Los hogares que no pueden calentarse se duplican durante los gobiernos de Sánchez

La crisis energética ha impactado de lleno en las familias españolas, pese a las ingentes medidas emprendidas en los últimos dos años para paliar sus efectos. Como ya ocurrió con el ahorro de energía y el precio de la factura de la luz, las cifras de Eurostat vuelven a poner en cuestión el discurso triunfalista del Ejecutivo, esta vez en una derivada especialmente sensible: la pobreza energética. La oficina estadística comunitaria certifica que el número de hogares que no pueden calentarse se ha duplicado durante los gobiernos del presidente Pedro Sánchez: ya es uno de cada seis.

Cada día hay más familias en nuestro país incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada. Si la tendencia creciente resulta constante desde el inicio de la década, cuando irrumpió la pandemia, los récords en los precios de la electricidad y el gas que se han sucedido durante los dos últimos años no han hecho más que agravarla. En 2022, el año de inicio de la guerra, la factura de luz más cara de la historia y un incremento de los salarios tres veces inferior a la inflación, el 17,1% de los hogares se encontraba en esa situación. En 2021, era el 14,1%; en 2020, el 10,9%, y en 2019, el 7,5%. En otras palabras: el porcentaje de españoles que no pueden calentarse aumenta a un ritmo de tres puntos al año durante la presente legislatura.

La llegada de Unidas Podemos al Gobierno, con un discurso muy combativo contra la pobreza energética, no ha podido evitar el empeoramiento constante de las cifras, que dibujan una tendencia preocupante en un periodo marcado por la crisis del covid, primero, y la crisis energética, después. Asimismo, certifican la insuficiencia de las políticas del Ejecutivo de coalición para abordar esta realidad. Como ha fiscalizado reiteradamente este diario, los numerosos paquetes de medidas, que incluyen la ampliación e intensificación del bono social o la creación de una nueva ayuda para los consumidores vulnerables, se han estrellado contra el muro del desconocimiento y la burocracia. No están llegando, a diferencia de lo que ocurre en otros países, y eso se nota en las cifras.

Pese a vivir una pandemia, como España, y una crisis energética incluso más dura que la nuestra —debido a su mayor dependencia del gas ruso—, la mayoría de las naciones europeas presenta una evolución mucho más favorable, siempre según el indicador que recoge la oficina estadística comunitaria en su base de datos sobre condiciones de vida (EU-SILC). La media de la Unión no está disponible para 2022, ya que muchos países aún no han reportado sus datos. Entre los que sí lo han hecho, España sufre, junto a los Países Bajos, el mayor crecimiento: 2,9 puntos más que en 2021.

Aquel año, ya sumidos en el inicio de la espiral de precios, el porcentaje de hogares que no pudo calentarse en el conjunto del bloque disminuyó en seis décimas, frente al incremento de 3,3 puntos en España. En 2020, marcado por el confinamiento pandémico, la media europea solo había aumentado esas mismas seis décimas, cinco veces menos que en nuestro país. En resumen: la estadística se ha mantenido más o menos constante en la Unión durante los últimos años, con pequeñas oscilaciones, mientras se disparaba al sur de los Pirineos.

No hay que olvidar que España tiene un menor músculo fiscal para sufragar las medidas históricas que han emprendido otros gobiernos, por lo que se ha quedado muy rezagada en la ambición de los paquetes. Según el laboratorio de ideas comunitario Bruegel, nuestro país ha dedicado el 3,4% del PIB a las diferentes ayudas contra la crisis energética, frente al 7,4% de Alemania, el 5,2% de Italia o el 3,7% de Francia. Son 871 euros per cápita desde septiembre de 2021 hasta enero de 2023, que contrastan con los más de 3.000 de la locomotora comunitaria.

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Pero la culpa no es solo de la espiral de precios de los últimos dos años. Si se amplía la fotografía, los datos aún resultan peores. En solo cinco años, España ha pasado de estar por debajo de la media europea a duplicarla; la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, aprobada por el Consejo de Ministros en abril de 2019, no ha servido para enderezar la tendencia. De hecho, desde la llegada al poder del socialista Pedro Sánchez, en junio de 2018, el número de hogares que no pueden calentarse se ha disparado un 88%: solo disminuyó el primer año tras la moción de censura que lo aupó al poder, antes de que Unidas Podemos entrase en el Gobierno y se sucediesen las crisis pandémica y energética.

Peligra el plan de Ribera

Los eventos de los últimos tres años han trastocado el plan del Ejecutivo, y amenazan las metas contempladas por el Ministerio de Transición Ecológica. El dato revelado por Eurostat casi triplica el objetivo mínimo establecido para 2025, y más que cuadruplica el objetivo buscado. En su escenario más ambicioso, el Gobierno pretendía reducir a la mitad el número de hogares que sufrían una temperatura inadecuada en su vivienda respecto al que existía en 2017, pero lo cierto es que se ha duplicado. Para cumplir, España deberá reducir en 13 puntos el indicador en los próximos tres años, es decir, mejorar los datos a un ritmo superior al que han ido empeorando desde el estallido de la pandemia.

Sin embargo, no todo son malas noticias. Además del citado, la estrategia nacional contempla otros tres indicadores para medir la pobreza energética. Tanto el porcentaje de hogares con un gasto desproporcionado como la llamada pobreza escondida —aquellos cuyo desembolso en suministros es inferior a la mitad de la mediana nacional— mantienen una evolución positiva durante los gobiernos de Sánchez, aunque todavía están muy lejos de los objetivos.

El ministerio liderado por Teresa Ribera presume en su último informe de que ambos registros, además del retraso en el pago de facturas, se redujeron durante 2021, pero para conocer su evolución durante el año pasado habrá que esperar a diciembre, cuando se actualizan las cifras. Eurostat solo ofrece información sobre el único que empeora año tras año, que es el que mejor refleja lo que la calle entiende por pobreza energética: cada vez hay menos españoles que pueden calentarse.