Sánchez pacta el apoyo de Junts y ERC por dos presupuestos para justificar la amnistía

"En modo gladiador". Así define un colaborador cercano a Pedro Sánchez cómo está viviendo el presidente en funciones las últimas horas para atar el pacto de investidura con Junts y ERC. La ley de amnistía, que se registrará previsiblemente mañana en el Congreso, ha copado los titulares, pero en paralelo se ha hablado mucho de economía. De ahí el papel fundamental de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha estado en el núcleo duro de la negociación desde el primer momento. El líder del PSOE asume que las cesiones al independentismo supondrán un gran desgaste y por ello desde el primer momento puso como condición cerrar un acuerdo más allá de la investidura. Había que “dar estabilidad” a la legislatura y, según fuentes de la Moncloa, los independentistas catalanes se han comprometido a dar su apoyo a dos presupuestos.

Sánchez gana tiempo y argumentos frente a los que auguran un país ingobernable. El partido de Oriol Junqueras está apretando especialmente con el asunto de la financiación. Los republicanos no están dispuestos a estampar su sí hasta que se materialicen las demandas de su “carpeta de bienestar”, que incluye una mejora sustancial de los fondos e inversiones para Cataluña, así como el traspaso de Rodalies. Sobre la mesa, ha puesto la cifra de 22.000 millones que, a su juicio y el de Junts, es el déficit fiscal que arrastra cada ejercicio Cataluña. El equipo de Montero ha mantenido conversaciones con el de la secretaria general de Presidencia de la Generalitat, Núria Cuenca, para intercambiar propuestas en las últimas horas.

Entre cargos del PSOE, el ambiente es de incomodidad. Asumen que “es una vergüenza” la “abdicación” frente a Carles Puigdemont, pero también hay quienes la defienden como el “mal menor” para evitar una repetición electoral que daría el gobierno al PP y Vox. En el ánimo de estos últimos confía la Moncloa para levantar el partido. La prioridad ahora es “pasar cuanto antes” la penitencia de la investidura y colocar el foco en “el Gobierno de progreso”. Antes habrá que digerir mucho.

Desde el entorno del prófugo, se mantiene que finalmente la Moncloa ha accedido a que haya una verificación internacional de los acuerdos. Sánchez siempre ha renegado de este punto, pero en Junts insisten que “solo es cuestión de cerrar quién y cómo” después de que se hayan barajado varias opciones, como una comisión con sede en el extranjero con un relator y miembros de cada una de las partes. Se han filtrado hasta nombres como el del padre de la Constitución Miquel Roca para doblegar al PSOE, que, según fuentes soberanistas, “sabe que tiene que ceder”.

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Con el partido de Andoni Ortuzar también se han intensificado los contactos. El PNV ha sabido esperar, porque sabía que Puigdemont tenía prioridad, pero los vascos harán valer sus cinco votos y su intermediación para atraer a Junts a la política. Aquí comparten con los de Puigdemont que Sánchez debe hacer “un gesto” para reconocer como naciones al País Vasco y Cataluña. En los diferentes documentos intercambiados con Junts se planteó el término “minoría nacional”, que ha acuñado el abogado del prófugo Gonzalo Boye. Los vascos dan por hecho que habrá alguna fórmula para avanzar en el autogobierno.

“A ver cómo lo explican”, advertía un alto cargo del PSOE que denuncia que Sánchez “ha ido demasiado lejos”. En las filas socialistas, preocupa el encaje que tendrá en la sociedad que se amnistíen delitos de corrupción y terrorismo tras incluir en la medida de gracia a Tsunami Democràtic y los CDR. Para Junqueras, era determinante que se incluyera el caso de los primeros, ya que, en esta causa, que se está llevando en la Audiencia Nacional, está la secretaria general de ERC, Marta Rovira. El blanqueamiento de estas asociaciones por parte del Ejecutivo choca con el último informe de Europol, que calificaba al independentismo catalán y vasco como “movimientos activos y violentos dentro del escenario separatista”. El Ministerio de Interior había solicitado que se les sacase de la lista de “organizaciones terroristas” tras avisar Puigdemont de que “no se puede negociar con quien, en la directiva donde se fijan los objetivos de inteligencia para los cuerpos policiales, nos considera segunda amenaza más importante después del terrorismo yihadista”.

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En cuanto a los delitos de corrupción, los beneficiados serán los altos cargos de la Generalitat que fueron acusados de desviar al menos tres millones de fondos públicos para organizar el referéndum ilegal del 1-O y promocionar el procés en el extranjero a través de Diplocat entre 2011 y 2017. Cabe recordar que el Tribunal de Cuentas mantiene abierto un procedimiento que supuso el embargo de las cuentas de los afectados, entre los que, además de Puigdemont o Junqueras, está el expresident Artur Mas.

Con la inminencia de la fumata blanca, en los corrillos políticos ha empezado a hablarse del “truco del ascensor”. La imagen es la siguiente: Puigdemont y Sánchez en un montacargas camino de la sexta planta con el acuerdo de investidura cerrado. En la quinta, el prófugo dice: “O referéndum o nada”.