Es noticia
La UDEF acusa al abogado de Puigdemont de cobrar 10.000€ por lavar dinero de la 'coca'
  1. España
diseñó un plan con letras de cambio falsas

La UDEF acusa al abogado de Puigdemont de cobrar 10.000€ por lavar dinero de la 'coca'

Un informe de la Policía concluye que el abogado Gonzalo Boye cobró de la organización de Sito Miñanco por diseñar un plan para recuperar 900.000 euros de la droga intervenidos por Aduanas en Barajas

Foto: Gonzalo Boye en un encuentro con los miembros de la organización de Sito Miñanco.
Gonzalo Boye en un encuentro con los miembros de la organización de Sito Miñanco.
EC EXCLUSIVO Artículo solo para suscriptores

La Policía Nacional ha recopilado una serie de indicios que apuntan a que el abogado Gonzalo Boye cobró 10.000 euros en metálico por lavar dinero para el narcotraficante gallego Sito Miñanco. El Confidencial ha tenido acceso al sumario de la causa en la que se encuentra imputado: en un informe del 10 de enero de 2020, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sitúa al abogado como cerebro de una maniobra para intentar blanquear el origen de 889.000 euros que incautaron a la banda en febrero de 2017 en el aeropuerto de Barajas. "Fue el encargado de intentar recuperar ese dinero mediante la confección de unos contratos en los que se fingía la compraventa de unas letras de cambio", explican. Por este servicio, los investigadores sospechan que el narcotraficante gallego le pagó 10.000 euros en efectivo.

La tesis de la Policía se apoya en las conversaciones que el abogado guardaba en una carpeta denominada 'blanqueo de capitales' y en una serie de manuscritos que fueron hallados el 5 de febrero de 2018, cuando registraron la casa de Luis Enrique García Arango, lugarteniente de Miñanco. Entre las funciones que su jefe le había encomendado, los investigadores subrayan que hacía de nexo "con las organizaciones exportadoras de sustancia estupefaciente en Colombia" y que supervisaba a los hombres de Miñanco en España, labores a las que se sumaba la de llevar "la contabilidad de la organización criminal". Con esa última misión como telón de fondo, los investigadores encontraron un arsenal de anotaciones en su domicilio: "Gonzalo 10", puede leerse en una de ellas. "Abogado Gonzalo 10", añade otra.

placeholder Manuscritos hallados el 5 de febrero de 2018.
Manuscritos hallados el 5 de febrero de 2018.

Ambas anotaciones quedaron en segundo plano hasta el verano de 2019: Boye ejercía como abogado de Sito Miñanco desde 2015 y en principio no resultó extraño que su nombre apareciera en la documentación intervenida. La situación se mantuvo así hasta que uno de los hombres del narcotraficante gallego pidió declarar de forma voluntaria ante la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón. La confesión se produjo el 24 de julio de 2019, tras 17 meses en prisión provisional: “Gonzalo [Boye] nos dice que tiene la manera de justificar esos pagarés para recuperar el dinero y él se inventa los contratos de los préstamos”, sostuvo entonces. En total, una hora y 12 minutos de interrogatorio que cayeron como una losa sobre el también abogado de Carles Puigdemont y Quim Torra.

El arrepentido tenía encomendado el traslado de los 889.000 euros a Colombia y, según su declaración, tras la incautación del dinero, la organización le ordenó que se pusiera en contacto con Boye para buscar la forma de que Hacienda se lo devolviera. La instrucción supuestamente partió de García Arango, "a quien los miembros de la organización asentados en Collado Mediano darían novedades sobre la aprensión de 890.000 euros", explica la UDEF. Poco después de la incautación, se habría producido el primer encuentro del grupo con Boye en el despacho que tenía otro abogado, de nombre Jesús, en la calle Orense de Madrid. Este último, supuestamente ofreció unos pagarés antiguos que podían servir para lavar el origen del dinero y, tras los indicios recabados, la UDEF sugiere que puede tratarse de Jesús Morán Castro.

Foto: El abogado Gonzalo Boye. (EFE)

Ante la confesión del arrepentido, la jueza María Tardón ordenó registrar el domicilio y el despacho de Boye en Madrid el 21 de octubre de 2019, tras lo que el propio abogado tuvo que declarar dos días después como imputado en la Audiencia Nacional. En conversación con este diario, Boye reconoció que en 2017 se había encargado de reclamar el dinero a Hacienda, pero se escudó en que solo había presentado los pagarés y contratos que le habían proporcionado. La UDEF, sin embargo, siguió tirando del hilo y, en noviembre de 2019, presentó un nuevo informe al que ha tenido acceso este diario. "Los contratos presentados por Boye Tuset para recuperar el dinero intervenido conformaban un negocio jurídico ficticio creado al objeto de justificar el origen lícito de los fondos", sostienen en el mismo.

