El récord de recaudación facilita las promesas de bajar los impuestos autonómicos (por ahora)

No es solo Isabel Díaz Ayuso. Los recortes de impuestos se han convertido en uno de los principales reclamos de la campaña electoral para los comicios autonómicos del 28 de mayo. El discurso de la presidenta madrileña, que ha hecho de las rebajas fiscales uno de los pilares de su proyecto político durante los últimos cuatro años, obtiene en su contrincante, el socialista Juan Lobato, una réplica que, aunque matizada, refleja el marco en que se juegan las elecciones. Según su programa, el PSOE bajará el tributo sobre la renta a los trabajadores con sueldos de hasta 78.000 euros —"subiremos un poco a las personas con más dinero", bascula—, y el propio candidato ha afirmado que ningún madrileño pagará al fisco por heredar "patrimonio productivo".

A Ferraz no le gusta la reforma fiscal de Lobato, pero no es el único conflicto entre la dirección federal y los barones regionales: el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ya abrió una grieta en el discurso del Gobierno central el pasado septiembre, cuando anunció una rebaja del IRPF a las rentas de menos de 60.000 euros. Hasta Vox apoyó la propuesta en el parlamento autonómico. ¿Populismo fiscal a las puertas de las elecciones o es que bajar los impuestos es de izquierdas, como decía el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero? Más allá de las interpretaciones políticas, la realidad apunta a una respuesta mucho más sencilla: todos anuncian alivios tributarios porque se los pueden permitir… al menos de momento.

La recaudación en el conjunto de España batió su máximo histórico en 2022, con 255.463 millones de euros, y Hacienda espera rozar los 280.000 en 2023. En contra del lugar común que se ha instalado en la opinión pública, por el que ese récord de ingresos solo beneficia a las arcas del Estado, lo cierto es que el 50% del IVA y del impuesto sobre la renta revierte automáticamente en las comunidades, a través del sistema de financiación autonómica.

En otras palabras: aunque los territorios solo tengan margen de actuación sobre una pequeña parte del diseño de los tributos (sucesiones, patrimonio, transmisiones patrimoniales y la mitad del tramo autonómico del IRPF, principalmente), sí participan en gran medida de los rendimientos del conjunto. Es lo que Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), llama "déficit de responsabilidad fiscal": los gobernantes regionales no asumen el coste político de subir impuestos, pero sí reciben los beneficios, lo que incentiva el aumento del gasto y las peticiones reiteradas de una mayor financiación para sufragarlo.

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Según presume el Gobierno, las comunidades autónomas han recibido en el lustro que lleva Pedro Sánchez en el poder 179.000 millones de euros más que en los cinco años anteriores. Una parte de ese colchón fiscal se debe al efecto automático del sistema de financiación, que repartió un 30,2% más: cuanto más dinero llega a las arcas públicas, más se distribuye entre las autonomías. Pero no solo: el total aumentó en un 40,2%, siempre según los datos de Hacienda, gracias al impulso de los recursos adicionales, es decir, transferencias que el Ejecutivo ha decidido hacer, motu proprio, al margen del sistema de financiación, y que solo el año pasado supusieron 7.500 millones de euros.

En ese escenario de lluvia de millones, favorecido por la suspensión de las reglas fiscales europeas desde el estallido de la pandemia, muchos Gobiernos autonómicos han aprovechado para iniciar una carrera tributaria a la baja, que se ha intensificado en la recta final de la legislatura, con numerosas novedades para el ejercicio 2023. Como cada año desde hace más de dos décadas, el Panorama de la fiscalidad autonómica y foral, editado por el servicio de estudios del Consejo General de Economistas, constituye la referencia para saber qué ha ocurrido. Estas son las principales medidas que destaca el presidente de la institución, Valentín Pich, de entre las decenas que se recogen en el informe.

Aunque no todas están incluidas en el cuadro —muchas ya tuvieron efecto el año pasado—, la mayoría de ellas se refiere a la deflactación de la tarifa del IRPF, es decir, un ajuste para evitar que la inflación —principal causante de los récords de recaudación— provoque un salto automático del contribuyente al siguiente tramo como consecuencia de la simple actualización de su salario, sin que hubiese habido una mejora laboral. Gracias a este tipo de medidas, que han emprendido una decena de autonomías —entre ellas algunas socialistas, como Canarias, la Comunidad Valenciana o Aragón, pese a la oposición del Gobierno central—, el tipo medio que pagarán los ciudadanos no será mayor. Se trata de una forma de prevenir un alza fiscal encubierta, la llamada progresividad en frío, más que de una rebaja propiamente dicha. En resumen: las comunidades no recaudarán menos por haber deflactado el tramo cedido del IRPF, sino que dejarán de recaudar más, y en cualquier caso, se seguirán beneficiando del aumento de los ingresos del Estado.

