El fiscal general se escuda en el "principio de imparcialidad" para no valorar la amnistía

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El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha remitido este jueves una carta a los miembros de la carrera en la que evita posicionarse sobre la ley de amnistía porque "ha de mantener una posición pública que refuerce el principio de imparcialidad". García Ortiz no descarta que la Fiscalía pueda valorar la norma "una vez forme parte de nuestro ordenamiento tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado", pero advierte de que ese posicionamiento "se realizará a través de los cauces estatuarios" y será "en todo caso técnico-jurídico".

García Ortiz publica esta carta después de que los cuatro fiscales de la causa del procés, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Jaime Moreno y Javier Zaragoza, le hayan pedido amparo frente a los acuerdos firmados por el PSOE y los partidos independentistas: "El solo hecho de que se arroje la sospecha sobre los fiscales de una actuación ilegal admitiendo que se podría calificar el ejercicio de sus funciones constitucionales y estatutarias como injusto, desproporcionado y guiado por motivos políticos solo puede entenderse como un ataque a la institución que debe ser objeto de respuesta inmediata por el fiscal general", sostienen en su carta.

Sin embargo, García Ortiz considera que, al menos por el momento, debe mantenerse al margen del debate: "La observancia del derecho vigente y la sujeción al principio de legalidad constituyen mandatos imperativos para el Ministerio Fiscal, en ocasiones desarrolladas en las más difíciles condiciones", argumenta. "El Ministerio Fiscal (...) debe respetar el principio de separación de poderes constitucional al Estado de derecho y evitar cualquier injerencia en las funciones constitucionalmente atribuida a cada uno de los tres poderes".

Las asociaciones de fiscales sí se posicionan

Todas las asociaciones fiscales, incluida la Unión Progresista de Fiscales (UPF), ya emitieron comunicados la pasada semana en los que criticaban el acuerdo alcanzado por el PSOE y Junts per Catalunya. Según advertían, las referencias que incluía este pacto al lawfare y "judicialización de la política" resultan inadmisibles, al igual que la posible creación de unas "comisiones de investigación en sede parlamentaria sobre actuaciones judiciales" que "pervertirían completamente el sistema constitucional de separación de poderes".

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La Asociación de Fiscales (AF), de corte conservador y mayoritaria en la carrera, ha elevado el tono desde entonces, hasta el punto de que este domingo pidió la dimisión de García Ortiz por su "pasividad" en "la defensa del Estado de derecho, la efectiva separación de poderes y la independencia del Ministerio Fiscal". Para esta organización, la ley de amnistía exige una respuesta inmediata ante "la ruptura de las reglas y principios básicos que definen a España".

Los últimos en sumarse a estas críticas han sido los fiscales del procés, quienes también apuntan en su carta a "la creación de comisiones de investigación en sede parlamentaria con la finalidad de evaluar las actuaciones que hayan realizado o realicen los órganos judiciales y del Ministerio Público". Si esta iniciativa sale adelante, avisan de que "podrá servir para ejercer acciones de responsabilidad contra quienes legítimamente y en el ejercicio de sus funciones defendieron la legalidad constitucional".

García Ortiz ha decidido mover ficha tras recibir esta última carta, pero su respuesta no va más allá de la que ya dejó caer el pasado sábado durante su intervención en el congreso de la Asociación de Fiscales. El fiscal general sostuvo entonces que cualquier posicionamiento sobre la amnistía exigirá "conocerla en su literalidad" y se llevará a cabo "a través de los cauces estatutarios y en los procedimientos en los que el ordenamiento jurídico demanda su intervención". Tras las críticas de los últimos días y una vez conocida la redacción de ley de la amnistía, García Ortiz repite la misma idea, pero por escrito y ante toda la carrera.