Vocales del CGPJ reclaman un pleno contra la amnistía: "Es abolir el Estado de derecho"

La parte mayoritaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se moviliza ya en contra de la ley de amnistía. Ocho vocales del grupo etiquetado como conservador han solicitado al presidente Vicente Guilarte la celebración de un pleno extraordinario para mostrar el rechazo del órgano de gobierno de los jueces a la norma que beneficia a los promotores y partícipes en el procés. El escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial, denuncia que una ley de ese tipo supone "la abolición, del Estado de derecho en España". "Inevitablemente, tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real", señala el texto de la declaración.

A última hora de la noche de este miércoles a esta iniciativa se sumó un duro comunicado emitido por la Asociación Profesional de la Magistratura -mayoritaria en la judicatura- en el que se avisa que con la iniciativa legislativa "se pretende dar un paso más y situarnos en el principio del fin de nuestra democracia". "Romper las reglas de la Constitución de 1978 y volar por los aires el Estado de Derecho", dice la APM.

El escrito de los vocales destaca, por su parte, tres puntos por los que la amnistía es inadmisible para el grupo firmante. Primero, porque supondría avalar "que los responsables políticos queden exentos de responder de sus delitos ante los tribunales" con la intención de que "un aspirante a presidente del Gobierno pueda conseguir el beneficio personal y político de impedir el gobierno de otras fuerzas políticas". Segundo, porque "supone generar una casta jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos" y por último porque "la enormidad de las consecuencias de lo que se ha anunciado por el Presidente del Gobierno en funciones es que convierte la independencia de los tribunales y la seguridad jurídica, la justicia en suma, en una quimera".

Los consejeros solicitantes son Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona, nombrados a propuesta del Partido Popular.

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En el escrito subrayan que el CGPJ "ha venido observando con creciente preocupación las declaraciones de miembros de algunos partidos políticos minoritarios, algunos de ellos con responsabilidades de gobierno, sobre la eventual amnistía de los delitos cometidos con ocasión de los episodios acaecidos el 1 de octubre de 2017, así como los también cometidos con anterioridad para su preparación, incluidos delitos de corrupción, y los que también se cometieron con posterioridad para oponerse a la acción legítima del Estado para llevar a sus autores ante la justicia y restablecer el orden público y constitucional alterado".

Aseguran que han decidido pronunciarse ahora y reclamar la reunión de urgencia a la vista de la última de las declaraciones del presidente del Gobierno Pedro Sánchez en la que confirma que efectivamente ha pactado una ley de amnistía con partidos políticos que "incluye, entre otros, el dirigido por un prófugo de la justicia que se beneficiará personalmente de la medida" y la segunda, que la medida se adoptará en "interés de España" para impedir un eventual gobierno de partidos de derecha en caso de que hubiese repetición electoral".

"La declaración del presidente del Gobierno en funciones justifica que el Consejo General del Poder Judicial emita su opinión mediante una declaración institucional, tanto más cuanto que también se ha hecho público que, pese a que el Gobierno de España se presenta como su promotor, la futura ley de amnistía se tramitará como proposición de ley, con lo que se eludirá, una vez más, la función consultiva de este Consejo en aspectos sobre los que la Ley Orgánica del Poder Judicial exige su intervención", destaca el escrito de cuatro páginas.

Los ocho vocales destacan que, al margen de las consideraciones sobre la inconstitucionalidad de la ley, "lo que en ningún caso cabe aceptar es una amnistía, y ni tan siquiera un indulto particular de los admitidos genéricamente por la Constitución, con el fundamento real expresado por el presidente del Gobierno en funciones", es decir, la intención de impedir una repetición electoral y quedar investido.

Confundir el interés de España con el interés de Sánchez

Para el sector conservador, confundir el "interés de España" con el interés de Pedro Sánchez para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya "es algo manifiestamente incompatible con la alternancia política, ínsita en el principio básico de pluralismo político que, según el artículo 1 de nuestra Constitución, es un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico".

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"Pero hacerlo exceptuando la aplicación de la ley para impedir la acción en curso de los tribunales o dejar sin efecto la que ya se hubiese producido mediante sentencias firmes, convirtiendo en papel mojado esas sentencias, es algo rotundamente incompatible con el principio de Estado de derecho en el que, nuevamente según el artículo 1 de nuestra Constitución, se quiso constituir España y efectivamente se constituyó… al menos hasta ahora", agregan.

Como adelantó este diario, los vocales miran ya a Europa, a quien quieren implicar frente a la ley que se prepara, y aseguran que la aprobación de un texto así va en contra de "los compromisos asumidos por España en los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea para que en todo momento prevalezcan los principios de Estado de derecho e independencia judicial".