Puigdemont retrasa el acuerdo con Sánchez al poner trabas en un párrafo de la ley de amnistía

Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat y líder de Junts per Catalunya (JxCAT), sigue aplazando por el momento la decisión de dar la bendición al acuerdo con los socialistas para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Mientras Félix Bolaños, ministro de Presidencia en funciones, estrechaba la mano de Oriol Junqueras y confirmaba el acuerdo con Esquerra Republicana (ERC), la cúpula de Junts, reunida en Bruselas, ha seguido tensando la cuerda. Las trabas para el acuerdo se concentran en un párrafo de la ley de amnistía, pieza clave del acuerdo. La reunión ha concluido poco después de las cinco de la tarde.

Fuentes de Junts han confirmado a un grupo de periodistas reunidos en el hotel que la ejecutiva ha finalizado sin que se haya cerrado un acuerdo con los socialistas. Las mismas fuentes se han quitado de encima la presión, señalando que el acuerdo podría llegar en los próximos días, pero explicando que quienes han generado las expectativas de que era necesario un acuerdo rápido eran los socialistas.

El círculo se podía empezar a cerrar definitivamente este jueves. En octubre de 2017, Carles Puigdemont, el recién destituido president, aparecía en el club internacional de la prensa en la Rue Froissart de Bruselas, a solamente unos cientos de metros de la sede de la Comisión Europea, tras haber huido de España tras la fallida declaración unilateral de independencia y la activación posterior del artículo 155. Ahora, seis años después, en Rue de la Loi, a pocos metros de aquel primer punto en el que emergió y confirmó que pretendía atrincherarse en Bélgica, ha reunido a la cúpula de su partido para bendecir un acuerdo que le permitiría poner punto y final a su huida de la justicia española.

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El encuentro, que se ha celebrado en el Hotel Thon de la capital comunitaria, a pocos metros de la sede de la Eurocámara, se ha producido cuatro días después de que Santos Cerdán, número tres del PSOE, se reuniera con el propio Carles Puigdemont en sus dependencias del Parlamento Europeo, la imagen con la que los socialistas rehabilitaban políticamente a Puigdemont y que representaba prácticamente la fumata blanca a un acuerdo.

La reunión comenzó sobre el mediodía y, aunque no había oficialmente convocada una rueda de prensa, sí que había una sala habilitada para una comparecencia posterior, con cámara de televisión incluida. Pero los técnicos audiovisuales contratados para la retransmisión del discurso del expresident se marcharon del hotel sobre las cuatro y media de la tarde, poco después de que Carles Puigdemont y Jordi Turull, que habían salido discretamente del edificio, volvieran a entrar en él.

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La reunión de la comisión permanente de Junts debía activar toda una serie de engranajes para completar la bendición del acuerdo. Tras la luz verde de la comisión, el asunto debía pasar a manos de la ejecutiva y después al consejo nacional del partido, para quedar finalmente en manos de los militantes de JxCAT.

La falta de acuerdo apunta a los límites de la futura ley de amnistía. Un sector dentro del partido presiona para que englobe también a los implicados en causas que no tienen relación con el procès. Un intento de amnistiar los supuestos casos de lo que se conoce como lawfare.

Límites de la amnistía

El núcleo duro de Laura Borràs ha estado presionando para que el caso de la presidenta de Junts sea incluido dentro de la lista de amnistiables. Borràs fue condenada en marzo pasado a 4 años y medio de cárcel y a 13 de inhabilitación por trocear contratos y adjudicárselos a dedo a un amigo suyo por un monto total de más de 330.000 euros. La dirigente independentista era entonces directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), un organismo que depende de la consejería de Cultura, pero no tenía cargo alguno en la formación ni era considerada una activista de referencia.

El tema, según fuentes independentistas, fue tratado en el seno de la permanente de Junts. Las voces consultadas aseguran que la exigencia del núcleo duro de Borràs, con los miembros de esa permanente, Jordi Turull, Savid Saldoni, David Torrents, Teresa Pallarès y Aurora Madaula a la cabeza, no es apoyada por la mayoría de miembros de la ejecutiva. No obstante, la correlación de fuerzas es muy favorable a Borràs, que eligió a personas de su entera confianza. De hecho, todos los que se desplazaron a Bruselas para ser informados por Puigdemont de las negociaciones con el PSOE son proclives a ella, salvo Josep Rius, considerado hombre de confianza del fugado, y Anna Erra, que por su papel de presidenta del Parlament adopta un papel más neutral dentro de la formación a pesar de su cercanía a Turull.

El sector más moderado y tradicionalista de Junts, en cambio, rechaza que su caso tenga que ver con el procés y considera que su caso no debe figurar entre los afectados por la ley de amnistía. De este parecer, según algunas fuentes internas del partido posconvergente, también es la mayoría del grupo parlamentario de JxCAT en el Parlament de Cataluña, en cuyo seno hay un intenso malestar con el núcleo duro de la presidenta del partido.

Hay otro procedimiento que también encaja en el calificativo de lawfare para el entorno independentista. Hace solo unos días, la Audiencia Nacional rechazó el recurso del abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, y confirmó que le enjuiciará por un presunto delito de blanqueo de capitales del narcotráfico. Su procesamiento se basa en que presuntamente cobró 10.000 euros a cambio de lavar dinero para la organización criminal liderada por el narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco. La Fiscalía Antidroga pide nueve años y nueve meses de prisión para Boye por estos hechos.

Condiciones de Puigdemont

Puigdemont estableció sus condiciones para investir a Sánchez en un discurso el pasado mes de septiembre desde el mismo hotel. De ellas, la inmensa mayoría se han ido cumpliendo, aunque queda pendiente ver si finalmente el PSOE ha cedido a la petición del expresident de un verificador internacional, una figura similar a la del mediador, que es una reclamación tradicional del independentismo catalán. La ley de amnistía era la exigencia central, uno de los elementos más complicados por la posición que los socialistas habían mantenido antes de las elecciones, aunque el acuerdo sigue sin ser total en este punto.

Junts también había exigido la inclusión del catalán en el régimen lingüístico de la Unión Europea como parte del paquete para la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso de los Diputados, y el Gobierno lleva esforzándose por conseguirlo desde agosto por reconocer como lenguas oficiales de la UE el catalán, pero también el vasco y el gallego. José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores en funciones, incluyó el asunto en el orden del día del Consejo de Asuntos Generales de la UE de septiembre y de vuelta en octubre, pero por ahora sigue sin contar con el respaldo unánime del resto de Estados miembros.