El dosier sobre Aragonès no contiene datos de escuchas en las fechas de la investidura

A la espera del encuentro entre Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ERC mantiene la presión sobre el Ejecutivo a cuenta del espionaje con Pegasus. Los republicanos irán modulando el discurso y tras haber logrado la cabeza de la exdirectora del CNI Paz Esteban, centrarán todas las demandas en que se desclasifiquen los documentos sobre las escuchas a Aragonès. En el dosier que se les entregó durante la comisión de secretos oficiales a los asistentes, con la identidad de los espiados y la pertinente autorización judicial, no había ningún dato del pinchazo en enero de 2020 al dirigente catalán, según han confirmado a este medio varios de los asistentes. Los independentistas han venido insistiendo en que Citizen Lab acredita que el terminal del líder de Esquerra se infectó con el programa malicioso no solo en octubre de 2019, sino también a principios de año, en plena negociación entre el Gobierno y ERC para la investidura de Sánchez.

“Ninguno de los datos que se nos ofrecieron están relacionados con fechas que coincidan con la investidura”, asegura uno de los asistentes, que recalca que únicamente se acreditaron los hechos referidos a 2019, cuando, según la información que les trasladó la extitular de Inteligencia, el 'hackeo' buscaba verificar si el por entonces vicepresidente de la Generalitat estaba detrás de las algaradas callejeras que Tsunami Democràtic organizó para desestabilizar el Estado. 'El Mundo' publicó ayer que se informó a Moncloa de que se le espiaba por “coordinar” a los CDR. Atendiendo al mencionado dosier, el CNI no entra en los días en que Moncloa y ERC hablaban de las contraprestaciones para que los republicanos hicieran presidente a Sánchez. No se ha desvelado la fecha exacta en la que se contaminó con Pegasus el terminal del presidente, pero se sabe que la orden judicial se firmó en otoño y que es prorrogable hasta tres meses, por lo que el aval del Tribunal Supremo podría abarcar los primeros días de enero.

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La incógnita que queda por despejar es quién entró en el móvil de Aragonès en esas fechas, si se da por bueno que hubo un pinchazo, como vienen denunciando los independentistas. El CNI solo ha asumido los casos que explicó a puerta cerrada a los portavoces de los grupos. De los más de 60 espiados que denunció el soberanismo con el informe del laboratorio de Toronto en la mano, solamente ha admitido una veintena. El resto los ha atribuido a “elementos extranjeros” o incluso llegó a apuntar a otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que disponen de tecnologías similares a Pegasus.

Desde el Ministerio de Defensa, también se ha apuntado al hecho de que sobre los líderes del 'procés' hay investigaciones judiciales en curso y que fruto de ellas se ha podido pedir la intervención de comunicaciones al margen del CNI. Esto podría explicar el espionaje a Aragonès a principios de enero de 2020 que ha quedado en el aire. Otra hipótesis es que haya errores en el estudio de Citizen Lab.

El Gobierno insiste en que Sánchez no sabía ni tenía por qué saber del espionaje a los soberanistas, pero desde el CNI se apunta a que es Moncloa la que establece las prioridades para el centro anualmente y es al presidente al que se le remiten las averiguaciones. “No tenemos otro cliente”, argumentan funcionarios de Inteligencia, que lamentan el “maltrato” a la institución con fines meramente políticos.

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Ante estas lagunas, Aragonès ha exigido al Gobierno que desclasifique todo lo referente a su espionaje y advierte de que el cese ordenado por la ministra de Defensa “no resuelve esta crisis”. La Generalitat ha enviado un requerimiento oficial para que el Consejo de Ministros aborde la desclasificación de las autorizaciones judiciales conseguidas por el CNI para intervenir teléfonos de independentistas. También reclaman todos los contratos realizados por cualquier organismo del Estado con la empresa NSO, fabricante de Pegasus. En Moncloa, el fin de semana ya se sopesaba la desclasificación de documentos como otro gesto de cara a la bilateral Sánchez-Aragonès. Margarita Robles se mostró a favor de este “ejercicio de transparencia”, pero ayer desde el Ejecutivo matizaban que solo lo harán si lo pide un juez. A ERC se suman Podemos y el PNV, que también exigen saber más detalles. El PP, que ha mantenido una oposición de Estado en este asunto, ha planteado también que se ponga luz sobre si Marruecos está detrás de la infección de los teléfonos del Ejecutivo.

La destitución de la directora del CNI ha puesto en solfa el funcionamiento de nuestros servicios de Inteligencia. Sánchez comparecerá finalmente en el Congreso la semana del 25 de mayo con muchas preguntas. ¿Se espió a Aragonès durante la negociación de la investidura?, ¿quién lo hizo?, ¿quién intervino las comunicaciones de los soberanistas que no vigiló el CNI?, ¿quién está detrás de las escuchas a Sánchez, Robles y Marlaska?