La Fiscalía pide seis años para el 'exconseller' Buch por facilitar la escolta a Puigdemont

La Fiscalía ha pedido condenar al 'exconseller' de Interior Miquel Buch a seis años de prisión y 27 de inhabilitación por supuestamente facilitar una escolta irregular al expresidente del Govern Carles Puigdemont en Bélgica "a costa del erario público". El escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial, apunta a los delitos de malversación y prevaricación, y pide otros cuatro años y medio de cárcel y 23 de inhabilitación para el sargento de los Mossos Lluís Escolá como cooperador necesario.

"Aun y cuando durante el periodo comprendido entre el 30 de octubre y el 20 de julio de 2018 el acusado Sr. Escolá no ejecutó un solo día de servicio activo en su actividad propia de funcionario de la policía autonómica, sí vino en cambio a realizar numerosas salidas al extranjero, al objeto de prestar labores de custodia y seguridad para el —ya entonces— procesado rebelde Sr. Puigdemont, a requerimiento del mismo y en aras a la relación de mutua confianza que mantenían", explica la Fiscalía.

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La mencionada relación se remonta a la etapa de Puigdemont como 'president', cuando Escolá ejercía como "jefe operativo" de la Unidad de Presidencia del Área de Escoltas y se encargaba de "la coordinación y la planificación de seguridad de la actividad pública o privada" del líder independentista. El 27 de octubre, tras la aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno, el sargento mantuvo su lealtad a Puigdemont, llegando a reunirse con él poco antes de que huyera de España.

"Sin comunicar tal circunstancia a sus superiores jerárquicos, y tras recabar el auxilio de otros funcionarios públicos del CME, en concreto otro agente del área de escoltas así como un caporal del mismo cuerpo, en la noche del 29 de octubre, organizaron un dispositivo clandestino que les permitió acompañar y escoltar al huido hasta Francia, donde tomó un avión que le condujo a Bélgica", relata el escrito de acusación.

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La ayuda brindada a Puigdemont provocó la apertura de un expediente disciplinario contra Escolá y se le destinó a la comisaría de Martorell como medida cautelar, pero el sargento nunca llegó a incorporarse a su nuevo puesto. Acogiéndose primero a vacaciones y después a una baja médica por "contingencias comunes", comenzó a enlazar un viaje tras otro al extranjero.

A partir de ahí, la Fiscalía centra su escrito en el papel que jugó Buch, que se convirtió en 'conseller' de Interior el 29 de mayo de 2019. Con Quim Torra como nuevo líder del Govern, Puigdemont pidió en junio las prerrogativas que le correspondían como 'expresident', entre ellas "los servicios de seguridad necesarios para el desarrollo de sus funciones". Para entonces, el líder independentista ya había sido detenido en Alemania, pero ese mismo mes, Buch se desplazó a Berlín para reunirse con él.

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Mientras en Cataluña se tramitaba la petición de facilitar un servicio de seguridad a Puigdemont, la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein emitió la resolución con la que solo abría la puerta a entregar al líder independentista a España por malversación, momento en el que Escolá volvió a entrar en escena: "Al día siguiente, 13 de julio, y aun y cuando se encontraba formalmente de baja médica, el acusado Sr. Ecolá se desplazó a la ciudad de Hamburgo, donde se reunió con aquel".

Tras el encuentro, Buch aceleró la petición de escoltas formulada por Puigdemont, todo ello "sin esperar respuesta alguna por parte de la secretaría de Estado de Seguridad, y en absoluta convicción de que la petición formulada al Ministerio del Interior sería desestimada de plano". "Decidió dar cumplimiento a lo precedentemente acordado con el procesado rebelde Sr. Puigdemont y facilitarle un servicio de protección por personas de su estricta confianza a costa del erario público", explica la Fiscalía.

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Para que este servicio de protección quedara en manos del sargento, Escolá presentó su alta médica, la Policía cerró el expediente disciplinario abierto contra él e Interior creó un nuevo puesto de trabajo de "asesor en materia de sistemas de seguridad". "Dicha designa respondía únicamente al propósito de procurar, desde el Govern de la Generalitat y con cargo a los fondos públicos, un servicio de escolta permanente al declarado procesado rebelde", argumenta el Ministerio Público.

El gasto de este nombramiento ascendió a 52.712 euros, "suma en la que ha resultado perjudicado el erario público autonómico a resultas de la torticera conducta desplegada por los aquí acusados". La Fiscalía, de hecho, destaca que, "de un total de 224 días en los que el acusado Sr. Escolá ostentó formalmente el cargo de asesor en materia de sistemas de seguridad, en 103 de ellos permaneció fuera de Cataluña (en países extranjeros)", lo que le permitió ejercer de escolta de Puigdemont.

Pese a ello, Buch no ha tardado en criticar el escrito de la Fiscalía a través de las redes sociales: "Me piden seis años de prisión y 12 de inhabilitación por nombrar en Interior a un asesor experto en seguridad. Una pieza más de la causa general contra el independentismo. Ellos no paran, pero nosotros tampoco", ha sostenido en un mensaje en su cuenta de Twitter.