El caso del escolta de Puigdemont que puede llevar a la cárcel a un exconsejero de Cataluña

Este miércoles comienza en la Audiencia de Barcelona el juicio contra el exconsejero de Interior de la Generalitat Miquel Buch y el sargento de los Mossos d’Esquadra Lluís Escolà, exjefe de los escoltas de la policía catalana, a quienes se acusa de prevaricación y de malversación. La fiscalía pide 6 años de cárcel, 15 de inhabilitación absoluta y 12 de inhabilitación para cargo público para el exconseller y 4 años y medio de prisión, 13 de inhabilitación absoluta y 10 de inhabilitación para cargo público para el mando de los Mossos. Escolà, según la querella de Fiscalía, efectuó labores de seguridad para el fugado Carles Puigdemont y, para hacerlo, se simuló su contratación como asesor del conseller, aunque su labor era organizar el dispositivo de seguridad del expresident mientras estaba huido de la justicia española.

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El Govern intentó borrar el rastro de la escolta ilegal que le había puesto a Puigdemont. Oficialmente, Escolà hacía breves y superficiales informes (entre un folio y medio y cuatro folios) sobre la seguridad perimetral, sobre el terrorismo yihadista o sobre la figura del sereno. En realidad, su cometido era brindar seguridad a Puigdemont en Waterloo y en sus viajes por medio mundo.

De hecho, el sargento fue el cerebro que ayudó a Carles Puigdemont a huir de España. Según relatan algunas fuentes de los Mossos d’Esquadra a El Confidencial, el 29 de octubre de 2017, justamente tras aprobar la declaración de independencia en el Parlament y después de que el Gobierno central aplicase el artículo 155 de la Constitución, los agentes que montaban guardia en un discreto dispositivo. A unos centenares de metros del domicilio particular de Carles Puigdemont recibieron órdenes de retirarse porque el ya expresident “no se va a mover, no va a salir de su casa en todo el fin de semana”. Pero era todo una triquiñuela para evitar que se detectase la fuga. El jefe del área de escoltas de los Mossos era, precisamente, Lluís Escolà, un independentista furibundo con buenos vínculos dentro del cuerpo. Era, entre otras cosas, primo carnal de Miquel Esquius, que en julio de 2018 llegaría a ser nombrado jefe de los Mossos.

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El relato del fiscal es muy explícito en los hechos que le achaca a los acusados: “Los días 28 y 29 de octubre de 2017, el señor Escolà, aún no teniendo servicio planificado en tales fechas, decidió hacer acto de presencia en el domicilio particular del señor Puigdemont, ubicado en la localidad de Sant Julià de Ramis (Girona), por petición expresa del mismo. En tales fechas, y ante la inminente exigencia de responsabilidades penales al señor Puigdemont (…) éste decidió eludir la acción judicial y abandonar precipitadamente el territorio nacional, acción para la cual solicitó y obtuvo el auxilio del propio señor Escolà, así como de otros funcionarios públicos de los Mossos, en concreto otro agente del área de escoltas, así como un cabo del mismo Cuerpo que, en la noche del 29 de octubre, acompañaron y escoltaron al huido hasta Francia, donde tomó un avión que le condujo a Bélgica”.

Acompañado de escoltas de confianza, pues, bajo la supervisión directa de Lluís Escolà, Puigdemont se largó ese 29 de octubre a Perpignan, desde donde luego pasaría a Bélgica para burlar a la justicia española. Escolà le acompañó en ese periplo. El fiel sargento, un simple bachiller, se acababa de convertir en una especie de edecán de Carles Puigdemont, en el hombre que todo lo vigilaba en el entorno del fugado.

Presumiendo por redes

Escolà se creía por encima del bien y del mal: en sus desplazamientos solía aparecer siempre junto a Puigdemont y presumió de ello en las redes sociales. “41 semanas haciéndonos cargo del Molt Honorable President. Mientras no sea legal, se hará legítimamente. No sufráis, somos muchos más de los que parece los que le cuidamos”, alardeaba el 6 de agosto de 2018 en Twitter. El 8 de septiembre, volvía a alardear. “45 semanas. Hemos estado con él en Francia, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Escocia y Suecia”. Luego, reseñaba: “46 semanas. Añadimos Suiza”. Y el 11 de octubre, presumía: “50 semanas. Añadimos Islas Feroe”. También daba instrucciones a los que visitaban al huido en Waterloo. “Sed respetuosos con los vecinos. Es un barrio muy tranquilo. Podéis dejar vuestros escritos en el buzón. Muchas gracias”. Son múltiples los rastros que dejó Escolà de su verdadero trabajo. “Buenas fiestas, President, de parte de todos sus escoltas. Donec Perficiam”, decía, firmando con las dos palabras que se han convertido en el lema de los partidarios de la independencia unilateral.

Como escolta de Puigdemont le cazaron en Bruselas los días 6 y 21 de diciembre de 2017, el día 22 de enero en Copenhague (Dinamarca) el 22 de enero de 2018, el 25 de enero de 2018 de nuevo en Bruselas y el 6 de febrero, en Lovaina. Pero durante el año siguiente fue detectado el 28 de julio en Bruselas, el 24 de agosto en Inneleithen (Escocia), el 9 de septiembre en Delemont (Suiza), el 2 de octubre en Amsterdam (Países Bajos), el 11 de octubre en Torshavvn (Islas Feroe), el 24 y 25 de octubre en Ginebra (Suiza), el 4 de novkemnbre en Waterloo, el 13 de diciembre en Londre,s el 20 de diciembre en Gionerba, los días 29 y 30 de enero de 2019 en Dublín (Irlanda) y el 27 de febrero en Zurich (Suiza). Siempre, evidentemente, acompañando a Carles Puigdemont.

