Génova pide a sus barones que no se acojan a la quita de la deuda: "Es una trampa"

La dirección del PP quiere sofocar cualquier atisbo de tensión interna y dirigir todos sus esfuerzos en confrontar con Pedro Sánchez. Trazar un frente común. Sin fisuras. Sin "distracciones". Y la intención del PSOE de hacer extensible la condonación de la deuda catalana al resto de comunidades del régimen común, con el consiguiente alivio para sus respectivas responsabilidades con el Estado, es una oferta que puede resultar tentadora para regiones como la Comunidad Valenciana, la segunda más endeudada por detrás de Cataluña, y que podría ver desaparecer de un plumazo casi 10.000 millones si se adhiere al mecanismo pactado. Pero Alberto Núñez Feijóo toca a rebato frente a lo que considera "una trampa" para "blanquear" el acuerdo con el independentismo y pide a sus barones mantener la cabeza fría y no acogerse a la propuesta.

Feijóo quiere convertir su poder autonómico en un dique de contención frente a las "vergonzantes negociaciones" del PSOE con Junts y ERC. En las últimas horas, el líder popular ha telefoneado a algunos de sus barones para "compartir impresiones", tras comprobar que Sánchez no sólo canjearía la amnistía por su investidura, sino que también perdonaría 15.000 millones de euros de la deuda contraída por Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). El presidente busca coordinar a los suyos y apretar filas para que la respuesta de sus principales dirigentes autonómicos sea única: rechazo rotundo a la medida.

El melón de la financiación autonómica siempre ha sido una cuestión que ha tensionado a los territorios. Es casi el único debate en el que los máximos representantes regionales olvidan sus siglas políticas para defender sus intereses. Génova asegura no obviar las reivindicaciones de sus barones, aunque a menudo entren en contradicción. Pero cree también que, al menos en este momento, no hay más vía que la de oponerse en bloque al pacto económico que ha firmado el Gobierno en funciones con Cataluña.

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La dirección del PP opina que abordar cuestiones como la condonación de la deuda con el Estado de las comunidades autónomas no es un asunto que pueda resolverse a consecuencia de una decisión bilateral entre dos partidos políticos —PSOE y ERC—, y apunta que el único foro en que puede debatirse algo semejante es el Consejo de Política Fiscal.

"El marco para abordar el debate de la financiación debe ser multilateral", aseveró este viernes la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra. A juicio de la dirigente, no hay posibilidad de acuerdo mientras se atienda a un reparto discrecional del "dinero de todos" que se traduzca en una financiación injusta. "Es un ejercicio de corrupción política", zanjó la también portavoz del PP en el Congreso, que sólo unas horas antes había mantenido una reunión con Feijóo en Génova para trazar la respuesta institucional y política que abordará el partido en las próximas semanas para enfrentar las cesiones de Sánchez al nacionalismo catalán.

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En líneas generales, la mayoría de barones del PP han expuesto un rechazo rotundo a la posibilidad de adherirse al mecanismo de condonación. Pero todos los ojos se posaron irremediablemente en varios territorios a los que podría venir muy bien la supresión de su deuda con el Estado: Comunidad Valenciana, Andalucía y, en menor medida, la Región de Murcia. Tanto Fernando López Miras como Juanma Moreno se opusieron en primera instancia a la quita de la deuda catalana, aunque el presidente andaluz sí aprovechó para reclamar lo suyo y recordar al Gobierno que, según sus cálculos, adeuda casi 33.000 millones a la región, en parte para paliar la infrafinanciación de los últimos años.

El silencio de Carlos Mazón tras el anuncio no pasó desapercibido. Fue el último de los presidentes autonómicos del PP en manifestar su opinión al respecto en redes sociales, que despachó con un mensaje ambiguo: "En la Comunidad Valenciana llegaremos hasta donde haga falta para defender la igualdad que merecemos", escribió en X —antes Twitter—. Este viernes, tras las consultas telefónicas de Feijóo con sus líderes autonómicos, el presidente de la Generalitat se mostró más tajante. Aunque reclamó justifica financiera para su territorio, puntualizó que el PP valenciano no va a "amenazar con romper nada" ni a "jugar en mesas oscuras" para conseguirlo.

