La Audiencia archiva el caso Pegasus e insta al Gobierno a mover ficha contra Israel

El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado el sobreseimiento provisional del caso Pegasus, la investigación que se centra en el espionaje de los dispositivos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas.

Calama acuerda el archivo ante la falta de cooperación de Israel, que ha ignorado su comisión rogatoria durante más de un año, e insta al Ejecutivo a tomar cartas en el asunto: "Solo resta una eventual vía diplomática que sea capaz de impulsar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los tratados internacionales, y cuyo ejercicio corresponde al Gobierno".

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El magistrado cursó en 2022 una comisión rogatoria para que un equipo encabezado por él se desplazara a Israel y tomara declaración como testigo al CEO de la empresa propietaria del programa Pegasus, NSO Group. En investigaciones anteriores, esta compañía ya se había mostrado reticente a cooperar, como ocurrió en la que instruía un juez de Barcelona sobre el presunto espionaje con Pegasus al expresidente del Parlament y actual conseller de Empresa, Roger Torrent, y al concejal de ERC en Barcelona Ernest Maragall.

"Este silencio evidencia claramente una absoluta falta de cooperación jurídica por parte del Gobierno de Israel", concluye Calama. "Llegados a este punto, este órgano jurisdiccional poco o nada puede hacer para el cumplimiento de la comisión rogatoria de referencia y, por ende, para que la presente investigación avance".

Como única alternativa, apunta entonces a la mencionada vía diplomática: "Sin duda, la Abogacía del Estado, personada en las presentes actuaciones, como representante procesal de la Administración General del Estado, impulsará el ejercicio de dicha vía a través de los mecanismos con los que a tales fines cuenta el Gobierno de España".

Cinco ataques contra el móvil de Sánchez

En el auto de sobreseimiento, Calama enumera todas las diligencias practicadas durante el último año y destaca que el espionaje al Gobierno ha “puesto en jaque la propia seguridad del Estado”.

La infección del móvil de Sánchez se produjo en cinco ocasiones entre octubre de 2020 y diciembre de 2021, pero el primero de los procesos que se detectó como "dañino" tuvo lugar entre el 19 y el 22 de mayo de 2021, con al menos 2,57 gigabytes de "información exfiltrada". El 31 de mayo, se detectó otra extracción de 130 megabytes.

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En cuanto al móvil de la ministra de Defensa, este presenta indicios de haber sido infectado en cuatro ocasiones, entre mayo y octubre de 2021, y de haber sufrido una extracción de al menos nueve megabytes: "Se ha comprobado que Pegasus ha eliminado registros de la base de datos DataUsage, por lo que la cantidad real de datos exfiltrados puede ser mayor", destaca el magistrado.

El del ministro del Interior fue infectado en dos ocasiones, el 2 y 7 de junio del mismo año, con más de 6,3 gigabytes de información exfiltrada, y el del ministro de Agricultura solo una vez el 25 de junio, si bien la cantidad de información “exfiltrada” (inferior a 1 kb) sugiere un intento fallido.

El Centro Criptológico Nacional (CCN) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ya advirtieron el pasado febrero a la Audiencia Nacional de que en estos momentos “resulta imposible determinar la autoría de las infecciones”, por lo que Calama acuerda dejar que "el proceso permanezca aletargado" hasta que Israel responda a la comisión rogatoria o aparezcan "nuevas fuentes de pruebas".