Ayuso y Dolores Delgado, el martes más negro del fiscal general: "Debe dimitir"

El 24 de enero de 2024, Álvaro García Ortiz tomaba posesión de su cargo para sujetar las riendas del Ministerio Público tras la accidentada investidura de Pedro Sánchez nacida de las elecciones del 23-J. Desde entonces hasta ahora su nuevo mandato -que inició con vocación de permanencia y estabilidad- se ha ido convirtiendo en una carretera llena de baches y curvas. Crisis tras crisis, mes tras mes, los problemas del fiscal general han llegado a un punto álgido esta semana. Voces críticas de la Fiscalía y la judicatura comienzan a señalarle la puerta de salida y consideran insostenible su continuidad. "Debe dimitir", dicen ya abiertamente algunos.

En las últimas 24 horas, García Ortiz se encontró con dos decisiones judiciales que le afectan de forma directa. Por una parte, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid admitió a trámite la querella del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, contra la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, y el fiscal de la Sección de Delitos Económicos de esta comunidad, Julián Salto Torres, por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos. La apertura de este procedimiento amenaza de forma directa al fiscal general como se deja ya entrever en el auto dictado que señala la posible responsabilidad de "otras personas" y se refiere a la defensa pública de la nota de prensa que ha generado la investigación efectuada por el máximo dirigente de la Fiscalía.

Lo que hace el TSJ es dar el pistoletazo de salida a "una indagación" en la que se determinará si la Fiscalía vulneró el deber de confidencialidad y reserva que debe presidir las actuaciones penales, en este caso, las relacionadas con la causa sobre los delitos fiscales presuntamente cometidos por la pareja de la presidenta madrileña. La Fiscalía informó en un comunicado de la sucesión de comunicaciones que mantuvo el abogado del empresario con el fiscal del caso y de que, en busca de un pacto, aceptó la comisión de los delitos contra la Hacienda Pública.

La sospecha no declarada de los denunciantes es que la orden de difundir las aclaraciones a la prensa partió del fiscal general. A García Ortiz no se le escapa esta intención y, de hecho, asumió hace días la "responsabilidad" final de esa decisión. Distintas fuentes jurídicas consultadas auguran que la cuestión acabará en manos del Supremo. Las consecuencias de una futura condena por revelación de secretos son muy graves para cualquier miembro de la Fiscalía y pueden implicar la pérdida de la condición de fiscal. De nada ha valido el tira y afloja escenificado hace unas semanas con la fiscal que se oponía a apoyar el cierre.

TE PUEDE INTERESAR

El TSJM abre una investigación contra los fiscales por la filtración sobre el novio de Ayuso

Pablo Gabilondo

Como si esta crisis no fuera suficiente, casi de forma simultánea, el Supremo se pronunció sobre otra cuestión muy sensible en la que, además, llueve sobre mojado. Anuló por segunda vez la atribución de una plaza a la predecesora de García Ortiz, la también exministra de Justicia Dolores Delgado. Lo hizo apuntando a que el fiscal general -que la propuso con la mayoría del Consejo Fiscal levantado en contra- soslayó el deber de escuchar al órgano asesor respecto a su posible incompatibilidad para dirigir la Fiscalía de Memoria Democrática, un área de interés para su pareja, el exjuez Baltasar Garzón.

Ya hace meses, el TS apreció que se había forzado la máquina para buscar acomodo a Delgado en la máxima categoría de la Fiscalía con otro nombramiento, el primero que consagró su ascenso, en la Fiscalía de Sala de lo Militar. Dijo entonces que García Ortiz había incurrido una "desviación de poder" para abrir el camino a la que había sido su jefa con la que, además, mantiene una estrecha y reconocida amistad.

La dimisión

Pocas horas después de que se combinaran estas dos resoluciones judiciales, el Senado escenificará el rechazo a la continuidad de García Ortiz, promovida por el PP, que prevé votar en la cámara alta una moción para reclamar su cese. Que el PP pida que se vaya, no es nuevo, lleva sucediendo casi desde el inicio de su mandato. Menos habitual es el malestar que evidencian, en privado, sectores de la Fiscalía, del Consejo General del Poder Judicial y de la carrera judicial. Preocupa, además, el papel clave que tendrá que desempeñar en aplicación de la ley de amnistía, cuya entrada en vigor está más cerca.

Los que se oponen a que siga recuerdan que efectuó una defensa "más bien templada" ante las acusaciones de 'lawfare' que salpicaban también a los fiscales del procés y señalan que llevó las riendas de la postura de la Fiscalía en contra de la apertura de causa a Carles Puigdemont por el terrorismo relacionado con la plataforma Tsunami. Con esos mimbres, creen más que probable que tratará de abrir camino a una gracia sin trabas para los principales protagonistas del proceso independentista en Cataluña.

La segunda etapa del fiscal general se estrenó ya con rechazo. Un CGPJ dividido concluyó, por primera vez en la historia, que no era idóneo para ocupar la plaza. De entonces a ahora, estos meses recuerdan mucho a una estación de penitencia. Martes de Dolores. Y de Isabel.