El calendario juega contra Sánchez: llegan las reformas más duras prometidas a Bruselas

Cuando el Gobierno de Pedro Sánchez planteó el calendario de hitos del Plan de Recuperación, lo hizo con una premisa: llegaban los felices años veinte. La hipótesis era que España recuperaría el nivel de PIB previo a la pandemia al inicio de 2022 y, a partir de ese momento, el crecimiento sería intenso, sano y transformador. En esa senda ascendente, podría sacar rédito político de los resultados económicos y sería más sencillo tramitar en el Parlamento las medidas más complicadas reclamadas por Bruselas. La economía sería un trampolín para afrontar un nuevo ciclo electoral.

Con esta hipótesis decidió dejar para el final de la legislatura los ajustes pactados con Bruselas. No se trata de ajustes derivados de las reglas fiscales, que en 2023 seguirán suspendidas, sino reformas encaminadas a mejorar estructuralmente los ingresos públicos de España y corregir algunas deficiencias respecto a la mayoría de países de la UE. Sin embargo, la hipótesis se vino abajo en el mismo momento en el que Rusia comenzó la invasión de Ucrania y desató una crisis energética global.

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Ahora, en pleno 2022, el Gobierno está buscando políticas económicas electoralistas, como el 'plan anti-inflación' que aprobará en Consejo de Ministros extraordinario este sábado. Sin embargo, los compromisos con Bruselas están escritos en piedra y marcan un final de legislatura muy exigente para Pedro Sánchez y el resto del Ejecutivo.

La dificultad no solo se debe a que las reformas acordadas generen oposición social, es que la debilidad del Gobierno hace que su minoría en el Congreso sea más precaria. La reforma más complicada aprobada hasta la fecha, la laboral, salió adelante gracias a un error en las votaciones del diputado del PP, Alberto Casero. Los apoyos de los que dispone el Gobierno de coalición son volátiles en un contexto de cambio de ciclo político y de inicio de un nuevo ciclo electoral con las elecciones autonómicas y municipales en menos de un año.

En definitiva, una coyuntura política y económica complicada para el Gobierno que dificulta cumplir con las subidas de impuestos y la creación de nuevas tasas públicas en los próximos trimestres. De hecho, la primera de las reformas más complicadas está a menos de una semana de superar el plazo de cumplimiento, se trata de la introducción de un sistema de cotización por ingresos reales para los autónomos.

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El Gobierno está tramitando un real decreto-ley intermedio que permitiría a los autónomos cambiar de base de cotización hasta seis veces al año. El Gobierno considera que con este procedimiento quedaría cubierto el hito, aunque el Plan de Recuperación señala textualmente que la reforma consiste en "hacer que las cotizaciones de los trabajadores autónomos se basen en sus ingresos reales" y sentencia que "estará implementada a más tardar el 30 de junio de 2022". Fecha que se va a incumplir en tanto que la próxima reunión del Ministerio de la Seguridad Social con los autónomos se celebra el lunes, cuando ya solo quedarán tres días del mes.

El Gobierno lleva casi dos años negociando esta ley, ya que implica una gran subida de las cuotas a los autónomos con más ingresos. El Ejecutivo es consciente que la tramitación parlamentaria de esta norma, que afecta a más de tres millones de autónomos, es compleja, por lo que está intentando lograr el acuerdo con las principales asociaciones. Y, aun así, nada garantiza que no ocurra como con la reforma laboral y se tope con una mayoría en contra.

¿Qué reformas quedan?

Mientras los socios de la coalición, PSOE y Unidas Podemos, negocian una subida de impuestos a las empresas energéticas, el Plan de Recuperación aguarda con otra batería de subidas de impuestos paralela que irán directamente a 'rascar' en el bolsillo de las clases medias y bajas.

Una de las medidas más complicadas llega en el último trimestre de este año, cuando el Gobierno tiene que aprobar la subida del impuesto al diésel. Se trata de la reforma 4 del componente 28 del Plan de Recuperación: "Revisión de las bonificaciones de los hidrocarburos utilizados como carburante para la equiparación progresiva de los tipos impositivos en atención a su poder contaminante". El Gobierno ya intentó acometer la subida del impuesto al diésel en los presupuestos de 2022 y finalmente tuvo que rectificar por la oposición del PNV.

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Otra de las medidas propuestas, aunque no concretadas en el Plan de Recuperación, es la revisión del impuesto de matriculación para los vehículos contaminantes. El compromiso de esta reforma, la cuarta del componente 28, solo contempla el "análisis" de esta medida, por lo que el Gobierno podría evitar su aprobación que afectaría especialmente a las rentas bajas.

Otra de las reformas complicadas para este año es la segunda parte de la de pensiones, que tiene que estar aprobada antes de que termine el año. La primera parte se centraba en recuperar la indexación de las pensiones al IPC, pero en esta segunda llega el momento de buscar la sostenibilidad del sistema. Esto es, los ajustes. Uno de los compromisos del Gobierno es la subida progresiva de la base máxima de cotización. Esto es, subida de las cuotas sociales de los trabajadores y las empresas para quienes ganen más de 50.000 euros brutos anuales.

En la reforma de las pensiones también se tiene que incorporar la prolongación del periodo de cómputo. Esto es, una medida encaminada a reducir la cuantía de las pensiones futuras. "La medida pretende reforzar la progresividad y el carácter contributivo del sistema, haciendo que la pensión de jubilación refleje en mayor medida la vida laboral del trabajador", señala el Plan.

En el primer trimestre de 2023, el Gobierno tiene que enviar al Congreso la reforma fiscal para equilibrar el déficit de las cuentas públicas, resultado, entre otras cuestiones, de la vinculación de las pensiones al IPC. Esta propuesta debe basarse en el informe del Comité de Expertos de Hacienda que publicó su informe el pasado mes de febrero. Entre las medidas que propusieron los expertos se encuentra el endurecimiento de la fiscalidad a los viajes en avión, a los carburantes o la armonización de los impuestos autonómicos sobre el patrimonio. También pide rebajar algunos impuestos, como los que gravan la electricidad, aunque estos ya se han bajado para contrarrestar la subida de la inflación.

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Antes de las próximas elecciones generales de noviembre de 2023, el Gobierno tendrá que aprobar el "mecanismo de pago por el uso de las carreteras del Estado [...] con arreglo al principio de 'quien contamina, paga'". Esto es, los temidos peajes en las vías públicas. Una medida orientada a que las infraestructuras sean autofinanciables y que soporten ese coste quienes las utilicen. Sin embargo, esto supondría un duro golpe para las cuentas de las familias y una medida que también sería muy difícil de aprobar en el Parlamento. Tiene que estar lista a lo largo del cuarto trimestre de 2023.

Estas, y otras muchas leyes, son un camino lleno de obstáculos para un Gobierno que se encuentra en sus horas más bajas. Existe una "creciente preocupación en torno a las reformas comprometidas", escribe Juan Pablo Riesgo, Socio responsable de EY Insights, "España, a diferencia de Italia, cuyo Plan de Recuperación fue respaldado por el 85% de su Parlamento, se encuentra con la dificultad de cumplir los hitos de reformas comprometidas con Bruselas ante un parlamento fragmentado, que no ha participado en la definición del Plan, y que enfrenta una segunda parte de legislatura vertiginosa". Este escenario de reformas ya era complicado antes de las elecciones en Andalucía, pero tras esta cita, parece una quimera.