¿Un cupo vasco para Cataluña? No tan deprisa, Hacienda enfría el concierto fiscal que quiere Junts

Ni Concierto Económico ni cupo. El Gobierno enfría las pretensiones de Carles Puigdemont y no cederá el cien por cien de los impuestos recaudados a la Generalitat. Es la principal exigencia en materia económica recogida en el acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts, pero fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran a El Confidencial que no transigirán. La propuesta de los independentistas pasa por una modificación de la LOFCA que reconozca la “singularidad” de la administración catalana y que facilite la cesión del “100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña”. Un modelo propio más próximo al vasco y navarro (aunque con muchas salvedades) que al del resto de las comunidades de régimen común, donde se encuadra la catalana.

Las voces consultadas defienden que el Gobierno no cederá en ninguna de estas pretensiones y que el acuerdo tan sólo se ha limitado a reflejar las exigencias de Junts y la posibilidad de abordarlas en las negociaciones que se desarrollen a lo largo de la legislatura, ya sea en el ámbito nacional o por medio del mecanismo de verificación que incluye el pacto. Así, el PSOE restringe la "singularidad" que recoge el pacto a organismos ya existentes como la comisión mixta de asuntos económicos y no a una especie de Concierto Económico y cupo inspirado en Euskadi. De hecho, desde el Ministerio de Hacienda se sorprenden de que Junts no haya sacado a colación el “pacto fiscal” y llaman la atención ante el hecho de que el acuerdo lo que recoge es la “cesión”, que no recaudación, de los tributos.

Tampoco el Ministerio está por la labor de incrementar el porcentaje que de los impuestos recaudados se transfiere a las comunidades autónomas del régimen común. Ahora, los dos grandes tributos por volumen, el IVA y el IRPF, se ceden al 50%. Esa esa la cifra que Cataluña aspira a aumentar al 100%, pero que descartan por completo las fuentes consultadas.

El compromiso del PSOE que ha quedado reflejado en el escrito apunta a que el partido “apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Catalunya, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación [...] También se abordarán los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Catalunya de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años”.

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“Estamos cómodos con el acuerdo”, sostienen las fuentes, que insisten en que no supone salirse del “marco” que hasta ahora ha defendido el Ministerio de Hacienda. Puigdemont, con su propuesta, ha puesto encima de la mesa uno de los cabos sueltos de la Transición, el que dice que Jordi Pujol rechazó tener un Concierto Económico como el vasco por lo poco popular de recaudar impuestos. Lo contó Pedro Luis Uriarte, el consejero de Economía y Hacienda del primer Gobierno de Euskadi, en un libro publicado en 2015, aunque Pujol lo desmintió años después.

Lo de un Concierto Económico catalán es un debate recurrente, que el independentismo, antes de que este jueves se conociese el acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts, ya había sacado a colación este curso. Este lunes, Junts y ERC exigían un modelo fiscal a imagen del vasco y un cupo propio, como se recoge en el escrito de conclusiones que las dos formaciones han elaborado en el marco de la Comisión de Estudio sobre la Deuda Histórica del Estado con Cataluña. Y este miércoles, el president, Pere Aragonès, en la sesión de control del Parlament, se comprometía a que sea la Generalitat la encargada de la recaudación de los impuestos. El republicano hizo hincapié en que era el momento propicio para exigir la media por la debilidad del PSOE, que a lo largo de los próximos cuatros años necesitará todos y cada uno de los votos de sus socios.

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Más allá de la analogía, ni Junts ni ERC han precisado cómo se podría articular un mecanismo para Cataluña similar al vasco. El Concierto Económico es fruto del acuerdo suscrito entre el País Vasco y el Estado para regular su relación en materia de fiscalidad y se remonta al siglo XIX. Gracias al mismo, las tres haciendas forales tienen potestad para articular su propio sistema tributario. Las Juntas Generales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa (los parlamentos provinciales) regulan los impuestos y tienen autonomía para legislar como consideren en IRPF o impuestos como el de Patrimonio o Sociedades, fijando su tipo y deducciones. El modelo se completa con el cupo, la aportación que transfiere Euskadi al Estado en virtud de los servicios que éste haya prestado en la comunidad.

“Ruptura de la Constitución”

Por su parte, la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha criticado el acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts. “Se vislumbra de manera clara y evidente la ruptura del régimen constitucional actual, en varias materias, entre las cuales se encuentra la materia financiera", censuran en un comunicado remitido este jueves. Para la entidad el pacto supone “sin lugar a dudas la ruptura del artículo 14” de la Carta Magna, el que establece la igualdad entre todos los españoles, creando “comunidades autónomas de primera y de segunda”.

El organismo no descarta que el PSOE acabe cediendo y revisando el modelo fiscal y de financiación como exige Junts, algo que podría suponer un importante prejuicio para los trabajadores de la Agencia Tributaria en Cataluña. El colectivo se vería "grave y directamente afectado, como lo estarán otros colectivos pertenecientes a otros cuerpos de la Administración General del Estado".