que durante las negociaciones se ha barajado establecer porcentajes de quitas en función del sector de la empresa, aunque se habría descartado. Tanto este punto como los criterios de las empresas que se podrán acoger a estas ayudas forman parte de la letra pequeña del borrador que el Tesoro está perfilando durante estos días con las entidades.

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