Sánchez va más allá de la amnistía y negociará un referéndum con mediador y un cupo fiscal catalán

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Los independentistas marcarán la agenda política durante toda la legislatura. El documento político pactado por Junts y el PSOE incluye la apertura de una negociación a lo largo de estos años, en la que el partido de Carles Puigdemont plantea la celebración de un referéndum y la cesión del 100% de los tributos que se pagan en Cataluña, al margen de la aprobación de la ley de amnistía, con un alcance prácticamente total. La primera reunión para abordar la consulta y el cupo fiscal catalán se producirá este mismo mes de noviembre y contará con un verificador internacional.

A cambio de esos compromisos, los siete diputados de la formación neoconvergente apoyarán la investidura de Pedro Sánchez, en un debate que se celebraría, previsiblemente, los días 15 y 16, miércoles y jueves de la semana que viene. Junts promete un escenario de "estabilidad", si se cumple lo acordado. La gobernabilidad de España se ha ultimado en Bruselas a lo largo de la última semana, aunque todo estaba prácticamente cerrado desde el jueves pasad. Allí han comparecido tanto el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, como el expresidente, que destacó que el acuerdo "es una forma de devolver a la política lo que es de la política".

El texto recoge que, para alcanzar el reconocimiento nacional de Cataluña, Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político, amparado en el artículo 92 de la Constitución. En él se establece que "las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos". "Será convocado por el Rey, mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados". El independentismo no se sale del carril de la consulta pero la aterriza en la legalidad.

Esa será´una de las discusiones de la legislatura. El documento señala que en esas conversaciones el PSOE "defenderá el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Cataluña". Además hay un compromsio para ampliar la participación de Cataluña en organismos internacionales y europeos.

Sobre la futura de ley de amnistía, el acuerdo la cita como un "requisito imprescindible". A la espera de conocer la redacción de la proposición de ley, apunta que incluirá a los "ciudadanos y responsables" políticos que "antes y después" de la consulta de 2014 y el referéndum de 2017 hayan sido "objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos". Se da por hecho que habrá comisiones de investigación en el Congreso ligadas a la cuestión catalana —ya se ha pactado una por el llamado caso Pegasus— y deja para el resultado de esas comisiones la posibilidad de analizar el posible lawfare, el "uso estratégico de las leyes para perjudicar disidentes o rivales políticos", según sostiene Puigdemont. De ahí se derivarán "las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas", indican.

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Las dos formaciones aseguran ser muy conscientes de las "profundas discrepancias sobre la forma final de la resolución del conflicto" y de que acumulan una "desconfianza mutua" por el alejamiento institucional de los últimos años. Por eso, para intentar alcanzar un consenso, se ha acordado "un mecanismo", de mediación entre los dos partidos, de carácter "internacional", que tendrá "las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos" a los que lleguen. El PSOE negaba que fuera a transigir con este formato.

En la práctica se trata de una mesa de diálogo entre los dos partidos, con un verificador, que es lo mismo que los socialistas han pactado ya con ERC. Dos mesas que coexistirán con la que ya hay entre la Generalitat y el Estado. Todo el documento es un ejercicio de equilibro entre las posiciones del PSOE y las de Junts. Los posconvergentes consideran "legítimo" el referéndum del 1-O y la declaración de independencia de 2017, mientras que los socialistas les niegan "toda legalidad y validez" y reiteran "su rechazo a cualquier acción unilateral".

El plano económico

En el plano económico, Junts negociará con el PSOE la cesión del “100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña”. Esto no es baladí, ya que los dos grandes impuestos en materia de recaudación, IVA e IRPF, se ceden al 50% a las comunidades del régimen común, entre las que se encuentra Cataluña. Esto es, de facto, un estatus fiscal propio, una suerte de cupo catalán, aunque la propuesta de los independentistas se articula por medio de una modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.

El PSOE, en este ámbito, se aleja de su postura habitual, que consiste en dar el mismo tratamiento a todas las comunidades del régimen común. La propuesta socialista concede dar “un diálogo singular” sobre el impacto del actual modelo de financiación para Cataluña. También apuesta por “medidas que permitan la autonomía financiera” y el acceso a los mercados. Esto sí concuerda con la medida cerrada con ERC, que consiste en la condonación del 20% de la deuda de la comunidad con el Estado.