Un juzgado catalán reactiva el caso Pegasus y cita a la exdirectora del CNI

El Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona ha reactivado el caso Pegasus tras el archivo dictado hace unos meses por la Audiencia Nacional en respuesta a una querella presentada por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y citado a declarar el próximo mes de diciembre como "querellada investigada" a la exdirectora del CNI Paz Esteban, según especifica un auto al que ha tenido acceso El Confidencial.

El titular del juzgado ha aceptado las diligencias reclamadas por el presidente catalán sobre el espionaje a los teléfonos de personas vinculadas al independentismo. La querella interpuesta por Andreu Van den Eynde, el que fuera abogado del líder de ERC Oriol Junqueras durante el juicio del procés, se dirige contra OSY Technologies, la firma con sede en Luxemburgo que es propietaria de la israelí NSO Group, responsable de la tecnología. El juez ha ordenado remitir una comisión rogatoria a este país para recabar información.

En el auto, el juez aprecia "la posible existencia de infracciones penales, entre otras, de la intercepción ilegal de comunicaciones y espionaje informático" y reclama también al CNI información precisa sobre las escuchas a Aragonès. Tanto Aragonès, que comparecerá como "perjudicado", como la exdirectora del centro están citados el día 13 de diciembre. "Se trata de hechos punibles detectados por Citizen Lab", indica. También se dirige al Tribunal de Cuentas y a la Intervención General del Estado para que concreten si los servicios secretos adquirieron aparatos para interceptar comunicaciones.

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Ante la comisión de secretos del Congreso, Esteban reconoció que se realizaron escuchas a 18 dirigentes independentistas con esta tecnología ante la sospecha de presuntas actividades ilícitas, pero con previa autorización judicial. Entre los espiados por el CNI estarían Aragonès; los diputados Míriam Nogueras, Albert Botran y Carles Riera; el portavoz de Ómnium Cultural, Marcel Mauri; los tres ingenieros de Tsunami Democràtic, Elies Campo, Jordi Baylina y Pau Escrich, y personas del entorno de Carles Puigdemont.

La decisión del juzgado catalán se produce después de que el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama acordara el sobreseimiento provisional de las diligencias centradas, en ese caso, en el espionaje de los dispositivos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas.

Falta de cooperación de Israel

Calama acordó el archivo ante la falta de cooperación de Israel, que ha ignorado su comisión rogatoria durante más de un año, e instaba al Ejecutivo a tomar cartas en el asunto: "Solo resta una eventual vía diplomática que sea capaz de impulsar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los tratados internacionales, y cuyo ejercicio corresponde al Gobierno". Otro juzgado también catalán, el 32 de Barcelona, José Antonio Cruz de Pablo, acordó también el sobreseimiento provisional de la investigación en respuesta a la del expresidente del Parlament y actual conseller de Empresa, Roger Torrent, y al concejal de ERC en Barcelona Ernest Maragall.

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Entre los supuestos clientes estatales de NSO Group se encuentran los gobiernos de Marruecos, México, Hungría y la India, además de Arabia Saudí, Azerbaiyán, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Kazajistán, Ruanda y Togo. Hasta julio de 2021, entre sus potenciales víctimas destacaban las familias reales saudí, marroquí y emiratí, al menos 65 altos ejecutivos, 85 activistas, casi 200 periodistas y más de 600 políticos, funcionarios y disidentes, incluyendo presidentes, primeros ministros, diplomáticos y militares.