Sánchez enfila una legislatura imposible sometido a Puigdemont y con la mitad del país sublevado

“Se exigió una libra esterlina a punta de pistola. Cuando se entregó, se exigieron dos libras esterlinas a punta de pistola. Al final, el dictador accedió a tomar una libra, 17 chelines y seis peniques y el resto, en promesas de buena voluntad para el futuro”. La cita de Winston Churchill para desmontar el espíritu de Múnich bien podría aplicarse al pacto que en la madrugada del jueves alcanzaban PSOE y Junts en Bruselas para desatascar la investidura de Pedro Sánchez que previsiblemente la presidenta del Congreso, Francina Armengol, fijará hoy para el 15 y 16 de noviembre. Arrancará entonces una legislatura marcada por la inestabilidad que supone la dependencia de los siete votos de Carles Puigdemont y la tensión con el PP que da por “rota” cualquier opción de pactos de Estado o diálogo con el futuro presidente: “Ha elegido sus socios”. El prófugo ya ha lanzado la primera amenaza: "Tendrá que ganarse la estabilidad día a día".

Apaciguamiento a cambio de la colaboración activa —incluso— con los criminales. Sobre esa base se entregó parte de Checoslovaquia a la Alemania de Hitler en 1938. Hoy el relato habla de abrir “una nueva etapa y contribuir a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Catalunya”. Los socialistas asumen punto por punto la tergiversación del independentismo y dan por bueno que ha existido una “persecución activa” de la causa, como se recoge en los antecedentes del texto acordado. Se establece que “una parte importante de la sociedad catalana ha protagonizado en los últimos años una gran movilización en favor de la independencia”.

¿La causa? La sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 que eliminó 14 artículos del Estatut acordado por Artur Mas y José Luis Rodríguez Zapatero y que se votó precisamente un 9 de noviembre. ¿El culpable? El PP por presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, que, por el contrario, hoy la Moncloa espera que sea su “aliado” para validar una ley de amnistía de la que aún no se conoce el redactado porque, según ambas partes, “hay flecos por afinar”. Previsiblemente, a principios de la próxima semana se registrará la proposición de ley en el Congreso. Sí conocemos el alcance temporal: “La norma debe incluir tanto a responsables políticos como a ciudadanos que antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017 han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos”.

En lo inmediato está firmar con el PNV, que hará valer sus cinco votos. Los nacionalistas vascos también buscan un gesto en clave de reconocimiento como nación además de contrapartidas económicas. Juntas ha arrancado el compromiso de que se le ceda la recaudación del 100% de los impuestos. Un cupo catalán que los inspectores de Hacienda ya han calificado de “inconstitucional” tras mostrar en un escrito su “rechazo frontal” al ser un elemento de desigualdad entre las comunidades. De facto supone ir a un modelo de estado confederal.

Tras amarrar al PNV, arrancará una larga tramitación que el PP espera demorar gracias a su mayoría en el Senado para tener la amnistía en barbecho hasta dos meses. Aún está por ver el “perímetro” de la amnistía, pero solo el avance que recoge el pacto PSOE-Junts provocó ayer una reacción sin precedentes en la Judicatura. Todas las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales, conservadoras y progresistas, suscribieron un comunicado en el que se alerta de que “hay un riesgo evidente de quiebra de la democracia”.

Ponen el foco en la parte del acuerdo que habla de la creación de comisiones de investigación en el Congreso para determinar si algunos de los procedimientos judiciales abiertos estarían enmarcados dentro del llamado lawfare o, dicho de otra forma, son fruto de la “persecución política”. El poder legislativo puede fiscalizar la labor del judicial e incluso llevar a cabo “acciones de responsabilidad” contra los magistrados.

