El 19 y el 31 de mayo: el espionaje a Sánchez con Pegasus se produjo tras su visita a Ceuta

La infección del teléfono móvil de Pedro Sánchez con la herramienta Pegasus se produjo el 19 y el 31 de mayo de 2021. Así consta en los informes del Centro Criptológico Nacional que la Abogacía del Estado ha remitido a la Audiencia Nacional, donde el magistrado José Luis Calama ya ha incoado diligencias previas por un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos. La infección del móvil arrancó 24 horas después de que el presidente visitara Ceuta durante la mayor oleada migratoria provocada por Marruecos, cuando alrededor de 8.000 inmigrantes cruzaron la frontera de manera ilegal y España centraba sus esfuerzos en devolverlos al país vecino.

El Centro Criptológico Nacional apunta a su vez a que el espionaje del dispositivo de la ministra de Defensa, Margarita Robles, se produjo "en junio de 2021", pero el auto de Calama no concreta la fecha. Como informaba este jueves El Confidencial, del móvil de Sánchez se sustrajeron poco más de 2,5 gigas y del de Robles, 130 megas. En ambos casos se produjo "exfiltración de información" de los móviles, pero a día de hoy los dispositivos ya no presentan "indicadores conocidos de infección".

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La herramienta Pegasus es propiedad de la compañía israelí NSO Group. Entre sus supuestos clientes estatales se encuentran los gobiernos de Marruecos, México, Hungría y la India, además de Arabia Saudí, Azerbaiyán, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Kazajistán, Ruanda y Togo. Hasta julio de 2021, entre sus potenciales víctimas destacaban las familias reales saudí, marroquí y emiratí, al menos 65 altos ejecutivos, 85 activistas, casi 200 periodistas y más de 600 políticos, funcionarios y disidentes —incluyendo presidentes, primeros ministros, diplomáticos y militares—. A este listado se suman ahora personalidades del independentismo catalán y miembros del Gobierno de España.

La investigación de la Audiencia Nacional

Tras la apertura de la investigación, el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dado traslado a la Fiscalía para que informe sobre la práctica de las diligencias que considere convenientes a la hora determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos objeto de denuncia, así como de las personas que en ellos hayan participado. Pese a ello, fuentes jurídicas advierten de las dificultades de una investigación de este tipo, con muy pocas opciones de averiguar quiénes fueron los autores a consecuencia de la opacidad del sistema de escucha y de la compañía propietaria.

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Estas dificultades, de hecho, ya han quedado claras a la vista del desarrollo de la única causa abierta hasta el momento sobre los espionajes: un juzgado de Barcelona investiga los primeros pinchazos conocidos con este sistema, al expresidente del Parlament Roger Torrent y al exdiputado Ernest Maragall, y lleva 18 meses esperando una respuesta de NSO Group. A esto se suma que los datos con que cuenta el Ejecutivo también son limitados, por lo que a falta de que avance la investigación, las fechas en que se produjeron la infecciones de los dispositivos se erigen como una de las pocas certezas a las que agarrarse.

El 19 y el 31 de mayo

"La tibieza del Gobierno y la visita de Sánchez a Ceuta abocan a una crisis larga con Marruecos", titulaba El Confidencial el 19 de mayo, cuando se produjo la primera infección del móvil del presidente. "El Gobierno planifica la remontada política para el otoño tras el desgaste de los indultos", publicaba 12 días después, tras conocerse esa misma semana que el Tribunal Supremo se oponía a los indultos que el Gobierno terminaría por conceder a los líderes del 'procés'.

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Junto a lo ocurrido a lo largo de junio, cuando el Centro Criptológico Nacional sitúa la infección del dispositivo de la ministra de Defensa, esas son las fechas que manejan los investigadores a la hora de identificar a los responsables del espionaje. El PSOE ha vetado este mismo martes la constitución de una comisión de investigación en el Congreso sobre Pegasus, pero en lo que se refiere al espionaje contra Sánchez y Robles, el caso queda a partir de ahora en manos de la Audiencia Nacional.