Las lenguas cooficiales en el Congreso, un guiño al nacionalismo que ya naufragó hace un año

El uso de las lenguas cooficiales en las dos Cámaras que componen el Parlamento ha sido durante años una suerte de pescadilla que se mordía la cola. En mitad de las negociaciones con los partidos independentistas para lograr su apoyo y componer la nueva Mesa del Congreso, así como para explorar la investidura de Pedro Sánchez, Yolanda Díaz reversionó este miércoles una propuesta concreta que ya naufragó en 2022. Hoy, sin embargo, el contexto es otro.

Y este guiño a las formaciones catalanas y vascas, especialmente Junts y ERC, llega después de que la propuesta del partido de Carles Puigdemont para extender el uso del gallego, el euskera, el catalán y el valenciano en el Senado quedara en agua de borrajas con la disolución de las Cortes. Y justo cuando el Gobierno de coalición en funciones intenta acotar al terreno económico esta negociación, intentando acallar la exigencia de los nacionalistas catalanes de un referéndum de autodeterminación.

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En el partido de Díaz, que hoy reivindicaba el "importante" papel del dirigente de los comunes Jaume Asens para acercar posturas con el expresidente Puigdemont, no querían aclarar si la propuesta partía de la coalición catalana. Se limitaban a afirmar que persiguen lo mismo que una propuesta presentada por los grupos Plural, de ERC y PNV, para reformar el Reglamento: permitir el uso de las lenguas cooficiales durante los plenos, en las comisiones y en las iniciativas escritas que presenten los partidos en el Registro. Unidas Podemos también apoyó esta reforma.

Por lo pronto, fuentes del PP aseguran que volverán a votar en contra, al considerarla una nueva "cesión" al independentismo, que ni siquiera está recogida en el programa del PSOE. Estrictamente, el programa de Sumar tampoco explicita nada sobre la reforma del Reglamento de la Cámara Baja que hoy plantean, pero la mayoría que quieren armar les garantizaría la mayoría absoluta necesaria para impulsar estos cambios. Siempre que el PSOE dé luz verde.

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Concretamente, el partido de Díaz propone resucitar la reforma del artículo 6 del Reglamento, para permitir que sus señorías se expresen en los idiomas oficiales de sus comunidades de origen, contemplando, además, la interpretación simultánea de estos idiomas para "dar visibilidad a la pluralidad lingüística de nuestro país". No hacen mención alguna a los costes. La propuesta de Junts en el Senado supondría un gasto de 950.000 euros anuales en intérpretes, según la estimación facilitada por este partido cuando registró esta iniciativa, en 2021. Ese mismo año, con la norma entonces en vigor, que solo permitía usar estas lenguas en casos muy tasados, la Cámara Alta destinaba 355.000 euros de sus presupuestos a sufragar estas partidas.

La pelota quedaría en manos del PSOE, el mismo grupo que ya votó junto a PP, Vox y Ciudadanos en contra de esta iniciativa. Hace un año, el entonces portavoz parlamentario y hoy ministro de Industria y Comercio en funciones, Héctor Gómez, adelantó el rechazo de su grupo a esta iniciativa antes siquiera de someterla a votación. Afirmó que es en el Senado donde "se tratan los aspectos de carácter de comunidad autónoma, de carácter territorial", pero también las "sensibilidades en todos los ámbitos". El mismo partido que accedió a la exigencia de ERC de obligar a las plataformas audiovisuales como Netflix a destinar 15 millones anuales a la producción en catalán y en otras lenguas cooficiales, a cambio de su apoyo a los presupuestos para 2022.

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También es el partido que avaló tramitar la propuesta de Junts en la Cámara Alta, para después solicitar la ampliación del plazo de enmiendas en decenas de ocasiones, ante las críticas de los independentistas catalanes a su "filibusterismo parlamentario". Este miércoles, ni en Ferraz ni en el grupo parlamentario socialista querían valorar la propuesta de Díaz, que quedará en vía muerta sin su apoyo.

La polémica viene de lejos. Según la Agencia EFE, en 2004 Esquerra Republicana de Cataluña logró el apoyo del PSOE para poder usar la lengua materna de los parlamentarios en breves intervenciones, que después deberían traducir al castellano. Un año después, el entonces diputado de ERC, Joan Tardá, fue expulsado de la tribuna de oradores por el presidente de la Cámara, el socialista Manuel Marín, por no traducir al castellano la intervención que acaba de realizar en catalán.

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En el Senado, pese a ser la Cámara de representación territorial, solo pueden utilizarse desde hace 12 años, y únicamente en el debate de mociones. Hasta la mesa de diálogo entre el Gobierno central y la Generalitat catalana ha abordado la revisión del Reglamento de la Cámara Alta para favorecer el uso de lenguas oficiales. Y, como tantas otras veces, la idea que hoy rescata Díaz acabó entonces guardada en un cajón. Otra cosa es que el PSOE, que hoy necesita los votos de ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG para revalidar el Ejecutivo de coalición, dé un nuevo giro de 180 grados. De momento, nadie ha querido descartarlo.