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El lawfare ha sido precisamente uno de los principales escollos entre los negociadores. Puigdemont elevó sus exigencias tras la firma del pacto con ERC y pidió amnistiar a sus colaboradores. Incluir casos ajenos al referéndum del 1 de octubre entre los que estarían desde su abogado Gonzalo Boyé, acusado en una causa de narcotráfico, a Laura Borrás, condenada por trocear contratos públicos. Los socialistas siempre negaron que estuvieran sobre la mesa, pero en lo acordado con Junts se da vía libre para que se les exonere de cumplir sus condenas, por ejemplo, vía indulto.

Pese a que el PSOE dejó ayer el espacio al relato soberanista, fuentes socialistas precisaron que el acuerdo “no prevé la creación de comisiones de investigación con el objetivo de detectar lawfare”. Aclaran que, cuando se refiere el pacto a “las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura”, está aludiendo a las comisiones pactadas con Junts y con ERC para la constitución de la mesa del Congreso entre las que está la operación Cataluña y reabrir Pegasus. Concluyen que “el Parlamento no fiscalizará a los jueces” y que los socialistas “respetan la separación de poderes”.

Esta no será la última polémica. El PSOE ha aceptado que haya un verificador internacional pese a que los emisarios de Sánchez intentaron evitarlo hasta el último minuto. “Por ahí no podemos pasar”, manifestaban apenas hace una semana quienes hoy bendicen la figura del relator que llevó a la repetición electoral de 2019 porque Sánchez consideraba inasumible la exigencia de ERC. Los verificadores internacionales no cabían por aquel entonces en las democracias. Tampoco el referéndum que también ha quedado plasmado ayer sobre el papel. La noche electoral del 23 de julio ha modulado muchos discursos. El PSOE insiste en que no habrá consulta y remarcan que la “línea roja” para negociar siempre será la Constitución. Fuentes del entorno más próximo al prófugo sostienen que hay un compromiso de los socialistas de que se celebre un referéndum esta legislatura.

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Puigdemont ya ha marcado sus reglas y sitúa los “únicos límites” en el Parlamento de Cataluña. Si no avanza la negociación con Sánchez, boicoteará la legislatura. En el PSOE asumen que será un mandato “duro”, pero matizan que “para todos”. Los más próximos al presidente solo quieren ir a la siguiente pantalla. Dan por hecho que Sánchez renovará casi todos sus ministros y ven una oportunidad de lanzar un mensaje de “ilusión”. En las federaciones hay preocupación. No dan crédito al texto que se ha pactado. "¿Dónde están las cesiones de Puigdemont?", se preguntan. En el redactado no hay ninguna mención a que el prófugo vaya a renunciar a la unilateralidad.

En las filas socialistas había desánimo. Silencio absoluto y goteo de bajas de afiliados. “Nada preocupante”, precisaban. La “vieja guardia” es más severa en el análisis. “Se ha cerrado el paréntesis de la Transición y sepultado el PSOE reformista”, lamenta un histórico que adelanta que habrá movimientos en las próximas semanas. La única voz crítica en activo, Emiliano García-Page, valorará hoy el acuerdo. El silencio ayer era la máxima. Ningún dirigente salió a rebatir el discurso victorioso de Puigdemont. En el PSC tampoco había celebración. La próxima batalla serán las elecciones catalanas, que podrían adelantarse al año que viene. Salvador Illa aspira a ganar, pero Junts y ERC también. La pugna entre los independentistas marcará un nuevo punto de inestabilidad en la legislatura. El PSOE se medirá en Cataluña y País Vasco con sus socios. Se revisarán los acuerdos, pero todos, incluso el PP, dan por hecho que Sánchez aguantará.

“Cederá ante Junts y ERC en cada votación”, aventuran en Génova, donde se preparan para ir a una oposición dura. Movilizarán la calle para rentabilizar el malestar social y en paralelo trabajarán para que la Unión Europea actúe ante la amnistía, comparándola con lo que ocurrió en Hungría y Polonia. Sin elecciones en el horizonte, Alberto Núñez Feijóo se consagrará a desgastar a un presidente que ya ha dejado constancia de su capacidad de resistencia.