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Al menos de momento, el PP ha conseguido mantener a sus filas prietas ante el anuncio del Gobierno. Y este, a su vez, no ha desaprovechado la oportunidad de tratar de buscar fisuras en el partido de Feijóo. "Será muy interesante conocer qué le han dicho al señor Feijóo presidentes como el de Andalucía o la Comunidad Valenciana, dos comunidades que, como las demás, se verán favorecidas por esta medida, pudiendo destinar más recursos a la inversión y al sostenimiento de los servicios públicos", lanzó Ferraz en un comunicado. El Gobierno en funciones insiste en que la condonación de deuda a Cataluña no es exclusiva, sino que aplicará el cálculo del 20% sobre la deuda del FLA a todas las regiones con cuentas pendientes y compensará a aquellas que no deben dinero al Estado.

"Es una injusticia. Todos debemos oponernos a la quita de deuda. En el fondo, defendemos los mismos principios"

Este lunes, Feijóo tendrá oportunidad de aunar criterios y trazar prioridades estratégicas con sus presidentes autonómicos durante la Junta Directiva Nacional de este lunes, que se fijó en un principio con la vista puesta en los cambios que quiere ejecutar el líder nacional en la cúpula del partido. Sin embargo, la urgencia política obliga a dilatar esos "ajustes" y el cónclave se utilizará exclusivamente para definir la hoja de ruta a seguir para frenar o, al menos obstaculizar, el pacto de Sánchez con ERC y Junts. Según ha podido saber El Confidencial, el líder popular almorzará con los presidentes autonómicos tras la reunión en Génova. Y las fuentes territoriales consultadas por este medio coinciden con el criterio de la dirección en lo referido a la deuda. "No es una cuestión de cuánto me corresponde a mí o al otro. Es una injusticia, y todos debemos oponernos. En el fondo, defendemos los mismos principios", sintetizan estas voces.

Respuesta "jurídica" y "política"

El PP trabaja también en una respuesta "política", "jurídica" e "institucional" coordinada para responder al pacto entre Sánchez y el independentismo en todos sus ángulos, desde la amnistía hasta la financiación de Cataluña. Este viernes, Feijóo convocó una reunión urgente en Génova con los portavoces de Congreso, Senado y Parlamento Europeo para comenzar a esbozar esa hoja de ruta, sólo un día después de que José María Aznar hiciese un nuevo llamamiento a "asumir los riesgos" de "actuar" contra Sánchez con las fórmulas que sean precisas.

Hace semanas que Génova trabaja en su armazón jurídico contra la amnistía, y Feijóo maneja tanto un recurso ante el Tribunal Constitucional tan pronto como se apruebe la normativa; como elevar la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. "Si hay un eje fundamental en Europa es el de la defensa del Estado de Derecho. No es sólo una cuestión que preocupe en España", sintetizan en la cúpula de Génova, que ven motivos suficientes como para que la causa tenga recorrido a nivel internacional. Por su parte, y según fuentes jurídicas de los populares, las comunidades autónomas que se plantean presentar recursos contra la quita de la deuda a Cataluña deberán presentarlos ante el Tribunal Supremo por "vulneración de derechos", lo que completaría una ofensiva jurídica total del Partido Popular.

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Los populares han presentado también una reforma del reglamento del Senado para otorgar potestad a la Mesa de la Cámara Alta —en la que el PP cuenta con mayoría absoluta— para eliminar la urgencia en la tramitación de las proposiciones de ley procedentes del Congreso, lo que amplía los plazos para aprobar la futura ley de amnistía de 20 días a dos meses y amenaza con un choque sin precedentes entre las dos Cámaras. El objetivo de los populares es llenar de incertidumbres la negociación entre Sánchez y Junts, aunque asumen los riesgos de la jugada. Fuentes del PP dan por hecho que el Ejecutivo recurrirá el cambio del Reglamento ante el Constitucional.