La clave pasaba por demostrar que Boye era consciente de ello, investigación ante la que los manuscritos hallados en el domicilio de García Arango adquirieron un nuevo significado: en ellos, el nombre de Gonzalo y la cifra de 10 aparecía junto a la anotación de "Jesús aero" o "Jesús por doc." y el número 30, lo que encajaba con la versión del arrepentido de que los pagarés habían sido aportados por otro abogado que respondía a ese nombre. "De acuerdo con los otros documentos intervenidos en los que aparecen el mismo tipo de anotaciones, serían pagos en efectivo a estos dos abogados por las gestiones realizadas para intentar recuperar el dinero intervenido", concluye la UDEF. Ante el posible cobro de 10.000 euros, la versión de Boye de que se había limitado a entregar los pagarés quedaba desmontada.

Foto: Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, durante el encuentro con los miembros de la  organización de Sito Miñanco.

Esta sospecha coincide con la versión del arrepentido, que, además de apuntar a un abogado llamado Jesús, sostenía que "se llega a un acuerdo con él de darle 30.000 euros en el momento de entrega y 60.000 al momento de recuperar el dinero". Como junto a "Jesús por doc." aparecía la cifra de 30, la UDEF se limitó a unir los puntos: "Parece fácil pensar que la anotación 'Abogado Gonzalo' no se refiere a otra persona que al ya mencionado Boye Tuset, que, como ya hemos dicho, se encarga de la defensa, entre otros, del principal encausado José Ramón Prado Bugallo [Miñanco] y fue el encargado de intentar recuperar ese dinero". "Lo que igualmente sugiere que el señor Gonzalo Boye Tuset habría recibido la cantidad de 10 por la gestiones realizadas. Dinero que se entiende es en efectivo y se desconoce el origen del mismo".

Los manuscritos, sin embargo, incluían a su vez una segunda parte que obligó a los investigadores a seguir indagando. En concreto, un cálculo con nuevas cifras: "30+10 = 40, se le restan 20 que habrían devuelto a JRPB [las iniciales de Miñanco] y quedan 20, que figura junto a la fecha 9 de marzo", explican. La UDEF asumió que las anotaciones seguían siendo "sobre entregas de dinero relacionadas con este episodio" y puso el foco en otro apartado que decía "abona a Mario [otro alias de Miñanco] por pérdida", lo que les llevó a pensar que se había "ido devolviendo dinero a JRPB, ya sea del dinero intervenido en el aeropuerto o del dinero adelantado a los abogados que se encargaron de intentar recuperarlo". Para cuadrar estos cálculos, el informe vuelve entonces a la declaración del arrepentido y, una vez más, encuentra respuesta.

Foto: Gonzalo Boyé, abogado de Puigdemont, durante el encuentro con los miembros de la organización de Sito Miñanco

En este caso, la clave se centra en que el dinero incautado "no tendría otro propietario" que Miñanco y que, de una manera u otra, este tenía que volver a él. Así lo reconoció el propio arrepentido en la Audiencia Nacional, apuntando que por mucho que el narcotraficante se encargara de pagar las gestiones para recuperarlo, la carga recaía luego sobre él: "En el momento, lo llegó a asumir Prado Burgallo [Miñanco], pero me tocaba a mí reponérselo a él". A la vista de que el dinero se incautó en febrero de 2017, la UDEF asume que la anotación "marzo 09" junto al número 20 responde a que "en fechas inmediatamente posteriores a la intervención se efectuó algún tipo de pago o devolución de dinero a JRPB", tras lo que se centran en los siguientes cálculos que aparecen en el manuscrito y en una nueva cifra, 966, junto a la palabra 'aéreo'.

Tras poner sobre la mesa el dinero incautado, los supuestos pagos a los abogados y los 20.000 que ya habrían sido devueltos a Miñanco en marzo, la cifra de 966 cobra sentido y se cierra el círculo: "Señalar que la cantidad que le es intervenida a la organización de JRPB en Barajas es de 889.620 euros. Si a esta cantidad le sumamos los 40 (10 del abogado Gonzalo y 30 de Jesus por doc.), nos da un resultado de 929.620 euros. Si a esta cantidad les restamos esos 20 que en teoría se le devuelven a 'Mario', nos quedan 909.620 euros. Finalmente, si a esta cantidad le sumamos los 60.000 euros que declara [el arrepentido] que quedarían por pagarle a Jesús por entregar las letras, tenemos un resultado de 969.620 euros, cantidad que casi coincidiría con la anotada en el documento intervenido", argumentan los investigadores.

