Las comunidades piden ayuda a los bancos para inyectar 7.000 millones a las pymes

Los bancos vuelven a entrar en escena en el plan del Gobierno y las comunidades autónomas para salir de la crisis. Aunque inicialmente se había descartado la intervención del sector financiero en la distribución de los 7.000 millones en subvenciones a empresas hace casi un mes, algunos gobiernos regionales han decidido pedir ayuda a las entidades, según fuentes financieras consultadas por este medio.

"Todas las autonomías están hablando con su banco de cabecera. Las comunidades tienen el dinero, pero no tienen la infraestructura ni el conocimiento para analizar la viabilidad de las empresas que sí tenemos las entidades", exponen desde una entidad consultada, donde añaden que de momento las conversaciones son "informales, para conocer nuestra opinión y disponibilidad".

Estos 7.000 millones en ayudas directas son parte del paquete de 11.000 millones que el Gobierno aprobó el pasado 12 de marzo. El grueso se reservó para subvenciones a empresas y autónomos destinadas al pago de gastos fijos y deudas con proveedores y otros acreedores, dentro de los sectores más afectados por la pandemia. Estas ayudas se lanzaron con la idea de que llegaran al tejido productivo en mayo, aunque ya hay dudas de que puedan estar operativas en junio. El Ministerio de Hacienda se dio un plazo de 40 días para preparar los convenios que firmará con las comunidades, aunque según algunas de estas todavía no ha habido ningún tipo de intercambio de información al respecto.

En este entorno, los gobiernos regionales están preparándose y manteniendo conversaciones con los bancos, los intermediarios más próximos a las empresas y autónomos de cada región. El diálogo está siendo entre cada comunidad autónoma y la entidad con más peso en cada región.

Las entidades con más peso en las comunidades donde más ayudas se darán son principalmente CaixaBank —Canarias, Andalucía, Cataluña, Baleares, Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra—, Unicaja —Andalucía y Castilla y León—, Abanca —Galicia—, Kutxabank —País Vasco—, Liberbank —Asturias, Cantabria y Castilla-La Mancha— e Ibercaja —Aragón, Extremadura y La Rioja—.

TE PUEDE INTERESAR

La banca negocia en Bruselas una comisión millonaria por canalizar los fondos europeos

C. H. J. Z.

Entre las opciones que se están barajando, está que las comunidades se apoyen en las sociedades de garantía recíproca para analizar qué empresas pueden acceder a las subvenciones. Estas, a su vez, pedirían soporte a las entidades financieras. Aun así, esta es una opción entre varias todavía pendientes de que Hacienda ponga sobre la mesa los convenios. Desde las entidades, temen que finalmente haya 17 planteamientos diferentes a la hora de distribuir las ayudas directas.

Estas ayudas, que no son reembolsables, deberán destinarse al pago de deudas contraídas desde marzo de 2020, tanto facturas con proveedores y gastos fijos como deudas bancarias o financieras y suministros energéticos. Podrán acceder a ellas las empresas y autónomos cuyos ingresos hayan caído como mínimo un 30% con respecto a 2019, dentro de un conjunto de casi 100 sectores y actividades, los más perjudicados por las restricciones. Actualmente, se está contemplando ampliar el abanico de sectores. Las ayudas podrán compensar hasta un 40% de la caída adicional de ingresos para las micropymes y los autónomos y hasta un 20% del resto de empresas. Habrá una cantidad fija de 3.000 euros para los autónomos que tributan por módulos y un rango entre los 4.000 y 200.000 euros por empresa para el resto.

Los fondos europeos

La situación que se está dando entre las comunidades y los bancos por estos 7.000 millones en subvenciones es parecida a la que hay entre el Gobierno y las entidades por los fondos europeos. La banca está negociando en Madrid y en Bruselas su participación en la canalización de ese caudal de 140.000 millones correspondientes a España, un trabajo por el que podría recibir una comisión aproximada del 2%, como publicó este medio.

Con sus tiras y aflojas, la colaboración entre el sector financiero y el Ejecutivo se ha estrechado en el último año de pandemia. En especial con la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), con la que se distribuyeron 115.000 millones entre pymes y autónomos. Ambas partes tienen pendiente la letra pequeña —código de buenas prácticas— para las quitas que se aplicarán a alguno de estos préstamos, por valor de 3.000 millones.