El Senado exige al Gobierno el cese de García Ortiz por su "intolerable conducta" en la Fiscalía

El PP intensifica su cruzada contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y llevará al próximo pleno en el Senado una moción para exigir al Gobierno su cese. Los populares aprovecharán su mayoría absoluta en la Cámara Alta para sacar adelante la iniciativa, que implica un elemento más de presión al jurista por el rosario de "escándalos" que ha acumulado desde su nombramiento. La iniciativa se votará previsiblemente la próxima semana, a las puertas también de la aprobación del veto a la ley de amnistía y el retorno de la norma al Congreso de los Diputados.

Los populares enumeran en su moción un conjunto de "razones" que, a su juicio, debería llevar al Gobierno a que proponga su cese "inmediato". El escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial, recuerda que el nombramiento de García Ortiz estuvo viciado desde su origen. Por primera vez en la historia, no obtuvo el apoyo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al entender que no cumplía "con el requisito de la imparcialidad que la asunción de tan alta responsabilidad implica" por su aparente "vinculación con el Poder Ejecutivo".

Como publicó este medio, en el órgano argumentaban la inédita decisión en factores como el silencio que había mantenido García Ortiz respecto a las referencias de supuesto 'lawfare' recogido en el acuerdo de investidura entre PSOE y Junts; su favoritismo a la hora de aupar a fiscales cercanos o el supuesto desprecio hacia el Consejo Fiscal, a cuya mayoría ignoró cuando ascendió a Dolores Delgado a la categoría más alta de la carrera fiscal, con la que había trabajado como responsable del gabinete técnico. El nombramiento fue anulado por el Tribunal Supremo, que apreció un caso de "desviación de poder".

El documento, firmado por la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, destaca el caso de la "instrucción" de García Ortiz a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid "para que enviara a los medios de comunicación una nota de prensa con la cronología de las conversaciones privadas mantenidas entre el letrado de Alberto González Amador y el fiscal del caso", en alusión al escándalo del presunto fraude fiscal cometido por la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

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Los populares denuncian que "se trata de un caso gravísimo de violación del secreto profesional", aunque la Junta de Fiscales ya concluyó el pasado 24 de abril que no investigaría la querella presentada por el novio de la presidenta madrileña por presunta revelación de secretos. El PP se hace eco además de una supuesta instrucción de García Ortiz para intentar detener "de forma deliberada" la tramitación del caso Koldo que afecta al PSOE antes de las elecciones generales del pasado 23 de julio para evitar, dicen, un desgaste para las siglas socialistas.

En la exposición de motivos, los populares denuncian también las reiteradas negativas de García Ortiz a emitir un informe sobre la proposición de ley de amnistía. El Senado ha requerido hasta en dos ocasiones dicha información al fiscal general del Estado, pero se ha encontrado con la puerta cerrada. La decisión de Ortiz choca con el criterio del Consejo Fiscal, que ya se levantaron en armas contra la resolución "unipersonal" del jurista, al que se acusó también desde la Asociación de Fiscales de intentar "ocultar información" sobre la petición de la Cámara Alta. Todo apunta a que la ley de amnistía volverá al Congreso sin que la Fiscalía General del Estado haya valorado su idoneidad.

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Este cúmulo de razones llevan al PP a agotar hasta la última vía para exigir al Gobierno la destitución "inmediata" de Álvaro García Ortiz por "incumplimiento grave y reiterado de sus funciones" y "su intolerable conducta en el desempeño de su cargo". La moción recibirá el visto bueno de la Cámara Alta la próxima semana, aunque se trata de una iniciativa sin carácter vinculante y que el Ejecutivo no tiene la obligación de atender. La iniciativa se encuadra dentro de la contraofensiva que ha desplegado Alberto Núñez Feijóo para combatir la posible reforma judicial que planea el Ejecutivo y su intención de "perseguir" a jueces independientes.