El fiscal general: "El posicionamiento frente a la amnistía exige conocer la ley"

El fiscal general del Estado ha mencionado por primera vez este sábado la ley de amnistía cuya aplicación requerirá el posicionamiento del Ministerio Público caso a caso. Álvaro García Ortiz no ha querido avanzar un criterio y ha indicado que este dependerá del texto que aprueben las Corte. Exige "conocerla en su literalidad", ha indicado a la vez que ha recordado que velará "siempre por la independencia de los tribunales".

García Ortiz ha intervenido en el XXIV Congreso de la Asociación de Fiscales que se ha celebrado en Jerez de la Frontera (Cádiz). En el tramo final del discurso, ha especificado que este posicionamiento se hará "a través de los cauces estatutarios y en los procedimientos en los que el ordenamiento jurídico demanda su intervención".

Álvaro García Ortiz ha incidido en que la carrera fiscal y "este fiscal general" velarán siempre por "la independencia de los tribunales" y procurarán ante estos la "satisfacción del interés social. Es nuestro imperativo constitucional y legal". Cristina Dexeus, portavoz y presidenta de la Asociación de Fiscales, mostró ayer viernes en el mismo congreso su "rechazo absoluto" a la ley de amnistía pactada por el PSOE y Junts, y dijo que es "un ataque sin precedentes a la independencia judicial". Reclamó, en presencia del fiscal general, "su dimisión" por no enfrentarse a los "ataques" a la independencia de los fiscales después de que Carles Puigdemont reclamara que bajaran los brazos en los procedimientos que afectan al independentismo.

La Asociación de Fiscales emitió el jueves un comunicado en el que mostraba su "más firme oposición" a la aprobación de una ley de amnistía

La Asociación de Fiscales emitió el jueves un comunicado en el que mostraba su "más firme oposición" a la aprobación de una ley de amnistía y a un acuerdo que contempla la posibilidad de "establecer comisiones de investigación sobre actuaciones judiciales que pueden generar acciones de responsabilidad". Esta asociación calificaba en el comunicado de "inadmisible" la utilización del término "guerra judicial" (lawfare) utilizado en el acuerdo, al tratarse de un concepto que "no tiene encaje" en el orden constitucional vigente.

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En su discurso, el fiscal general ha mostrado su respeto y reconocimiento a sus compañeros que participan en asociaciones de fiscales, aunque ha señalado que "no es lo mismo el ejercicio institucional de un cargo que el pleno desarrollo de la vida asociativa". También ha dicho que la dependencia jerárquica en el Ministerio Fiscal "no debe estar sino al servicio de la unidad de actuación, y ambos principios al servicio de la seguridad jurídica y la igualdad de todas y todos ante la ley en cualquier parte del territorio del Estado.

La Unión Progresista de Fiscales, a la que pertenece el fiscal general, se mostró también muy crítica con la redacción del acuerdo suscrito entre Junts y el PSOE en la que se hacen referencias al lawfare. "La UPF quiere dejar claro ante la ciudadanía su confianza absoluta en nuestro Poder Judicial que es neutral, independiente y, además, garante de la democracia española", señaló la organización.

"Por esta razón mostramos nuestro absoluto rechazo al respecto de las referencias al lawfare o judicialización de la política contenidas en el documento suscrito entre PSOE y Junts con objeto de la investidura. Entendemos inadmisible la posible creación de comisiones de investigación en sede parlamentaria sobre actuaciones judiciales, ya que pervertiría completamente el sistema constitucional de separación de poderes", continuaba el escrito.