El Gobierno pacta con ERC asumir 14.662 millones de deuda de Cataluña y ceder Cercanías

El acuerdo que el Gobierno ha alcanzado con ERC para la investidura de Pedro Sánchez incluye, además de la aprobación de una ley de amnistía y el traspaso íntegro de Cercanías, la asunción de "parte de la deuda" de 14.662 millones de Cataluña, con un mecanismo que será "extensible" al resto de comunidades. El ministro de Presidencia en funciones, Félix Bolaños, lo anunció esta tarde en Barcelona, en una comparecencia conjunta con el primer secretario del PSC, Salvador Illa, mientras se mantienen abiertas negociaciones con Junts, con quien aún no hay un pacto definitivo.

Bolaños explicó que el Gobierno se hará cargo del 20% del endeudamiento que Cataluña tiene en el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que llega a 73.110 millones de euros, a fecha de junio de este año. Esto, según destacó, facilitará que se pueda volver a financiar en los mercados internacionales. No dio muchos más detalles. Fue el líder de ERC, Oriol Junqueras, el encargado de arrojar algo más de claridad. El Ejecutivo "se va a quedar con 15.000 millones de la deuda respecto al FLA y el ahorro de 1.300 millones de intereses", explicó.

Oriol Junqueras aseguró que "hoy quien gana es Cataluña". "En diversos ámbitos. Con una amnistía que es para todos. Una amnistía sin excepciones, para los Tsunami y los CDR, para todos los que protestaron contra sentencias marcadamente injustas. Pero también se gana en el ámbito de negociación política porque seguirá la mesa de negociación. Y Cataluña gana en el ámbito más inmediato con el traspaso íntegro de vías catenarias, señalización, programas informáticos y la garantía de la inversión necesaria”, declaró.

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El texto del documento firmado por el PSOE y ERC señala que con el fin de sanear la situación financiera de la Generalitat "se procederá a tramitar una modificación legal de alcance general para todas las comunidades de régimen común". Esto, prosigue, permitirá la "asunción por parte del Estado de parte de la deuda autonómica con este, originada por el impacto negativo del ciclo económico". Para ello el Gobierno deberá determinar "qué parte del incremento de deuda" obedece a esta causa, pudiendo también "acudirse a transferencias para la cancelación de la deuda en el caso de endeudamiento con terceros distintos del Estado, caso de ser necesario".

El Ejecutivo de coalición se había mostrado favorable a perdonar parte de la deuda autonómica, pero siempre ha apuntado a las autonomías peor financiadas. Lo que sucede es que Cataluña no entraba en esta categoría, porque incluso supera la media de financiación por habitante. Ha sido necesario introducir un nuevo concepto como es el impacto negativo del ciclo económico para sanear las finanzas catalanas, en el marco del acuerdo político con ERC. Pese a que Bolaños no se paró con los números, el documento explicita que el Estado se responsabilizará de "en torno el 20% de la deuda viva en el momento de ejecución del acuerdo" contraída por la Generalitat en los mecanismos de liquidez estatales, y supondrá unos 15.000 millones de euros de la deuda de Cataluña y un ahorro de 1.300 millones de euros en intereses, tal y como avanzó Junqueras.

El propio texto introduce los argumentos políticos de por qué Cataluña debe ser ahora rescatada. "Una parte del crecimiento de la deuda en estos años fue consecuencia del impacto de la crisis en las finanzas públicas autonómicas", sostiene, y "a la insuficiente respuesta europea y del Estado", a diferencia, destaca el acuerdo, de lo que ha sucedido ahora para hacer frente a los efectos de la pandemia y a la posterior crisis energética provocada por la invasión de Ucrania.

Bolaños se refirió también en su intervención al traspaso de las Rodalies -las cercanías catalanas-, uno de los grandes logros de ERC en esta negociación, y concretó que se creará una empresa pública, participada al 50% por el Ejecutivo y por la Generalitat, y que será el Govern quien elija a su presidente. Se trata, por tanto, de una gestión compartida, al menos en una serie de líneas que culminará con la cesión de esta infraestructura.

Legitimidades enfrentadas

Junqueras dibujó durante su comparecencia un escenario de legitimidades enfrentadas. "El Gobierno español alega que su legitimidad deriva de la Constitución, pero también acepta que hay una legitimidad que emana del Parlament de Cataluña. Hay un conflicto de legitimidades. El acuerdo de claridad del Canadá afirmaba que hay una legitimidad del marco legal, pero también hay una legitimidad democrática, que puede expresarse de manera democrática y prolongada en el tiempo", declaró el líder de ERC. Y acto seguido utilizó la situación en Irlanda como referencia. "Eso nos lleva a los acuerdos del Viernes Santo en Irlanda del Norte, cuando los firmantes que expresaban que no había una mayoría democrática para integrar Irlanda del Norte en la República de Irlanda, pero si alguna vez cambiaba esta mayoría habría que buscar vehículos para que pudiese expresarse", apuntó el presidente de los republicanos.

El documento en este punto también resulta muy descriptivo ya que habla de "una situación de conflicto" en el que convivían diferentes legitimidades que operaron en direcciones opuestas: "Una legitimidad parlamentaria y popular con una voluntad manifiesta concretada en este texto y una legitimidad institucional y constitucional, ambas imprescindibles en una democracia avanzada y en un Estado de Derecho".

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Oriol Junqueras puso mucho enfásis en esto aunque dejó en el aire que tenga un aterrizaje concreto: "Esta no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de fuerza democrática. A más fuerza democrática podamos poner en una mesa, más pronto podremos conseguir nuestros objetivos. Nosotros no ponemos un horizonte temporal, sino que defendemos la legitimidad democrática del Parlament de Cataluña que ha de ser acogida en el marco institucional", subrayó.

El resto de la intervención de Junqueras se centró en destacar el traspaso de Cercanías a Cataluña. Lo que se crea es una empresa conjunta entre la Generalitat y la Administración central, que será una escisión de Renfe Viajeros en la que el Govern tendrá la mayoría y la presidencia, pero cuyas decisiones estratégicas tendrán que ser tomadas por una mayoría reforzada. En la práctica es un modelo similar, salvando las distancias, al del Puerto de Barcelona.