El independentismo logra un mediador para forzar al Gobierno a discutir una consulta

El debate territorial y la búsqueda del referéndum independentista en Cataluña marcarán la nueva legislatura que Pedro Sánchez está a punto de estrenar de la mano de ERC y Junts. A falta de cerrar un acuerdo con Carles Puigdemont, que se ha encallado en las horas finales en el alcance de la amnistía, los socialistas sellaron este jueves un pacto con ERC que incluye el traspaso integral de Rodalies —las Cercanías catalanas— y una condonación de deuda de casi 15.000 millones de euros. Pero la formación de Oriol Junqueras le ha arrancado también al Gobierno en funciones la creación de otra mesa de diálogo, esta entre partidos, que se sumará a la que ya existe entre ejecutivos, con la novedad de que incluirá la figura de un verificador.

El documento firmado apunta a "un mecanismo", que podrá ser una organización o una persona, para "acompañar, verificar y realizar un seguimiento de todo el proceso de negociación". El propósito de esta mediación es que la nueva mesa entre PSOE y ERC, la mesa "dos", tenga un "ritmo constante" y genere resultados durante esta legislatura. Fuentes del Govern explican que su único objetivo ahora es hablar de una consulta pactada sobre la independencia de Cataluña. Y la inclusión de un verificador es la fórmula para que el Gobierno de Sánchez no pueda eludir este debate.

El propio president de la Generalitat, Pere Aragonès, lo verbalizó públicamente: "Conseguida la amnistía, es hora de avanzar a la autodeterminación". Hasta ahora, el Ejecutivo ha podido esquivar esta reclamación con la argucia de no convocar apenas la mesa entre gobiernos. ERC lo pone ahora más difícil al exigir este relator en la mesa de partidos, que es donde fundamentalmente quieren abordar la consulta. Las mismas fuentes dan por hecho que el PSOE también ha pactado otra mesa con Junts, lo que hará omnipresente el tema del referéndum.

Para el independentismo, es un asunto central en los próximos años, ahora que su influencia en la gobernabilidad pesa aún más. Tanto que en Esquerra avisan de que la legislatura será más corta o más extensa en función de si se camina o no hacia una consulta pactada. "El verificador nos va a ayudar a que exista una obligación de avanzar", aseguran. Esperan incluso que "España aproveche este tiempo para plantear su propia propuesta", alternativa al acuerdo de claridad que impulsa Aragonès. "El PSOE está atrapado porque no tiene otra mayoría". "Al menos se debe dilucidar qué hacer, llegar a un mínimo sobre cómo resolver el conflicto político en Cataluña", subrayan, aunque no aclaran cómo funcionarán estas tres mesas de negociación, una entre gobiernos, otra con ERC y, presumiblemente, una tercera con Junts.

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Con todas estas concesiones en el zurrón, el PSOE se aproxima a la investidura de Sánchez que, si este viernes consigue superar las discrepancias con Carles Puigdemont, se celebrará los días 8 y 9. El ministro de Presidencia en funciones, Félix Bolaños, tenía previsto reunirse con Jordi Turull, secretario general de Junts, este jueves en Barcelona, pero la llamada del expresident a una reunión de la dirección en Bruselas lo frustró. Estaba todo tan adelantado que la previsión era que pudiera hacerse la foto con Turull y firmar el acuerdo. Pero la única imagen que se produjo fue con Oriol Junqueras.

Después de varias horas de reunión con su ejecutiva y de esperar infructuosamente una comparecencia, a las cinco de la tarde Puigdemont decidió que aún no tenía nada que anunciar y demoró el pacto con Sánchez un día más. Desde su entorno, se apunta que tratan de incluir en la ley de amnistía a implicados en causas que no tienen relación con el procès como Laura Borràs y su abogado, Gonzalo Boye. Pero distintas voces mantienen que esta escenografía final obedece únicamente a la permanente competición con ERC. "La amnistía se había cerrado y ampliarla a otros supuestos no ha formado parte de la negociación", indican fuentes conocedoras de las conversaciones con Junts.

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Lo cierto es que el PSOE esperaba tenerlo todo atado hoy para que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, haga pública la fecha de la investidura. Durante todo el día, el grupo socialista estuvo movilizado para registrar en la Cámara la ley de amnistía. Todo queda a tiro de Puigdemont —en el caso de que los escollos sean reales y no pura dilación—, pero a Sánchez le falta también el acuerdo con el PNV, que busca tener su propio protagonismo y que ha puesto sobre la mesa profundizar en el autogobierno y la identidad vasca. Con el BNG ya hay avances, con nuevas rebajas en los peajes de las autovías gallegas, y Coalición Canaria, que no descarta apoyar al presidente en funciones, está pendiente de una llamada del Gobierno.

Legislatura, no solo investidura

Sánchez se aseguraría así no solo la investidura, sino la legislatura. La voluntad de ERC, aunque no se diga públicamente, es negociar los presupuestos anuales con "buena voluntad". Pero sin olvidar su demanda de una consulta acordada. Los republicanos se muestran bastante satisfechos de lo que han obtenido —un ocho sobre 10—, a pesar de que la condonación de un 20% de la deuda con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) ha levantado suspicacias en otras autonomías.

El Ejecutivo ya ha anunciado que es "extensible" al resto. En Cataluña dan por hecho el "café para todos", pero no esconden que, en su caso, con 73.000 millones de euros de deuda contraída con el Estado, el perdón de 15.000 y de 1.300 millones en intereses es un gran alivio financiero. Este asunto y el traspaso de Rodalies, para el que se crea una nueva empresa, participada al 50% entre la Generalitat y el Estado, han sido muy complicados de consensuar. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se negó en redondo hasta el jueves pasado, en que Sánchez debió dar nuevas órdenes y todo se aceleró.

Los socialistas mantienen el plan de culminar las conversaciones con Junts y que haya investidura la próxima semana, a pesar de que el expresident, en un tuit anoche a las 11, sostuvo que él no tiene prisa. Después de lo lejos que se ha llegado con la amnistía, nadie ve capaz a Puigdemont de echarse atrás ahora. La tesis, también en el PSOE, es que todo forma parte de la pugna con ERC. En Esquerra, lo que creen es que "cuesta mucho bajarse del monte" y explicar un pacto con el Gobierno ante los sectores más duros de Junts.