La labor de escolta oculto fue camuflada desde la consejería de Interior de modo un tanto chapucero. El día 30 de octubre de 2017, según consta en la hoja de servicios de Escolà, el sargento tuvo fiesta. Del 31 de octubre al 21 de noviembre, estuvo de vacaciones. Del 22 de noviembre al 5 de diciembre, tuvo “permiso por guardias no presenciales”. El 7 de diciembre, lo mismo. Los días 11 y 12 de diciembre volvió a tener permiso por el mismo motivo. Des 13 al 20 de diciembre, se cogió días de asuntos personales y del 21 de diciembre de 2017 al 25 de enero de 2018 se le dio fiesta “por regulación horaria”. En todas esas fechas, el mando policial regulaba secretamente el servicio de seguridad de Carles Puigdemont en su fuga. Además, desde el 26 de enero de 2018 hasta el 20 de julio de ese año, tras un expediente disciplinario abierto, le fue impuesto un cambio de destino a la comisaría de Martorell, “donde no llegó a incorporarse por disfrutar de fiestas y vacaciones, hasta el día 12 de marzo, fecha en que tomó baja médica por ‘contingencias comunes’ hasta el 20 de julio”.

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La querella de Fiscalía relata: “En definitiva, durante el periodo comprendido entre el 30 de octubre de 2017 y el 10 de julio de 2018, el querellado señor Escolà no realizó ni un solo día de servicio activo en su actividad propia de funcionario de la Policía Autonómica, habiéndose en cambio detectado por la fuerza policial investigadora, del estudio de noticias aparecidas en medios de comunicación, así como del contenido público de redes sociales, numerosas salidas al extranjero del mismo, al objeto de prestar labores de custodia y seguridad para el ya entonces procesado rebelde señor Puigdemont”.

Los informes chapuzas

El 20 de julio de 2018, el director general de la Policía resuelve el expediente sancionándolo con el traslado forzoso, pero sin cambio de destino y dejando intacto el sueldo. Ese mismo día, se abre otro expediente para crear una plaza en la consejería de Interior que sería una asesoría destinada a dar cobijo a Lluís Escolà, el fiel escudero de Puigdemont. “La propia trayectoria profesional del querellado señor Escolà revela con claridad su absoluta falta de inidoneidad para desempeñar un cargo de directo asesoramiento del máximo responsable del Departamento de Interior -calificado y presupuestariamente dotado como de funcionario de categoría A y nivel 28-“, dice el fiscal. En efecto, los cargos de categoría A están reservados a asesores con licenciatura universitaria y Escolà sólo tenía el bachillerato y dos cursos básicos, uno de “escoltas” y otro de “apoyo vital básico y desfibrilador externo automático”. Pero aún así, el 27 de julio el Diario Oficial de la Generalitat recogía el nombramiento del sargento como asesor de sistemas de seguridad, con un salario de funcionario de nivel 28 más un complemento salarial de 35.945,88 euros anuales, lo que redondeaba su salario por encima de los 70.000 euros.

Según el fiscal, el nombramiento no era para tener un asesor en materia de seguridad. La voluntad del conseller Buch, según el fiscal “respondía únicamente al propósito de procurar, desde el Govern de la Generalitat y con cargo a los fondos públicos, de un servicio de escolta permanente al declarado procesado rebelde Carles Puigdemont”.

Oficialmente, Escolà debía elaborar informes sobre seguridad. Ninguno de los informes aducidos tiene registro de entrada ni, mucho menos, firma del autor. Los enviados por correo electrónico “versan sobre una miscelánea de temas absolutamente variada y dispar, que van desde el análisis del ‘estado del terrorismo en Europa con especial atención al yihadismo’, pasando por el ‘uso de las nuevas tecnologías en la seguridad perimetral’ o “la radicalización, actuaciones para prevenirla’, hasta llegar el dedicado al “servicio de vigilancia nocturna, la figura del sereno’”.

Se trataba no de sesudos estudios sobre esos temas, sino que son estudios “de muy corta extensión, normalmente entre dos y cuatro páginas, plagados todos ellos de generalidades y de los que, en la mayoría de los casos, no cabe extraer conclusión alguna que contribuya a mejorar la actividad propia del Departamento de Interior. Uno de los estudios lleva por título el rimbombante nombre de El proyecto Margin. Análisis de las percepciones de inseguridad en cinco países europeos. Tiene la friolera de un folio y medio de extensión, pero, en realidad era “la copia indisimulada de un trabajo que ya se había realizado previamente en el Departamento y que, con un título similar, había sido en su día publicado en el blog de actualidad del mismo denominado Notes de Seguretat”. Oficialmente, Escolà estuvo entre julio de 2018 y marzo de 2019 en esos menesteres. No tuvo ninguna fiesta, vacaciones, permisos o indisposiciones. Pero cobró en ese periodo un total de 52.712,26 euros que la Fiscalía le reclama por percepción indebida.