Puigdemont diseñó antes del 23-J su estrategia de negociación con Sánchez: "No improvisamos"

El cuartel general de Carles Puigdemont en Waterloo diseñó en las semanas previas a las elecciones generales del 23 de julio su estrategia política de cara a cuatro distintos escenarios nacionales en función del resultado de los comicios. Uno de ellos era el actual, que convierte a Junts en el partido clave para la reedición de un Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez. Según aseguran fuentes cercanas a la formación independentista, se elaboró de forma previa una hoja de ruta con las líneas maestras a seguir para manejar ese contexto. "No hemos improvisado jamás en los últimos seis años", aseguran estas fuentes.

El estrecho margen de los resultados y las dificultades de los principales partidos para formar Gobierno eran así una de las previsiones del huido en Bélgica, cuyo futuro público y procesal depende en gran medida de quien ostente las riendas del Ejecutivo central. Su círculo más cercano manejaba otras tres posibilidades. Previó la posibilidad de que el Gobierno de la nación quedara en manos de una coalición del PP y VOX o del PSOE en solitario con la muleta de Sumar, en ambos casos en un contexto de gobernabilidad marcado por una extrema confrontación. El último escenario barajado era la repetición de un esquema similar al de la pasada legislatura, una gran coalición con pocos cambios, aseguran las fuentes consultadas.

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La planificación de la que disponía Puigdemont y su entorno favoreció así el hermetismo inicial, también calculado. 24 horas después del 23-J, el expresident catalán rompió su silencio para marcar sus primeras pautas y rebajar, ya entonces, las expectativas del PSOE sobre un acuerdo rápido a cambio de su apoyo. Advirtió que Junts no le debe nada a nadie, salvo a sus votantes. "Por eso no votamos la investidura de Pedro Sánchez, ni sus presupuestos, ni sus reformas-trampa; por eso no estuvimos en la farsa de la mesa de diálogo, ni pactamos los indultos; por eso salimos del Gobierno de la Generalitat; por eso el PSC pactó con el PP para sacarnos la Alcaldía de Barcelona, y por eso no hemos pactado las diputaciones con el PSC", lanzó.

La misma actitud se ha ido manteniendo a lo largo de las dos últimas semanas. Ninguna pista sobre lo que harán o dejarán de hacer sus siete diputados La cercanía del jueves 17, día en el que se celebrará la sesión constitutiva del Congreso, y las quinielas sobre lo que sucederá entonces con la Mesa y su equilibrio de fuerzas han propiciado un nuevo mensaje en las últimas horas. Puigdemont pide ahora "paciencia, perseverancia y perspectiva". "Afrontar una negociación a través de declaraciones públicas no es nuestra opción. Quizá por eso, a medida que se acercan días decisivos, como este próximo 17, crece el nerviosismo y sube la subasta. Y se disparan las especulaciones", indicó en su cuenta de Twitter.

Distintas voces del partido o cercanas al expresident han ido, eso sí, deslizando en estos días las condiciones básicas para cualquier hipotético acuerdo. Después de recriminar a ERC durante meses la facilidad con la que apoyó en el pasado a Sánchez, Junts advierte que no aceptará nada que no incluya la amnistía para todos los investigados o condenados en relación con el procés. Una solución colectiva para "el conjunto de represaliados por el Estado", miles de personas investigadas o condenadas por hechos vinculados al referéndum del 1-O. Reclama también un referéndum de autodeterminación. Han dejado claro que no se fían del presidente del Gobierno en funciones, por lo que cualquier pacto requerirá de garantías tangibles. Hechos y no palabras.

"No busca solución personal"

El mayor detalle sobre las reivindicaciones de la formación procedió de su abogado, Gonzalo Boye, quien —en declaraciones a Rac1— concretó que la amnistía es "la vía más impecable y limpia para solucionar un problema que nunca debería haber llegado a los tribunales". Apostó así por desjudicializar el conflicto catalán acordando estas medidas a través de una ley como la que se aprobó en el año 1977. Los beneficiados, cerca de "4.000 personas" que, en su opinión, "se han visto afectadas" jurídicamente por el procés. A Puigdemont no le han pedido nunca "que busque una solución personal para ellos", sino que les defienda "como parte de un proyecto político acosado judicialmente", dijo.

Opinión

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La situación judicial del expresident fugado se encuentra en la actualidad en un paréntesis. Después de que el Tribunal General de la UE decidiera retirar la inmunidad que mantenía de forma preventiva como eurodiputado, se abrió la posibilidad de reactivar su entrega internacional. No obstante, dado que la decisión no es definitiva, ya que cabe recurso ante la instancia superior, el Tribunal de Justicia de la UE, el juez instructor del procedimiento en su contra, Pablo Llarena, se decidió por esperar a que se despeje cualquier duda antes de mover ficha. Se mantiene, eso sí, la orden de detención en España que provocaría su arresto si regresa a territorio nacional.

Después de que el Gobierno de Pedro Sánchez reformara la ley para eliminar el delito de sedición y reformar el de malversación, el Supremo mantuvo a Puigdemont procesado por este último tipo penal en su modalidad agravada. Las penas a las que se enfrenta alcanzan hasta 12 años de cárcel después de que los magistrados no vieran aplicable el tipo atenuado, más leve, que pactó el Ejecutivo del PSOE con ERC.