Un impacto muy limitado

Rubén Gimeno, director del servicio de estudios que elaboró el informe para el Consejo General de Economistas, desmitifica el impacto real de este aluvión de medidas tributarias para el bolsillo del ciudadano y, por tanto, para la merma del dinero que entra en las arcas públicas: "¿A qué llaman bajar impuestos? Hay que mirar la letra pequeña. Hay muchas medidas que son más normativas que efectivas". El especialista en fiscalidad se refiere a las deducciones aprobadas por muchas regiones para el tributo sobre la renta, con unos requisitos tan complejos que hace que muy pocos contribuyentes se puedan acoger a ellas. Pero su diagnóstico puede valer para la mayoría de las rebajas que se han aprobado durante los últimos cuatro años, o las que se están anunciando en campaña para los cuatro años siguientes. Un ejemplo: la deflactación de Ayuso solo ahorrará 19 euros al año a los madrileños de rentas más bajas y poco más de 100 a los de rentas más altas.

El tipo marginal máximo del IRPF oscila entre el 45% de Madrid y el 54% de Valencia

Es el chocolate del loro, vendido como si fuera un producto gourmet en las promesas a izquierda y derecha, mientras papá Estado sigue pagando la fiesta. Sin embargo, si estas políticas se mantienen en el tiempo, más allá de los guiños electorales, los efectos sí pueden ser notables. El tipo marginal máximo del IRPF, es decir, el porcentaje que pagan los más ricos por su último tramo de ingresos, oscila entre el 45% de Madrid y el 54% de la Comunidad Valenciana, una diferencia de 9 puntos que supone un hachazo para las rentas altas y que va en detrimento de la armonización fiscal del país.

"Todos los gobernantes quieren bajar impuestos para que les voten, pero no todos se lo pueden permitir", asegura Gimeno. Mientras la región presidida por Isabel Díaz Ayuso se ha beneficiado durante los últimos años del efecto capitalidad, atrayendo multinacionales y grandes fortunas que engrosan sus ingresos fiscales, el territorio levantino todavía arrastra una considerable deuda como consecuencia de los desmanes de la burbuja inmobiliaria y un sistema de financiación que le perjudica.

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Tanto el economista del Consejo como el de Fedea consideran que el debate de la financiación autonómica resulta indisociable del de la fiscalidad. El modelo, caducado desde 2014, sobrepondera a las comunidades menos pobladas y más envejecidas, especialmente las del norte de España, en detrimento de las más dinámicas demográficamente, situadas en el arco mediterráneo. Como resultado, estas últimas tienen un menor margen para bajar impuestos sin que se resienta la calidad de los servicios públicos.

De la Fuente, que ha estudiado a fondo las carencias del sistema, pide que el próximo Gobierno de la nación emprenda la reforma de este mecanismo con el consenso de todas las comunidades, a diferencia de lo que ha hecho con el impuesto temporal de solidaridad, vigente en los ejercicios 2022 y 2023, que considera una forma de armonizar el tributo de patrimonio por la puerta de atrás: "La ley se hace para imponer una política determinada a dos regiones [Madrid y Andalucía], privándolas a posteriori de facultades cedidas. El procedimiento de tramitación también ha sido muy cuestionable. Y, finalmente, la norma permite a las comunidades forales [País Vasco y Navarra] evadir la armonización que supuestamente se busca. No tiene mucho sentido".

Los expertos no consideran que la competencia fiscal sea negativa y evitan hablar de 'dumping'

Los expertos consultados rechazan que la competencia fiscal entre las comunidades constituya un fenómeno negativo por sí mismo, y evitan hablar de dumping, como hace la izquierda. Todo depende, dicen, de qué efectos produzca. En el caso de patrimonio, por ejemplo, destacan que las sucesivas bonificaciones están provocando la práctica desaparición de un tributo que recauda poco y tiene una justificación muy cuestionable. En cambio, con sucesiones es distinto, ya que las diferencias entre las comunidades han generado numerosos cambios de residencia fiscal que redundan en la concentración de riqueza en las regiones más ricas —con más margen para bajar impuestos, como Madrid— y pueden dar al traste con una de las principales herramientas para garantizar la igualdad de oportunidades.

Al final, todos hablan de impuestos, porque en el contexto actual existe margen para bajarlos. Pero nadie menta los gastos, especialmente en un nivel administrativo que está a cargo de la sanidad, la educación y la mayoría de los servicios sociales. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha advertido esta semana de que la consolidación fiscal que la Unión Europea impondrá a partir de 2025 no solo interpela al Gobierno de España, sino que se tiene que trasladar a regiones y ayuntamientos. Gimeno advierte: "Recortar gasto no es tan fácil como subir impuestos". La pregunta que no responden los candidatos es qué harán si los récords de ingresos se desvanecen ante la normalización de la inflación y el control del déficit exige un esfuerzo extra para cuadrar las cuentas públicas.