El CGPJ concluye por primera vez en su historia que el fiscal general no es idóneo para el cargo

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha concluido este jueves por ocho votos a favor, siete en contra y una abstención que Álvaro García Ortiz no es idóneo para el cargo de fiscal general del Estado. Nunca antes el CGPJ había rechazado la idoneidad de un fiscal general: en julio de 2022, García Ortiz logró el aval por 12 votos frente a siete, el mismo resultado que su antecesora en el cargo, Dolores Delgado, obtuvo en enero de 2020. Tras 14 meses en el cargo y la jubilación de uno de los vocales, ahora la mayoría le da la espalda.

El pronunciamiento llega, además, en un momento en el que gran parte de la carrera se muestra crítica con García Ortiz por guardar silencio ante las referencias al lawfare que recoge el pacto suscrito entre el PSOE y Junts per Catalunya. Según ha defendido el fiscal general en repetidas ocasiones durante las últimas semanas, "ha de mantener una posición pública que refuerce el principio de imparcialidad" y "respetar el principio de separación de poderes constitucional al Estado de derecho".

También se añade el peso de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que apreció "desviación de poder" en la forma en la que sacó adelante el ascenso a la categoría más alta de la carrera fiscal de Delgado, con la que había trabajado como responsable del gabinete técnico. El rechazo del CGPJ marcará una etapa muy delicada para la Fiscalía, que deberá posicionarse sobre la aplicación de la amnistía en cientos de casos.

Las consecuencias de esta decisión son simbólicas y no tiene carácter vinculante para el Gobierno. El fiscal general es nombrado y cesado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial y previa valoración de su idoneidad por la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. Intervienen, pues, en su nombramiento los tres poderes del Estado. La elección debe recaer entre juristas españoles de reconocido prestigio y con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión. Tiene carácter de autoridad en todo el territorio español. La etiqueta de inidoneidad atribuida hoy pesará, eso sí, en la valoración pública de sus decisiones.

La balanza se ha inclinado en su contra por la mínima y a consecuencia de una abstención. Han rechazado que sea adecuado para el cargo ocho vocales del bloque conservador. A favor de avalarle se han mostrado todos los progresistas y el presidente suplente del CGPJ, Vicente Guilarte, considerado también conservador. El vocal Enrique Lucas, que accedió al cargo a propuesta del PNV, se ha abstenido porque la dura sentencia del Supremo que le reprochaba "desviación de poder" fue ponencia de su hermano, Pablo Lucas.

Los motivos de la inidoneidad

Los ocho vocales que han precipitado el revolcón al jefe de la Fiscalía apuntan a diversos motivos. Las fuentes consultadas destacan la sentencia del Supremo y su silencio respecto a las referencias al lawfare, pero también su supuesto favoritismo en determinados nombramientos para aupar a fiscales cercanos y el supuesto deprecio que ha mostrado hacia el Consejo Fiscal. "No han faltado argumentos", dice uno de los vocales presentes en el pleno.

El grueso de sus argumentos se recogen en el voto particular que ya emitieron en julio 2022 contra su nombramiento. Según sostenían en el mismo, García Ortiz no cumple "con el requisito de la imparcialidad que la asunción de tan alta responsabilidad implica" y su trayectoria crea "una apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo". Aquel voto lo firmaban José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, José María Macías, Gerardo Martínez Tristán y Carmen Llombart, a los que ahora se suma el rechazo de Wenceslao Olea.