Foto: El abogado de Carles Puigdemont y Quim Torra, Gonzalo Boye, ha sido acusado de blanquear dinero del narcotraficante Sito Miñanco.

La idea de que Boye cobró 10.000 euros en metálico encaja a su vez con las conversaciones intervenidas por la UDEF. En el registro de su domicilio en Madrid, incautaron un 'pendrive' y, en su interior, los investigadores dieron con la mencionada carpeta de 'blanqueo de capitales', en la que guardaba una conversación entre él y Jesús Morán a través de WhatsApp. "Buenas tardes, Jesús. Me confirma (...) la reunión de mañana. Te propongo que nos veamos a las 12:30 en Sor Ángela de la Cruz. Soy Gonzalo", le escribió Boye el 27 de junio de 2017. "Hola, sí, porque si hacen falta más documentos están allí, está todo arreglado, no tiene que haber ningún problema, ya mañana os explica. Es a las 13 horas", respondió Morán. Como adelantó El Confidencial en octubre de 2019, la maniobra de recuperar el dinero con las letras fracasó, por lo que la banda se reunió de nuevo con Boye para conseguir nuevos documentos a través del segundo abogado.

La cita se celebró un día después de esta conversación y, sin ellos saberlo, los investigadores la vigilaron: "El 28 de junio, se detecta una reunión entre (...) Luis Enrique García Arango, David Pérez Lago, Isabel Prado Pouso, hija de JRPB, y el abogado Gonzalo Boye Tuset en el restaurante VIPS sito en la calle Orense número 79 de Madrid", explica un primer informe policial al que tuvo acceso este diario y cuyas fotografías se incluyen en el artículo. "Sobre las 13 horas se observa cómo salen del citado establecimiento los investigados (...), acompañados de Gonzalo Boye e Isabel Prado Pouso". Los policías apuntan que todos ellos entraron en un segundo edificio de la calle Orense, donde permanecieron en torno a media hora antes de volver a salir. "Pasados unos minutos, se despiden y Gonzalo continúa solo, marchándose del lugar en taxi".

Foto: El abogado de Carles Puigdemont y de Quim Torra, Gonzalo Boye Tusset, a su llegada a la Audiencia Nacional. (EFE)

En el informe, no se concreta qué ocurrió en esos 30 minutos, pero en su declaración ante la Audiencia Nacional, el arrepentido aseguró que ese mismo día también se reunieron con Morán. Esta versión coincide una vez más con las conversaciones intervenidas, al menos en parte: el investigado afirmó que primero se produjo la cita y después fueron al restaurante, pero situó el despacho del mencionado letrado en la calle Orense. En cuanto a Morán, la UDEF lo relaciona a su vez con otro hombre de confianza de MIñanco que estuvo presente en la cita: David Pérez Lago, alias 'el Niño', que "participa en todas las reuniones de importancia en Galicia y en Madrid" y "parece tener un nivel jerárquico alto dentro de la organización", siendo el supuesto responsable "de coordinar el dispositivo de carga en alta mar" de un gran alijo.

Respecto a la conversación que mantuvieron con Boye en la cita, el arrepentido explicó a la jueza que el abogado planteó una alternativa para blanquear el dinero: simular unos contratos con un segundo empresario. Los investigadores ya han acreditado que, efectivamente, un día después del encuentro en el VIPS, el 29 de junio de 2017, Boye acudió a un notario con un administrador de varias sociedades "para efectuar un acta de manifestaciones para resolver el tema de los pagarés que ya habían sido utilizados". Es decir, que tras fracasar los pagarés, se produjo otro intento con nuevos documentos igualmente ficticios. Con estos hallazgos y la revisión de las anotaciones incautadas al lugarteniente de Miñanco, Boye se ve contra las cuerdas ante el posible cobro de 10.000 euros en efectivo por blanquear dinero de la droga.

La Policía Nacional ha recopilado una serie de indicios que apuntan a que el abogado Gonzalo Boye cobró 10.000 euros en metálico por lavar dinero para el narcotraficante gallego Sito Miñanco. El Confidencial ha tenido acceso al sumario de la causa en la que se encuentra imputado: en un informe del 10 de enero de 2020, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sitúa al abogado como cerebro de una maniobra para intentar blanquear el origen de 889.000 euros que incautaron a la banda en febrero de 2017 en el aeropuerto de Barajas. "Fue el encargado de intentar recuperar ese dinero mediante la confección de unos contratos en los que se fingía la compraventa de unas letras de cambio", explican. Por este servicio, los investigadores sospechan que el narcotraficante gallego le pagó 10.000 euros en efectivo.

Audiencia Nacional
El redactor recomienda