Cuatro años y medio de cárcel para el 'exconseller' Buch por fichar al escolta de Puigdemont

El fugado Carles Puigdemont disfrutó de escolta oficial clandestina, proporcionada por el Govern que entonces presidía Quim Torra y con el conseller Miquel Buch al frente de Interior. El conseller, prestó al sargento Lluís Escolà para realizar labores de seguridad de Puigdemont, tanto en Waterloo como en sus desplazamientos por medio mundo. Oficialmente, Escolà fue fichado como “asesor” de Buch, pero pasaba más tiempo junto al fugado que en las dependencias de la consejería de Interior. Ahora, el tribunal acaba de condenar a conseller a cuatro años y medio de cárcel y a nueve de inhabilitación por malversación de caudales públicos y prevaricación. La condena del sargento se eleva a cuatro años de prisión y también nueve de inhabilitación por los mismos delitos. Además, han de indemnizar a la Generalitat con 52.712,26 euros, que fue el salario percibido por el sargento en los pocos meses que estuvo como presunto asesor.

Escolà fue el mando de los Mossos que ayudó a Puigdemont a camuflarse en un coche para huir de España a finales de octubre de 2017. Desde entonces, se convirtió en su sombra y en torno a él montó un dispositivo de seguridad que le acompañaba a donde fuere. Además, se ufanaba en las redes sociales del servicio que prestaba clandestinamente a Puigdemont.

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Durante la vista celebrada en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), debido a que Buch es aforado, el propio Puigdemont declaró por videoconferencia que Escolà no era un escolta, sino su amigo y “un patriota” que prestó “un servicio al país”. El fugado reivindicó en el juicio que, como expresident, tiene derecho “a llevar escolta”, aunque obvió su condición de prófugo de la Justicia española. En un libro titulado Me explico. De la investidura al exilio, Puigdemont admite que tenía una “escolta extraoficial” en su mansión de Waterloo, pero ante el juez afirmó que esa calificación era una “licencia periodística”.

Mientras Escolà realizaba las labores de escolta clandestina, el president Quim Torra intentó que el Ministerio del Interior diese luz verde para poner una escolta oficial al fugado, cosa que no consiguió. Durante el juicio, se dio por demostrado que entre el 30 de octubre, la fecha en que Escolà ayudó a Puigdemont a cruzar la frontera, y julio de 2018, fecha en que fue fichado por Buch, Escolà no trabajó ni un solo día, ya que fue encadenando días de permiso, fiestas de asuntos propios y bajas laborales. Sin embargo, aparecía siempre al lado de Puigdemont y presumía de que estaba garantizando su seguridad.

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Desde el 30 de julio de 2018 hasta el 11 de marzo de 2019, fecha en que fue cesado, Escolà estuvo 224 días oficialmente como asesor del conseller, pero lo cierto es que pasó 103 días fuera de España, al lado de Puigdemont, y 20 días más de los que se ignora su paradero. En ese tiempo, según el sumario, escribió 14 informes, algunos de ellos de folio y medio y plagados de vagas generalidades. Ninguno de los informes tenía fecha ni número de entrada en el departamento, ni ficha. Además, Escolà no disponía de despacho, ordenador ni teléfono de la consellería, lo que abunda en las sospechas de que el nombramiento no fue más que una tapadera para proporcionarle un salario fuera del cuerpo de los Mossos d’Esquadra, donde ya se le había abierto expediente por las presuntas irregularidades de su actividad clandestina.

Tras conocer la sentencia, el conseller anunció que la recurrirá y dejó entrever que la celeridad con que se dictó sentencia le provoca recelos sobre su imparcialidad. “Da la sensación de que había mucha prisa por condenar”, afirmó el dirigente posconvergente y exconseller. Ambos fueron juzgados a mediados del mes de julio, en una vista que despertó un gran interés mediático.