El TSJC condena a Borràs a 4 años y medio, pero sugiere indultarla y que evite la cárcel
Borràs fue juzgada por los delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental por 18 contratos adjudicados de forma irregular a su amigo Isaías Herrero
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El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha condenado a la presidenta de Junts, Laura Borràs, a cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por fraccionar contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), entre 2013 y 2017, pero ha propuesto su indulto parcial para que pueda evitar su ingreso en prisión. En concreto, el fallo dispone proponer al Gobierno de Pedro Sánchez que se le conceda esa gracia en referencia exclusivamente a la pena de cárcel que exceda los dos años, límite que le permitiría eludir un encarcelamiento. La condena también incluye una multa de 36.000 euros.
En la sentencia, que se puede recurrir, el alto tribunal catalán atribuye a Borràs los delitos de prevaricación y falsedad documental, por los que también le impone una condena de 13 años de inhabilitación.
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El monto de los contratos otorgados a su amigo Isaías Herrero, también condenado, fue de 335.700 euros. Andreu Pujol, otro acusado en este juicio, prestó su nombre y el de sus empresas para camuflar el destinatario final de ese dinero. Durante el juicio, quedó claro que Borràs no solo conocía que estaba obrando ilegalmente, sino que, además, daba instrucciones a Herrero sobre cómo hacer trampas para detraer el dinero público.
El tribunal condena a dos años de cárcel Isaías Herrero como "cooperador necesario" del delito continuado de falsedad en documento oficial y como autor de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, con la concurrencia de la circunstancia atenuante de la de confesión. También se le impone una multa de 2.100 euros, inhabilitación de un año y 10 meses, así como se le impide contratar con las administraciones públicas durante un año y 10 meses.
A Andreu Pujol, el TSJC le condena por delito continuado de falsedad en documento oficial y como autor de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, como cooperador necesario y tras aplicar el atenuante de confesión, a un año y dos meses de prisión con inhabilitación y una multa de 2.250 euros, así como la inhabilitación especial para contratar con administraciones públicas o sus entes dependientes por tiempo de un año y un día. A Pujol se la adjudica la responsabilidad de haber elaborado presupuestos y facturas a su nombre como trabajador autónomo o a través de su empresa APMGC&CE y confeccionar los documentos, siguiendo las indicaciones que le daba Herrero, consciente de que los trabajos ya se habían realizado.
Petición de indulto
En la sentencia, hubo un voto discrepante de la magistrada María Jesús Manzano, que considera que la cárcel es una pena demasiado rigurosa y la sentencia acompaña una petición de indulto para rebajar la condena a dos años de cárcel y evitar así la entrada en un centro penitenciario. Esta magistrada se opuso a la condena de cárcel de Borràs y, al mismo tiempo, a que se absolviese de prevaricación a los otros dos acusados. También era partidaria de considerar a Borràs inductora y a los otros dos acusados de los verdaderos autores de los delitos. Es más: la magistrada discrepante sostiene que se debería aplicar al dirigente de JxCAT una rebaja de pena por dilaciones indebidas (de hecho, los vaivenes del sumario fueron provocados por la propia Boràs al cambiar de jurisdicción continuamente) y que no debería superar los 21 meses. La mayoría del tribunal, no obstante, no compartía esta tesis.
De lo que no se libra la presidenta de Junts y expresidenta del Parlament es de la inhabilitación, por lo que definitivamente deja de ser presidenta de la Cámara, cargo del que estaba apartada desde septiembre pasado en virtud de la aplicación del reglamento de la institución, pero que no había dejado, por lo que desde su abrupta salida no pudo elegirse a un nuevo presidente (o presidenta) de la Cámara legislativa.
Borràs sale de manera ignominiosa del Parlament. No dimite, la ha echado la Justicia por corrupta
Borràs sale de manera ignominiosa del Parlament. No dimite, la ha echado la Justicia por corrupción. Es un palo para el partido que también preside y para la Cámara legislativa catalana. Es la primera presidenta del Parlament que es cesada por las bravas y por un asunto que no es político, por mucho que ella insista en un lawfare.
Desde su entorno, se ha intentado cargar contra el fallo aduciendo que la sentencia ya estaba escrita desde antes del juicio, de que todo era un montaje de las "cloacas del Estado" (su escándalo fue levantado por los Mossos y ella intentó interferir políticamente cuando fue consejera de Cultura con Quim Torra, motivo por el que la jueza se lo sacó a los Mossos y lo adjudicó a la Guardia Civil) y de que todo se debía a una conjura entre la Fiscalía y los otros acusados.
¿Hubo pacto de los otros acusados, Isaías Herrero y Andreu Pujol, con la Fiscalía? Lo único claro es lo que dijo Isaías Herrero durante la vista: en su anterior juicio, en el que fue condenado, decidió contar la verdad. Y en el que afectaba a Laura Borràs hizo lo propio, aun a riesgo de ser condenado otra vez. Borràs y su abogado, Gonzalo Boye, intentaron hacer ver que la postura de Herrero era ignominiosa. Hubo ataques personales muy directos contra Herrero, que tuvo que cortar el presidente de la sala, Juan María Barrientos. Y hubo el intento de anular el juicio apelando a un hipotético pacto de los otros acusados con Fiscalía. Pacto que jamás se llegó a demostrar y que, de haberlo habido, hubiese sido legal.
