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Aragonès y Puigdemont defienden que el espionaje fue ilegal pese al aval judicial
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Caso Pegasus

Aragonès y Puigdemont defienden que el espionaje fue ilegal pese al aval judicial

Los dos dudan de que el marco legal español ampare la utilización de un sistema que supone la cesión de datos sin filtrar a una empresa privada que, además, se halla en el extranjero

Foto: Pere Aragonès. (EFE/Quique García)
Pere Aragonès. (EFE/Quique García)

El mantra que han ido recitando distintos miembros del Gobierno en las últimas semanas en plena crisis por el espionaje de Pegasus, no le vale a los líderes de ERC y Junts. Desde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hasta la ministra de Defensa, Margarita Robles, han repetido estos días que el Ejecutivo actuó siempre "bajo la más estricta legalidad" y han reconocido el uso por parte del CNI del sistema en 18 casos, entre ellos el propio presidente de la Generalitat, Pere Aragonès a quien se intervino un número de teléfono al existir sospechas en 2019 de que contactó desde ese terminal con miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR).

Sin embargo, tanto Aragonès como Carles Puigdemont, consideran un detalle menor que las escuchas fueran autorizadas por un juez o no lo fueran. Ni siquiera que lo estuvieran con el respaldo de un auto motivado, individualizado y detallado. La tesis que defienden ambos y que desarrollarán las distintas denuncias que preparan sobre la intromisión en sus móviles es que el uso del software espía es ilegal en cualquier caso debido a sus características, aseguran a El Confidencial fuentes de su entorno.

Los dos dudan de que el marco legal español ampare la utilización de un sistema que supone la cesión de datos sin filtrar a una empresa privada que, además, se halla en un país extranjero. Defienden que la autorización judicial que esgrime el Ejecutivo no se concede, debido a la naturaleza de Pegasus, a una institución del Estado, sino a la empresa propietaria del software de inteligencia cibernética, NSO Group.

Foto: Pere Aragonès y Pedro Sánchez este viernes. (EFE/García)

Al contratar el servicio se permite extraer, de forma remota y secreta, información ilimitada desde prácticamente cualquier dispositivo móvil, y a su vez, recopilar, clasificar y transmitir de un modo efectivo e integral los datos recogidos del dispositivo móvil para su análisis. El material conseguido queda fuera del alcance del propio estado y se custodia en las instalaciones de NSO, en Israel.

Según la información recopilada por los partidos independentistas, este acceso ilimitado a los datos de la persona espiada se divide en tres niveles. En el primero, el software extrae y transmite el historial de mensajes (SMS), el detalle de contactos, el historial de llamadas entrantes y salientes, los registros de calendario, los correos electrónicos, los registros de mensajería instantánea y el historial de navegación web, entre otros datos.

En una segunda fase, Pegasus pasa a un monitoreo pasivo. Tras extraer toda la información, tiene la capacidad de continuar monitoreando aquella y extraer toda nueva información que se reciba o se transmita en tiempo real. El tercer nivel permite la recopilación activa y selectiva de información: tiene la capacidad, por ejemplo, de hacer un seguimiento de la posición del objetivo vía GPS, interceptar las llamadas telefónicas, recuperar archivos o ejecutar grabaciones de sonido ambiental. "Además, tiene herramientas para alterar, introducir y extraer documentos del dispositivo atacado", defienden las fuentes consultadas.

Opacidad

A través de la investigación previa sobre el software, las formaciones afectadas han hallado lagunas en la información que ofrece NSO sobre su sistema. No se especifica, dicen, en qué servidores es alojada, ni por quién es administrada, ni por cuánto tiempo es conservada y, ni mucho menos, si luego de su utilización es destruida o no. En la denuncia que ya ha presentado en los Juzgados de Madrid el abogado Gonzalo Boyé se hace referencia a informaciones aparecidas en medios israelíes de las que deducen que esos datos se almacenan en los propios servidores de NSO y desde ahí son administrados y remitidos, total o parcialmente, a sus clientes que son, en definitiva, quienes hacen uso de los mismos.

Sin embargo, advierten, no puede descartarse, en estos momentos, que esta empresa pueda hacer uso personal de esos datos o cederlos y venderlos a terceros. Esta cuestión resulta el foco central que sustenta la ilegalidad de este software de inteligencia cibernética pues "aún cuando su utilización se lleve a cabo en el marco de una investigación judicial por la comisión de un presunto delito, resulta incompatible con las disposiciones sobre medidas de investigación tecnológica establecidas por la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

El mantra que han ido recitando distintos miembros del Gobierno en las últimas semanas en plena crisis por el espionaje de Pegasus, no le vale a los líderes de ERC y Junts. Desde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hasta la ministra de Defensa, Margarita Robles, han repetido estos días que el Ejecutivo actuó siempre "bajo la más estricta legalidad" y han reconocido el uso por parte del CNI del sistema en 18 casos, entre ellos el propio presidente de la Generalitat, Pere Aragonès a quien se intervino un número de teléfono al existir sospechas en 2019 de que contactó desde ese terminal con miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR).

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