El PSOE fomentará en el Congreso el relato independentista para favorecer la amnistía

El tira y afloja entre el PSOE y Carles Puigdemont sobre el alcance de la ley de amnistía se ha resuelto finalmente con la implicación de las comisiones de investigación que el independentismo quiere impulsar en el Congreso. El expresidente de la Generalitat demoró una semana la negociación para dejar claro que la gobernabilidad estaba en sus manos, para "demostrar quién manda". Durante este tiempo aprovechó para presionar y que el texto incluyera casos más allá del procés, del denominado lawfare que el propio Puigdemont define como el "uso estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes o rivales políticos".

Su pretensión era colar asuntos de corrupción o blanqueo de dinero que han salpicado a la presidenta de Junts, Laura Borràs, o a su propio abogado, Gonzalo Boye. Eso suponía desvirtuar el relato de una amnistía para propiciar el fin del conflicto. Ni el PSOE podía asumirlo ni ERC apoyaba darles cobertura. La ley se ha redactado con la suficiente "ambigüedad" para que pueda incluir otras causas, como la del conseller Miquel Buch, el escolta de Puigdemont o Josep Lluís Alay, jefe de su oficina en Waterloo. Aunque la última palabra sobre quién se beneficiaría de la amnistía la tienen los jueces.

Por ello, para ayudar a los dudosos y a los que no están vinculados con el 1-O, pero, según el expresident, han sido perseguidos injustamente —aquí también entran los Pujol—, el acuerdo incluye que "las conclusiones de las comisiones de investigación", que se constituirán en la Cámara a propuesta de los independentistas, "se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía, en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política".

La traducción, según explican fuentes cercanas a la negociación, es que el PSOE favorecerá comparecencias, peticiones de documentación, informes o textos o resoluciones finales que el independentismo pueda usar después en beneficio de sus tesis. Toda esta documentación, pasada por el tamiz institucional del Congreso, puede facilitar a los implicados reclamar judicialmente ser amnistiados, una vez que soliciten que sea incorporada a sus causas.

TE PUEDE INTERESAR

Puigdemont exige cubrir con la amnistía a sus afines aunque sean ajenos al 1-O

Marcos Lamelas. Barcelona

Ya hay dos comisiones acordadas con Junts y ERC. Una, que se reactiva, sobre la operación Cataluña, que se refiere al uso ilegal de medios públicos para perjudicar a rivales políticos con denuncias que se demostraron falsas. Y otra, nueva, sobre el caso Pegasus.

Junts quiere depurar responsabilidades

El pacto con Junts recoge también que las conclusiones de las comisiones de investigación tendrán consecuencias de índole administrativa, como "acciones de responsabilidad", en referencia a forzar dimisiones, o "modificaciones legislativas". El propio expresidente lo apuntó en su comparecencia este jueves en Bruselas, en la que anunció su nueva etapa de colaboración con los socialistas. Sostiene que se ha producido una "criminalización del movimiento independentista" y pretende que no se continúe usando el lawfare para buscar futuras incriminaciones. Una amnistía, destacó, "no puede excluir a las víctimas de la guerra sucia del Estado". "Algunos episodios se han conocido y otros se conocerán a través de las comisiones parlamentarias para saber la verdad", adelantó.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

El precio de Puigdemont era únicamente la amnistía

Josep Martí Blanch

En estas comisiones, dijo, se aportarán "pruebas y testimonios" para erradicar los "elementos podridos que han participado en la guerra sucia contra el independentismo", lo que refuerza la idea en que en el Congreso se tratará de acompañar el relato del separatismo y de que, si cabe, se asumirán responsabilidades políticas. Hay que recordar que la directora del CNI, Paz Esteban, ya fue obligada a dimitir tras confirmarse que se había espiado a líderes catalanes, entre los que figuraba el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en el conocido como caso Pegasus, que ahora se investigará en una comisión parlamentaria.

Los jueces y fiscales se sienten atacados

Las asociaciones de jueces salieron ayer en tromba a criticar tanto la asunción de que se ha hostigado judicialmente a los independentistas solo por el hecho de serlo como la utilización a su favor de las comisiones de investigación. No es "aceptable", subrayan, y en la práctica es "someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes". El comunicado lo suscribieron la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente y la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, lo que demuestra que todas coinciden en el intento de hacer una relectura de algunos casos, con el objetivo final de conseguir la amnistía.

Las asociaciones de fiscales también emitieron comunicados críticos. La Unión Progresista de Fiscales mostró su "absoluto rechazo" a las referencias al "lawfare" y "judicialización de la política". La Asociación de Fiscales, de corte conservador y mayoritaria en la carrera, también consideró "inadmisible la utilización del término guerra judicial".

TE PUEDE INTERESAR

Todas las asociaciones de jueces critican el pacto PSOE-Junts: "Quiebra la separación de poderes"

Pablo Gabilondo

La dura reacción de jueces y fiscales obligó al PSOE a responder. Fuentes de la dirección precisaron que el pacto con Junts "no prevé la creación de comisiones de investigación con el objetivo de detectar casos de lawfare". Lo que se acuerda es que las conclusiones de estas dos comisiones pactadas con los independentistas, "como sucede en cualquier comisión de investigación, contendrán recomendaciones tanto de medidas concretas como de medidas legislativas". "El Parlamento no fiscalizará a los jueces. Eso no es lo pactado ni se podría haber pactado", concluían.