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La abogada Marina Roig, defensora del amigo de Borràs, deploró los derroteros de Boye y Borràs: “Tenemos concepciones muy diferentes de lo que es el derecho de defensa. Lo habitual es que, durante un procedimiento, las defensas hayan hablado y se vayan coordinando aspectos comunes y sustanciales. El intercambio entra dentro de la actuación normal. El tiempo pasa y algunas defensas pueden hablar con el fiscal y pueden comunicar que existen conversaciones, por si las otras defensas se quieren añadir. Eso es válido y legítimo. Instrumentalizar este tema no es el foro adecuado esta sala de vistas. Se está utilizando la sala para tener trascendencia fuera de ella. El ejercicio de la defensa se ha de ejercer individualmente. Si una estrategia no le agrada a la otra parte, no se tiene nada que decir y no hay que hacer un show de este asunto”.
Pero la sentencia da por probado que Borràs “hizo quebrar todos los principios que rigen en materia de contratación pública, entre ellos el de publicidad y transparencia, el principio de libre acceso y concurrencia de licitadores interesados en la prestación del servicio, así como los principios de no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, además de la libre competencia en la conformación de los precios, principio determinante de una eficiente utilización de los fondos públicos gestionados”, dice el texto del fallo judicial.
La presidenta de JxCAT "fraccionaba ficticiamente los trabajos ya adjudicados de forma directa al señor Herrero"
La mayoría del tribunal consideró que las adjudicaciones de Laura Borràs a su entonces amigo Isaías Herrero tenían trampa y contravenían todas las leyes de contratación pública. Le adjudicó, por ejemplo, la confección de la web de la ILC, tarea que debía realizar el CTTI, un organismo de la Generalitat. “El encargo y la adjudicación de los trabajos encomendados al señor Herrero para la creación, desarrollo y mantenimiento de la web de la ILC lo realiza la señora Borràs como directora de la ILC y, por tanto, como órgano de contratación de la institución, con plena conciencia de que estaba encargado unos trabajos y produciendo una adjudicación directa que prescindía de los más elementales requisitos previstos para la contratación administrativa, conociendo como conocía la existencia de un concierto de la Generalitat con el CTTI que recomendaba asignar a este centro tecnológico el desarrollo y gestión de todas las TIC del Govern y sus entes dependientes, como también sabía y era consciente de que los contratos de obras o servicios debían sujetarse a los procedimientos de contratación vigentes y vinculantes para todas las administraciones públicas”.
Da por sentado también, conscientemente, que la presidenta de JxCAT “fraccionaba ficticiamente los trabajos ya adjudicados de forma directa al señor Herrero”. Y añade que los procedimientos administrativos en los expedientes de contratación menor eran “mendaces, en la medida en que resuelven otros tantos procedimientos de contratación menor ficticios, como ha sido una ficción la concurrencia aparente de tres licitadores en cada uno de los expedientes de contratación menor tramitados, que habían sido creados artificialmente en ejecución del plan de actuación decidido por la señora Borràs con el único fin de lograr ocultar la contratación prevaricadora”. Y así se fueron evaporando, año tras año, 335.700 euros de las arcas públicas.
Turull cierra filas con Borràs
El secretario general de JxCAT, Jordi Turull, ha cerrado filas con Laura Borràs y ha evitado pronunciarse sobre su posible relevo al frente del Parlament o del partido.
En una rueda de prensa en la sede del partido, Turull ha afirmado que Junts estudia todas las vías jurídicas para que la Junta Electoral Central (JEC) no "interfiera" en la vida del Parlament. "No hablaremos respecto a sustituciones hasta que no estemos en un posible escenario de sustitución. Entonces tomaremos las decisiones en los órganos del partido. Tenemos la presidencia del Parlament: la presidenta del Parlament se llama Laura Borràs", ha resuelto.
Por su parte, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha pedido poner fin a la interinidad en la Presidencia del Parlament.
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"Es imprescindible que los grupos parlamentarios del Parlament tomen las decisiones que estén en su mano para que todas las instituciones del Parlament, también la presidencia, puedan funcionar con plenas funciones", ha dicho este jueves en declaraciones a la prensa.
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha condenado a la presidenta de Junts, Laura Borràs, a cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por fraccionar contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), entre 2013 y 2017, pero ha propuesto su indulto parcial para que pueda evitar su ingreso en prisión. En concreto, el fallo dispone proponer al Gobierno de Pedro Sánchez que se le conceda esa gracia en referencia exclusivamente a la pena de cárcel que exceda los dos años, límite que le permitiría eludir un encarcelamiento. La condena también incluye una multa de 36.000 euros.